El régimen Ortega-Murillo ha designado una nueva titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en medio de la peor crisis de derechos humanos que ha enfrentado el país en su historia. Pero ¿qué podemos concluir de la designación a modo de una Ombudsperson?
Lo primero que se puede afirmar es que no se ajusta a lo establecido en los Principios de París, ya que el apartado B exige independencia y pluralismo. Es decir, que la titular de la PDDH debe garantizar una representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en promover y proteger derechos humanos, la persona designada es alguien que viene del gobierno a representar los intereses del gobierno sin independencia alguna y, sobre todo, sin legitimidad y credenciales académicas o sociales en la promoción y protección de los derechos humanos.
Con su designación, el régimen desaprovecha la oportunidad de impactar en la solución de la crisis sociopolítica que enfrenta el país. Si se hubiese designado a alguien independiente y con legitimidad, el régimen pudo haber creado un interlocutor (a) que mediara las tensiones emergentes, pudiendo incluso restablecer un canal de diálogo entre la oposición y el régimen.
En esta misma lógica, la designación de una persona independiente hubiera permitido revertir la situación de indefensión en que se encuentra la sociedad respecto a la protección de derechos humanos, considerando el cierre de organizaciones como el Cenidh y el exilio forzado de un sinnúmero de personas defensoras de derechos humanos. Incluso, la interlocución de esta con instancias internacionales de derechos humanos hubiera permitido bajar la presión interna que demanda la presencia en el país de la CIDH y la Oacnudh.
Adicionalmente, una persona independiente pudo haber contribuido a salir del empantanamiento en que se encuentra la crisis sociopolítica. En vista que no se pueden implementar mecanismos de justicia transicional mientras el régimen Ortega-Murillo continúe en el poder, se pudo haber centrado esfuerzos en la adopción de medidas orientadas a impedir que las graves violaciones a derechos humanos que se presentaron en Nicaragua, se sigan perpetrando, ese el principal interés de la comunidad internacional.
Mi conclusión no es que el régimen no tenga interés en resolver la crisis sociopolítica, sino que reserva esta carta para cuando esté más que presionado, obligado a usarla. El problema con la estrategia de Daniel Ortega es que negociar al borde del abismo puede implicar cambios en la correlación de fuerzas y volver innecesaria la negociación. Por tanto, si el régimen Ortega-Murillo usara hoy sus cartas de negociación, acortaría el costo humano de la crisis y les daría mayor control sobre la solución de la misma.
El autor es maestro en Derechos Humanos.