“Queremos conocer la verdad, quién mató a nuestros hijos y cuándo serán procesados”. Eso es lo que buscan las madres cuyos hijos fueron asesinados durante las protestas sociales contra el régimen orteguista. Las mujeres afiliadas a la Asociación Madres de Abril (AMA) no se rinden y continúan demandando justicia para que esas muertes no queden impunes.
Las formas han sido varias: han acudido a la vía legal, a la denuncia pública, a las misas de aniversario de muerte, las visitas a los cementerios y la reciente inauguración del “Museo de la Memoria contra la impunidad” en la Universidad Centroamericana (UCA) para que las muertes de sus hijos no queden en el olvido.
En la vía legal, la mayoría ha interpuesto denuncias ante el Ministerio Público, institución encargada de velar por los derechos de las víctimas, según su Ley Orgánica, pero la respuesta ha sido la indiferencia y el silencio.
Ministerio Público obstaculiza
Los familiares de las víctimas denuncian que el Ministerio Público los ha mandado a investigar los asesinatos de sus hijos y cuando logran algo de información, esta institución entrega los datos a la Policía y, lejos de indagar, lo que hacen es buscar a los testigos y amenazarlos. “Obstaculizan el esclarecimiento de la verdad, porque ante la amenaza, los testigos optan por callar, cambiar de domicilio y exiliarse”, dice una de las madres.
Un ejemplo es el de Cela Urbina Membreño, mamá de Jeison Chavarría Urbina, asesinado el 21 de abril de 2018 en Ticuantepe. La madre cuenta que el 3 de mayo de 2018, cuando fue a interponer denuncia formal ante la Fiscalía por el asesinato de su hijo, le atendió el fiscal Enrique Sándigo Jirón, quien le dijo que llevara todas las pruebas del asesinato de su hijo, fotos, videos y nombres de los testigos del hecho.
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“Más tardé en darle los nombres de los testigos, cuando la policía y el secretario político del municipio fueron a amenazarlos, que si andaban hablando los iban a meter presos. Por miedo cambiaron de domicilio”, dice Urbina.
El último escrito que presentó Urbina ante la sede central de Ministerio Público en Managua fue el 19 de marzo de 2019 a las 10:22 de la mañana. Ese día demanda información de los avances de la investigación de su caso, e incluso plantea que, si es necesario, exhumen el cadáver de su hijo.
Lo mismo ocurrió con el caso de Álvarito Conrado, asesinado el 20 de abril en Managua. Su padre, Álvaro Conrado asegura que la Fiscalía les dijo que llevaran todas las pruebas que tenían, incluyendo la lista de testigos y eso solo sirvió para que los asediaran. “Les llevamos los nombres de los testigos, pero era doble jugada. Ese mismo día los estaban asediando y tuvieron que exiliarse”, comenta Liseth Dávila, mamá del adolescente.
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Las más de 100 madres afiliadas a AMA siguen esperando respuesta de esta institución, que les digan cómo van las investigaciones de los asesinatos de sus hijos.
Esta falta de información sobre los hechos violentos de abril a mayo de 2018, de parte de las instituciones estatales fue confirmada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su visita en Nicaragua y lo reflejan en su informe. “…durante todo su mandato, el GIEI solicitó reiteradamente el acceso a los expedientes de las investigaciones realizadas por las instituciones nacionales, a los informes de Medicina Legal y al listado de personas detenidas en relación con los hechos de violencia del período entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018…ninguna de ellas tuvo respuesta”, se lee.
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El pedido de la información se formuló mediante nueve cartas dirigidas al Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual manera, se remitió oficio directamente a la Fiscal General Ana Julia Guido Ochoa, el 3 de septiembre de 2018 y se negó a brindar información.
Fiscalía se burla de las madres
Para el abogado Francisco Ortega, asesor legal de la Asociación Madres de Abril (AMA) la Fiscalía se ha burlado de las madres al citarlas para sacarles información de los asesinatos de sus hijos, porque luego no hace nada.
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“La respuesta para todas las madres fue idéntica. Recibían la solicitud, sellaban la copia, previa consulta por celular, y nunca hubo contestación alguna, ni apertura de investigación, al menos nunca nos fue informado. Silencio absoluto, a pesar que hay grabaciones del día 4 de mayo del 2018 donde la Fiscal General de la República Ana Julia Guido, se comprometió con algunos familiares a encabezar personalmente dichas investigaciones, puro cuentos”, afirma Ortega.
El Sistema de Justicia Penal (Policía, Fiscalía, Poder Judicial) ha incumplido sus deberes de investigación y judicialización en la absoluta mayoría de crímenes, en particular de las ejecuciones extrajudiciales, afirma el penalista. “Hasta ahora no hay ni una sola investigación de crímenes cometidos por agentes de la policía y los agentes paraestatales. A pesar que las familias señalaron a policías”, dice.
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Al 5 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta 328 personas asesinadas. De estas, según una investigación realizada por LA PRENSA, solo se han judicializado 15 casos, que incluye a 26 víctimas, incluyendo los ocho que ya había reportado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI) en su informe en diciembre de 2018. Esto significa que aún quedan 302 asesinatos en la impunidad.
Las pocas que han llegado a la justicia adolecen de graves deficiencias y las familias no confían en esos procesos.
Las madres de abril denuncian que no ha sido solamente el Ministerio Público, también han tenido que enfrentar a la Policía y los hospitales públicos. Eso, ellas lo interpretan como una colusión de los entes públicos para tapar la verdad y asegurar la impunidad.
Falta de independencia
En su informe, el GIEI hace un análisis de la falta de independencia de las instituciones estatales y como el partido en gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional y cómo plagó con sus fichas a cada una de estas de tal forma que ahora ejerce un control absoluto en el país.
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“La Fiscal General de la República es Ana Julia Guido Ochoa, mujer de reconocida trayectoria sandinista, que previamente ejerció funciones como Fiscal General Adjunta (2007-2014) y hasta el año 2006 fue Subdirectora General de la Policía Nacional, entre otros cargos jerárquicos de la Institución. A través de esta designación se fortaleció la política de control por parte del FSLN sobre el Ministerio Público”, se lee en el informe.
Para el GIEI, las conductas de uso abusivo de la fuerza no fueron acciones aisladas de uno o más agentes de policía, sino que fueron parte de una política ordenada y avalada por las mismas autoridades de la Policía Nacional y del Estado. “En suma, los hechos se perpetraron con total garantía de impunidad, tanto por parte del sistema judicial como por parte de las propias autoridades de la Policía Nacional”, se lee en el informe.