La Policía Orteguista (PO) mantendrá bajo un proceso de investigación de 48 horas a las 13 personas que fueron secuestradas casi a la medianoche de este jueves, posterior a la entrega de galones de agua a las madres que se encuentran en huelga de hambre en la iglesia San Miguel, en Masaya, donde se registra un fuerte despliegue policial.
Karla Sequeira, asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como el nuevo Chipote, se encontraban de 15 a 16 personas detenidas. La imprecisión de las cifras se debe porque no lograron corroborar en detalle a los secuestrados, y el oficial que los atendió, se limitó a decir que eran 16, sin más información.
Sequeira explica que la detención es ilegal porque todas las personas que fueron llevadas al Chipote no estaban cometiendo un delito. Pese a que insistieron en que les explicaran la situación de los secuestrados, la Policía no les dijo el delito por el que son investigados. Nohemi Guerrero, de la Unidad de Defensa Jurídica, explicó que a los investigados se les ha violentado sus derechos constitucionales y el debido proceso; a ellos se les debe permitir el acceso a sus abogados, una llamada y que les brinden información sobre sus casos a los familiares.
Guerrero sostuvo que el oficial de la Policía dijo que en el complejo Plaza El Sol, por medio del área de prensa, podrían solicitar información sobre las detenciones arbitrarias, cuando eso no corresponde, explica la abogada, quien asegura que también se está violentando el derecho de la debida defensa.
Carlos Medina, familiar de José Medina, relató que los oficiales tenían una actitud hostil y burlesca; les comentaron que los detenidos estaban mejor en el Chipote que en sus casas.
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La Policía solo les permitió a los familiares de los detenidos que les entregaran alimentos. Muchos de ellos están preocupados porque no les permitieron verlos. Marvin Álvarez, hermano de Ivania Álvarez, dijo que el gobierno ha llegado hasta criminalizar la ayuda humanitaria, ya que los detenidos solo llegaron a dejar agua. Dichas acciones contradicen el discurso de “amor” que profanan, cuestionó.
Calificó la detención policial como “una arbitrariendad más de la dictadura”, a la vez que responsabilizó al régimen orteguista y la PO de lo que pueda pasarle a su hermana y demás detenidos, para quienes exigió su liberación. Asimismo, dijo que un oficial mencionó que los detenidos están siendo investigados por un delito de interés nacional, sin dar mayores detalles.
Álvarez también aseguró que no se sabe nada sobre los vehículos en los que se movilizaban su hermana y otros colegas. Eran de cuatro a cinco vehículos, dijo. Esto es importante, ya que no es la primera vez que se señala a la PO del robo de carros y celulares, alertó.
Los integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) llegaron en 15 vehículos a dejarles agua a las madres de presos en Masaya. Una vez que les entregaron las botellas con agua a las personas que estaban al interior de la iglesia por una ventana y dejaron otros galones en el atrio del templo, se subieron a los vehículos y avanzaron unas tres cuadras, pero en ese momento 5 vehículos de la caravana fueron rodeados por patrullas policiales. Estás indicaron que los vehículos se dirigieran a la estación policial de Masaya, y posteriormente, los trasladaron en patrullas al nuevo Chipote, ubicado en Managua.
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