La dictadura de Daniel Ortega acumula sancionados; van catorce y las posibilidades que sean más están servidas. Las últimas tres designaciones fueron dirigidas a los titulares de instituciones claves: la Policía Orteguista (PO), el Consejo Supremo Electoral (CSE), y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La acción lógica sería que Ortega remueva de sus cargos a los sancionados para que no “contamine” al Estado; sin embargo, de los primeros once sancionados, solo en tres casos hubo cambios sustanciales.
Para el analista político, Eliseo Núñez, las sanciones por violación a los derechos humanos y actos de corrupción, designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tienen efectos limitados sobre las carteras del Estado que están bajo el mando de Lumberto Campbell, presidente interino del CSE; Roberto López, presidente del INSS, y el comisionado de la PO, Ramón Avellán; pero pueden ser exponencialmente más fuertes cuando el gobierno escoge la estrategia incorrecta, que significa mantenerlos en sus cargos.
“Porque al mantener en sus cargos a esta gente (sancionados) aunque les disfrace el cargo, lo que hace es mantener la condición de agentes contaminantes para los ministerios o instituciones públicas donde ellos están; complica la operatividad de los ministerios, de las instituciones donde ellos tienen firmas”, expresó Núñez.
Es decir, que los sancionados no pueden seguir firmando en nombre de las instituciones que dirigen. Tienen que designar a otra persona para que respalde las transacciones en el sistema financiero y de contrataciones, ya que los primeros, desde que son sancionados bloquean sus cuentas y no pueden hacer ningún tipo de movimiento bancario.
Tanto la PO como el CSE cuentan con dos integrantes de su cúpula sancionados. En el caso del CSE, cuando Roberto Rivas, el primero en ser sancionado en 2017 en marco de la Ley Global Magnitsky, la dictadura le quitó las funciones administrativas, pero no lo destituyó; sin embargo, en mayo de 2018 se conoció la dimisión de Rivas, como parte de los acuerdos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno.
A cargo del CSE quedó Campbell, pero este pasado jueves también fue sancionado por Estados Unidos. De la PO, tanto Avellán como el director, Francisco Díaz, fueron sancionados. Díaz se ha mantenido en el mismo cargo, fiel al régimen orteguista. El congresista Albio Sires, solicitó al Departamento del Tesoro, el jueves pasado, que se investigue a siete personajes afines a Ortega, entre ellos, el subdirector de la PO, Adolfo Marenco, de cara a posibles sanciones.
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El excanciller Francisco Aguirre Sacasa considera que sería un “graso error” subestimar el valor político o simbólico de las sanciones impuestas por EE. UU. Pero en el caso específico de las instituciones, explicó que en el CSE, el régimen orteguista va a hacer lo mismo que con Rivas, buscar a otra persona para que tenga una firma libradora, ya que los sancionados no pueden hacer ningún tipo de gestión financiera, y lo mismo pasará con el INSS, ninguna de estas instituciones va a dejar de funcionar por las sanciones y “tampoco va a haber una situación catastrófica en la Policía porque ahora está Ramón Avellán sancionado”, expresó.
La exministra de Salud sancionada, Sonia Castro, el mismo Roberto Rivas y el tesorero del FSLN, Francisco López, han sido los únicos casos en los que hubo una remoción directa de sus cargos, convirtiéndolos, en asesores presidenciales, o dejándolos sin funciones administrativas, como sucedió con Rivas o con Gustavo Porras, a cargo de la Asamblea Nacional.
Desde la perspectiva de Núñez lo recomendable es que Ortega entendiera que está entrando en un proceso de aislamiento, y abriera la posibilidad hacia una solución política. En ese sentido, lo mínimo que puede hacer es remover de sus cargos a los sancionados para evitar la contaminación del Estado, pero como en Nicaragua no hay diferencia entre Estado y partido, eso no sucede, dijo. Mantener a los sancionados en sus cargos sería un “acto de arrogancia” por parte de Ortega, expone Núñez.
Sanciones sí golpean a Ortega
Los sancionados por Estados Unidos son bloqueados en los sistemas financieros; se quedan sin cuentas de bancos, sin tarjetas de crédito y débito, lo que en términos prácticos se traduce en que no puedan mover dinero a través del sistema bancario; hecho que hace más compleja la posibilidad que realicen negocios. Para Núñez, las sanciones no son el camino más rápido, sino el más lento para botar un régimen, dijo.
No obstante, valora que eventualmente el entorno de Ortega, cuando se sienta amenazado “va a empezar a hacer agua”, ya que se preguntarán quién será el próximo sancionado. Una vez que se imponen las sanciones, los designados no pueden seguir haciendo negocios, no pueden incrementar su patrimonio, entonces, el vínculo prebendario con Ortega comienza a diluirse y este no puede garantizarles dinero, o al menos, en Nicaragua si, pero se debe recordar que los sancionados ya no tienen la capacidad de utilizar dinero en el exterior. Se convierten en “muertos civiles internacionales”, que “solo pueden existir aquí en Nicaragua”, explicó Núñez.
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Para Aguirre Sacasa las sanciones se traducen en falta de confianza en el país de cara a la inversión. Se debe pensar en invertir en un país con 14 funcionarios sancionados, dijo el exdiplomático. Recordó que las sanciones contra el Banco Corporativo (Bancorp) afectaron mucho las finanzas de El Carmen. “Esa sanción ha incomodado enormemente el bolsillo de El Carmen”, aseguró.
Bancorp fue sancionado en abril de este año por Estados Unidos, y un mes después, en mayo, empezaba su disolución. El exdiplomático indica que las sanciones son acciones dirigidas de forma individual que llevan un mensaje más poderoso, que se resume en que este gobierno no goza de la confianza del gobierno de Estados Unidos.
El peligro que ve Aguirre Sacasa si Ortega sigue ignorando las sanciones, es que más adelante puedan haber acciones más serias, que hasta el momento EE. UU. no ha querido usar para evitar un daño colateral. Un ejemplo, podría ser la suspensión del DR-CAFTA, que es un tratado comercial entre Centroamérica y Estados Unidos.
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