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Defensores del pueblo denuncian arbitrariedades en proceso judicial contra tres presos políticos. Foto: Cortesía

Defensores del Pueblo denuncian arbitrariedades en proceso judicial contra tres presos políticos

Los presos políticos son acusados por el presunto de tráfico de armas por intentar pasar agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya

La organización Defensores del Pueblo denunció este martes que el proceso judicial contra los presos políticos Marvin Samir López Ñamendi, Wilfredo Alejandro Brenes y Yordan Irene Lanzas Herrera, detenidos por llevar agua a madres en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, presenta “arbitrariedades” e “inconsistencias” en los datos que el Ministerio Público orteguista señala al momento de la detención.

El abogado Julio Montenegro, representante de Defensores del Pueblo y quien lleva la defensa de los tres ciudadanos, señaló que durante la audiencia preliminar, celebrada este lunes desde las 11 de la mañana hasta a las 4:30 de la tarde, estos tres ciudadanos fueron acusados de tráfico de armas, al igual que 13 activistas y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

“Los acusan de tráfico de armas para que bajo esa figura se les resalte como un hecho de interés nacional y así un juez de Managua pueda conocer del caso”, aseguró Montenegro.

Los tres ciudadanos representados por los Defensores del Pueblo, según la acusación de la Policía, venían en los vehículos en los que también se trasladaban 13 miembros de la UNAB, sin embargo, Montenegro indicó que en su momento demostrarán que las detenciones fueron en circunstancias distintas y que sus defendidos “no habían estado en esos vehículos, pero tenían en común haber llevado agua”.

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Iglesia San Miguel
En un desborde de locura y violencia, la Policía Orteguista ha criminalizado la solidaridad social al extremo de inventar cargos y perseguir jóvenes que intentan pasar agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. LA PRENSA/J,FLORES

Trampa maligna de Policías, turbas y parapolicías

María Montalván, pariente de preso político Wilfredo Brenes, afirmó que su familiar está siendo procesado únicamente por “brindar el auxilio y por hacer ese acto humanitario”.

“Las autoridades lo emboscaron por la calle el Calvario, le pidieron sus credenciales, lo revisaron y se lo llevaron para la Policía, quieren incriminar a gente inocente, hacer creer que son criminales, el objetivo es para que las madres desistan de su huelga de hambre”, dijo.

Explicó que a Wilfredo “no lo detienen con esas dos personas, primero mandaron a los 13 muchachos a Auxilio Judicial y luego Wilfredo pidió permiso para pasar un bidón de agua, ellos le dijeron que podía pasar, los engañaron y cuando estaba en el centro, entre la Iglesia San Miguel y el Parque, los ‘paramilitares’ lo golpearon y se los llevaron a la Policía, después fue que los unieron”, pormenorizó Montalván.

“No es la primera vez que lo han querido perjudicar, pero no tiene antecedentes delictivos y todo el mercado de Masaya lo conoce, dos veces lo agarraron y no hubo pruebas para demostrarle nada, entonces, lo que quieren una vez más es criminalizarlo”, añadió la pariente de Brenes.

Iglesia San Miguel
La Policía Orteguista ha ganado miles de expresiones de desprecio y rechazo social por su excesivo servilismo hacia la familia Ortega-Murillo y por el odio visceral contra la Iglesia Católico. LA PRENSA/Jader Flores

Lea también: Policía Orteguista detiene al excarcelado político Wilfredo Brenes en Masaya

Criminalizados por protestar

El abogado también indicó que entre las evidencias, que el Ministerio Público le achaca a sus representados, están 12 bombas Molotov, una escopeta calibre 12, tres revólveres con serie borrada y cuatro armas de fuego artesanales calibre 12.

“Consideramos que las situaciones que se les imputan son arbitrarias y no corresponden a la realidad, estos ciudadanos -por lógica- no van a llevar objetos del tipo que les señalan de llevar, cuando se sabe que ahí están policías y parapolicías y que en algún momento pueden ser requisados”, apuntó Montenegro.

La hipótesis presentada por los Defensores del Pueblo, durante la audiencia preliminar, consistió en que “nuestros representados están siendo criminalizados por protestar, que el tipo penal utilizado por el Ministerio Público no cumple los requisito y únicamente se les adjudica tráfico de armas, para darle la connotación de un caso que tiene que ser conocido por un juez de Managua”.

Cobarde agresión de la PO a mujeres durante el secuestro

El abogado Montenegro reveló, aunque no es el representante legal de los 13 activistas y miembros de la UNAB, que varias de las jóvenes detenidas expresaron que “fueron lastimadas” y “una de ellas estaba vomitando sangre”, es por ello que la mayoría de los abogados, incluyendo los miembros de Defensores del Pueblo, solicitaron que los acusados fueras llevados a valoración del Instituto de Medicina Legal.

Asimismo, señaló que el juez a cargo del proceso contra los 16 ciudadanos, Cruz Zeledón Torres, programó audiencia inicial para el próximo 28 de noviembre.

 

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