A un año de haber aprobado una orden ejecutiva que declara que las actuaciones de la dictadura de Nicaragua son una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ratificó dicha ley este lunes y la mantiene activa después del 27 de noviembre de 2019.
“La situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el desmantelamiento y debilitamiento sistemático del régimen de Ortega de las instituciones democráticas y el estado de derecho, su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población civil, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua, sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, dice el comunicado de la Casa Blanca.
El 27 de noviembre de 2018, mediante la Orden Ejecutiva 13851, Trump declaró una emergencia nacional de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 1701-1706) para hacer frente “a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos constituido por la situación en Nicaragua”.
“Por esta razón, la emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe continuar vigente después del 27 de noviembre de 2019. Por lo tanto, de conformidad con la sección 202 (d) de la Ley Nacional de Emergencias (50 USC 1622 (d)), estoy continuando durante un año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua”, dice el documento desde Washington.
Anuncio de mayor tensión
El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa y Edgard Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), consideraron que la medida es un aviso de que EE. UU. seguirá aplicando sanciones a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Aguirre Sacasa calificó de “una acción dramática” con graves consecuencias que el régimen orteguista siga considerado un amenaza para la seguridad de EE. UU., pero esto respondería a que la orden ejecutiva es “prerrequisito para seguir aplicando sanciones” bajo la Ley Magnitsky y la Nica Act contra funcionarios de la dictadura.
“El gobierno del presidente Trump está expresando que persiste la preocupación sobre la situación de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y, por tanto, está diciendo con esta orden ejecutiva que no ha acabado el período de sanciones”, dijo el excanciller.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos han respondido a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura orteguista contra las manifestaciones ciudadanas, que estallaron en abril del 2018.
Organismos de derechos humanos han denunciado el asesinato de al menos 328 personas, miles de heridos, torturas y más de mil presos políticos, de los cuales más de 150 aún están en las cárceles. Se mantiene un estado policial en el que están suspendidos de facto los derechos a la manifestación, la libertad de prensa y demás derechos fundamentales.
Los exdiplomáticos lamentaron que la tensión entre ambos gobiernos sea mayor y advirtieron que quien tiene más que perder es la dictadura de Ortega, por cuanto EE. UU. incrementará la presión para forzarla a retomar el cauce democrático.
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El excanciller Aguirre Sacasa criticó que el régimen orteguista “no está actuando de forma prudente con ningún miembro de la comunidad internacional”, lo que quedó demostrado cuando se negó a recibir “al grupo de los cinco” embajadores de países miembros de la OEA que integraron la comisión de alto nivel diplomático que realizó un informe donde denunciaron el rompimiento del orden constitucional y democrático en Nicaragua.
Asimismo, Ortega mantiene confrontación con la Unión Europea (UE) y de forma bilateral con el Gobierno de España, ya que se le prohibió el ingreso al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España, Juan Pablo de Laiglesia. La UE también estaría lista para sancionar de forma individual a miembros de la dictadura.
Para Aguirre, el discurso hostil de Ortega hacia España y la Unión Europea es una demostración que el régimen “está empecinado en autoaislarse de la comunidad internacional” y enfrentarse con países que son socios comerciales o importantes donantes para el país en momentos de una profunda crisis económica.
“Creo que esa política es injustificable, parece que el comandante Ortega quiere mantener la tensión en el país. Esto sería en reacción a lo que llamo el mal de Evo, porque parece que los dictadores que se sorprendieron con lo que le pasó a Evo Morales (quien fue forzado a renunciar como presidente de Bolivia por el fraude electoral) quieren marcar su posición diciendo que no le pasará lo mismo, porque están listos a responder por la fuerza”, dijo Aguirre Sacasa.
La lectura del exembajador ante la OEA, Edgard Parrales, es que EE. UU. ve un alto riesgo de que Nicaragua se convierta en plataforma de operaciones de países como Cuba y Rusia, este último un gobierno rival por el dominio en la esfera internacional de los estadounidenses.
“Con base a esa orden de Trump pueden arreciar las sanciones tanto a los que ya están sancionados, como establecer nuevas sanciones a otras personas de las estructuras del partido y del Estado”, dijo Parrales.
Las presiones pueden escalar a medidas económicas. “En últimas instancias pueden declarar que Nicaragua ha quebrantado el Cafta y retirarle el acceso de los productos nicaragüenses a ese mercado, y así seguir elevándose la presión, incluso bloquear los puertos (del país) o adoptar otras medidas más duras según la actuación del gobierno de Ortega”, advirtió Parrales.