El gobierno de España emitió un comunicado este sábado 16 de abril, expresando su preocupación por las detenciones y el asedio a la Iglesia San Migue Arcángel de Masaya, donde varias mujeres parientes de reos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sufren más de 48 horas de asedio por parte de la Policía al servicio del régimen.
Fechado en Madriz, capital de España, el comunicado fue emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y dice textualmente: “El gobierno de España expresa su preocupación por las recientes detenciones de más de 13 ciudadanos nicaragüenses que prestaban apoyo a familiares de presos políticos que, reunidos en la Iglesia de San Miguel de Masaya, permanecen en huelga de hambre para pedir su liberación”.
“Así mismo, el gobierno de España solicita el levantamiento inmediato del asedio policial al que están sometidos en dicha iglesia el párroco y los fieles que le acompañan”.
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España reclama
“La libertad de expresión, manifestación y reunión son pilares básicos de la democracia garantizados por la Constitución nicaragüense”, dice el comunicado, que cierra de la siguiente manera: “España reclama una urgente salida de la crisis a través de una negociación política basada en el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos”.
Este es el primer comunicado oficial de un país miembro de la Unión Europea, que se emite en torno a esta aberrante actuación de la dictadura de Nicaragua, que inició el pasado jueves 14 de noviembre.
Preocupación por detenciones y asedio a la Iglesia de San Miguel #Masaya pic.twitter.com/KPv04r4tti
— EmbEspNicaragua (@EmbEspNicaragua) November 16, 2019
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Lluvia de condenas internacionales
Antes, parlamentarios europeos, partidos políticos miembros del Parlamento Europeo, organizaciones internacionales de derechos humanos y congresistas de Estados Unidos se han expresado condenando la violenta acción de la policía orteguista, que desde el jueves cortó el servicio de energía y el suministro de agua.
Cientos de agentes de la dictadura, decenas de vehículos de esa institución al servicio de la familia gobernante y fanáticos del mismo régimen, mantienen un cerco violento en contra de la parroquia donde una decena de mujeres y un sacerdote se encuentran sin poder salir y que la población o miembros de la Iglesia Católica pueden ingresar a llevarles agua y medicinas.