Similar a la táctica negociadora practicada durante su carrera empresarial, la aplicación agresiva y variables de sanciones comerciales (léase tarifas), financieras y políticas a lo largo de su presidencia constituyen sin duda alguna una pieza cardinal de la política exterior del presidente Trump. Si bien enfoques similares han sido adoptados por administraciones anteriores, nunca habían sido manejados con comparable frecuencia e intensidad.
La adopción de sanciones políticas y financieras, hasta ahora principalmente dirigidas a individuos, empresas estatales y gobernantes responsables de corrupción y violación de los derechos humanos, aun no arrojan los desenlaces esperados. En nuestro hemisferio, casos como los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los gobernantes y allegados a quienes han sido dirigidas continúan inmutables en sus funciones, tercamente sin dar señales de modificar el comportamiento dictatorial que los ha caracterizado.
De continuar el estatus quo actual y tomando en cuenta sus ambiciones reeleccionistas en el sufragio del 2020, Trump enfrenta una carrera contra el tiempo y una urgencia “in crescendo” de mostrar resultados en su política exterior latinoamericana. Los acontecimientos en Chile y Ecuador, el fraude en Bolivia y el regreso del Kirchnerismo en Argentina son recientes y reveladores eventos que no pueden ser ignorados so pena de ser duramente castigado en la Florida, una vez más convertido en un Estado clave para alcanzar los 270 votos del Colegio Electoral.
A juzgar por su repetidamente mencionada frase “todas las cartas están sobre la mesa” para lograr la democratización de regímenes autoritarios y tomando en cuenta sus diferentes circunstancias políticas, militares y económicas, no sería insólito que de optar por incrementar la presión en cualquiera de sus formas se incline a hacerlo primeramente con el enlace más débil de la cadena. Dejo al lector sacar sus propias conclusiones sobre cuál sería el “escogido”.
En el área comercial, consistente con su promesa de “América First” enfatizada en la campaña del 2016 y sin refutar los beneficios de los tratados de libre comercio, Trump es del criterio que los mismos deben ser no solo de libre comercio, sino de libre y justo comercio en donde los Estados Unidos no sean por regla general los que se lleven la peor parte. Tratados mal negociados por administraciones anteriores o en proceso de obsolescencia que han acarreado extraordinarios déficits comerciales, han sido y siguen siendo renegociados en gran parte amparándose en ese criterio.
A excepción de China, con la cual aún no logra conseguir un acuerdo y sobre el que hay mucha incertidumbre sobre el impacto en el consumidor estadounidense, la estrategia parece haber dado algunos resultados. Así vemos como logró imponer un nuevo acuerdo de libre comercio con México y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés) aún pendiente de confirmación por un Congreso controlado por el partido Demócrata que, obsesionado con el proceso de juicio político contra Trump ha descuidado irresponsablemente otras prioridades legislativas de capital importancia para el país.
Igualmente logró renegociar el tratado de libre comercio con Corea del Sur, conocido como Korus FTA, firmado originalmente bajo la presidencia de George W. Bush, renegociado por Obama y nuevamente renegociado por Trump en el 2018.
Observando la reacción de Wall Street, los niveles récords de empleo en todos los segmentos demográficos y el inédito crecimiento de la economía es fácil concluir que estas negociaciones no han provocado los efectos negativos vaticinados por sus críticos. Está por verse qué impacto tendrá la crisis política en la economía y en las próximas elecciones.