Con la prolongación de la jefatura del Ejército en manos del general Julio César Avilés, por tercer período consecutivo, y con esto la cancelación de toda posibilidad de renovación en el alto mando militar, el dictador Daniel Ortega ha reafirmado la desinstitucionalización de las fuerzas armadas, su regreso al partidismo que ahora es peor que durante los años ochenta porque es para servir a una anacrónica dictadura personal, familiar y dinástica.
La profesionalización e institucionalización del Ejército, que en 1995 dejó de llamarse Popular Sandinista para adoptar mediante una reforma constitucional el nombre correcto de Ejército de Nicaragua, fue uno de los logros más difíciles pero también más importantes del gobierno de transición democrática de abril de 1990 a enero de 1997, que presidió doña Violeta Barrios de Chamorro.
Al respecto el doctor Emilio Álvarez Montalván escribió en su libro Cultura política nicaragüense, tercera edición, que “al surgir el gobierno democrático de la señora Chamorro tuvo por fuerzas ese ejército (sandinista) que renunciar a su identidad ideológica marxista-leninista para adoptar una estructura y principios democráticos…” Agregó Álvarez Montalván que “el nuevo ejército logró captar la confianza de la ciudadanía al no mezclarse en política. No obstante —advirtió el eminente analista — está pendiente la prueba de fuego que pueden plantear las elecciones de 2006”.
El temor de Álvarez Montalván se confirmó inmediatamente después de aquellas elecciones, las que Daniel Ortega ganó gracias a la división de los partidos liberales que entre los dos tuvieron muchos más votos que el FSLN. El mismo día que tomó posesión de la presidencia de Nicaragua, Ortega reunió a los mandos del Ejército, les recordó sus orígenes sandinistas y los subordinó a su traicionero plan para la restauración de la dictadura.
La realidad demostró que el Ejército solo de manera aparente había renunciado a su identidad ideológica sandinista o marxista-leninista, como creía Álvarez Montalván. Si se adaptó al proceso de institucionalización y conversión en una fuerza armada profesional, propia de un sistema democrático, fue porque no tenía alternativa. Pero en el fondo seguía siendo lo mismo que fue desde sus orígenes revolucionarios partidistas y sectarios. Por eso, sin vacilación se cuadró ante Ortega y se puso al servicio de su proyecto dictatorial.
Desde la reforma de 1995, la Constitución de Nicaragua dice en su artículo 93 que el Ejército “es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”.
Pero ahora eso es una falacia jurídica, en la realidad el Ejército perdió esos atributos constitucionales y de manera voluntaria o por la fuerza se ha convertido en un brazo armado de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sin embargo, todos los actos políticos tienen inevitables consecuencias. La petrificación de la jefatura del Ejército bloquea las aspiraciones de los militares que aspiran a escalar posiciones y llegar hasta la comandancia general. Y esto podría crear tensiones dentro de la fuerza armada y convertirse en un serio problema para la misma dictadura.
Además, como observan los expertos en estos delicados asuntos, al identificarse plenamente con la dictadura y por tanto con sus crímenes contra el pueblo y la devastación del sistema democrático, el Ejército se ha puesto en la mira de las sanciones internacionales.