¿Quién pierde y quién gana con la reforma al Presupuesto General 2019? Entre los ganadores el CSE y la Presidencia

Ortega incorporó 7,855 millones de córdobas al Presupuesto, provenientes del rendimiento que le generó el brutal ajuste fiscal que impuso a inicios de este año

Funcionarios públicos

Edificio del Consejo Supremo Electoral (CSE). LAPRENSA/ARCHIVO

La dictadura de Daniel Ortega introdujo este martes una sorpresiva reforma al Presupuesto General de la República 2019, en la que ordenó sacrificar los recursos de 152 alcaldías y otros ajustes a la baja para hacer frente la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, mejorar las asignaciones a sus entidades favoritas como la Policía Orteguista (PO), el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Ministerio de Gobernación y hasta la Presidencia de la República, entre otros.

Sin abrir una discusión y consulta amplia sobre el gasto público, Ortega envió con carácter de urgencia el proyecto de reforma al Presupuesto General de la República de este año e incorporó 7,855 millones de córdobas, provenientes principalmente del rendimiento que le generó el brutal ajuste fiscal que impuso a inicios de este año.

Eso permitió que el nuevo Presupuesto General de Ingresos se incrementara 11.26 por ciento, el cual pasó de 69,751 millones de córdobas presupuestado inicialmente a 77,606.5 millones de córdoba, antes de donaciones.

Pese a ese fortísimo remanente que le generó la reforma tributaria, el presupuesto general de gasto se mantuvo congelado en 80,014 millones de córdobas, debido en parte a las dificultades que Hacienda afrontó en la colocación de 11,262 millones de córdobas en títulos valores, lo que limitó la posibilidad de mejorar el gasto público.

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Pero Ortega aprovechó la incorporación de más recursos al gasto público, para hacer recortes y aumento entre sus entidades y obligaciones, resultando las alcaldías, el Ministerio de Educación, los trabajadores del Estado, como los mayores perdedores.

A excepción de la sandinista Alcaldía de Managua, a la que le dio 301.90 millones de córdobas, al resto les quitó 3,849 millones de córdobas, de los cuales 3,752 millones de córdobas eran para proyectos de inversión.

La reducción a las alcaldías fue cuestionada duramente por los diputados opositores, cuyo señalamiento provocó la reacción furibunda por parte del orteguista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.

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Gutiérrez, quien no supo justificar la reducción municipal, se dedicó a despotricar contra los diputados opositores, a quienes llegó a tratar casi como ignorantes y vagos.

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El diputado orteguista intentó justificar el recorte a las alcaldías recordando que si este fondo existe es porque su partido de Gobierno fue el que lo estableció a través de una ley de transferencia municipales. “Si hoy en día las alcaldías tienen transferencias municipales, ¿por quién fue? ¿quién presentó la iniciativa? ¿quién peleó contra el Gobierno de Arnoldo Alemán? ¿quién peleó contra el Gobierno de Enrique Bolaños para garantizar que hubieran transferencias municipales en este país?”, gritaba Gutiérrez en respuesta al reclamo de los opositores por el fuerte recorte violatorio a la misma a la Ley de transferencia municipal.

Pese a que Ortega utiliza esos fondos municipales para premiar y castigar a las alcaldías, Gutiérrez cuestionó esa práctica a las administraciones de Alemán y Bolaños. “Ahora que no vengan aquí a rasgarse las vestiduras y a decir con desfachatez de que vienen a defender a las municipalidades”, dijo el orteguista, evadiendo explicar por qué se premió al Consejo Supremo Electoral, por ejemplo, y se castigó a las alcaldías.

El ajuste presupuestario llegó este martes con carácter de urgencia y fue aprobado ahí mismo por el orteguismo, sin hacer ningún cuestionamiento sobre el contenido de la misma.

Los recortes

El régimen de Ortega redujo las partidas a 11 ministerios y entidades pública, siendo el Ministerio de Educación el más golpeado, después de las alcaldías.

Al Mined se le quitó 761.42 millones de córdobas, de los cuales 359.81 millones de córdobas eran para inversión.

También se le quitó a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Economía Familiar, la Asamblea Nacional y varias entidades que reciben subvenciones. En su conjunto los recortes ascendieron a 5,706.47 millones de córdobas.

Los trabajadores del Estado que cada año recibían un ajuste salario a equivalente al cinco por ciento de deslizamiento. Hacienda asegura que ese ajuste se hizo para garantizarle el empleo a los trabajadores y por “razones de limitación financiera”.

Los premiados y los que reciben más

En contraste, 12 fueron las entidades premiadas, aunque también se le dio recursos significativos al Ministerio de Transporte e Infraestructura (1,254 millones de córdobas) y el Ministerio de Salud (801.30 millones de córdobas).

En total el régimen repartió 5,918.18 millones de córdobas, luego de aplicar recortes y reasignaciones. De ese monto, el Consejo Supremo Electoral es la cuarta cartera más beneficiada con 192 millones de córdobas, para sufragar gastos burocráticos como pago de comisiones e intereses bancarios.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió 462.69 millones de córdobas, provenientes principalmente de préstamos de los multilaterales, en su mayoría para gasto de capital.

También reciben el Ministerio de Gobernación (90.39 millones de córdobas), el Ministerio de la Juventud (27.71 millones de córdobas), la Presidencia de la República (7.36 millones), Policía Nacional (79.89 millones), Ministerio de Relaciones Exteriores (24.68 millones de córdobas). En su mayoría son para gastos burocráticos. En el caso de la Presidencia por ejemplo, para gastos ceremoniales y protocolarios.

Fuerte transferencia al INSS de urgencia

Para evitar un colapso de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y pese al ajuste que se hizo a inicios de este año, el régimen se vio obligado a transferir con urgencia 2,349 millones de córdobas, en concepto de pago por adelantando de siete cuotas del pago de la deuda histórica.

“El Gobierno hace todo esto para evitar que le estalle la crisis del INSS, por lo que implicaría de pagar más de 260 mil pensiones”, explica un economista que prefiere no ser citado.

También se le inyectará 1,308 millones de córdobas adicionales en concepto de aporte del Estado, que corresponde al incremento de 0.25 a 1.75 por ciento de la contribución que el Estado debe hacer sobre la nómina de los afiliados activos al instituto.

Los más de 3,600 millones de córdobas que se transferirán al INSS están en correspondencia con los que recursos que se les quitaron a las alcaldías, que debieron recibir el 10 por ciento del total de los ingresos tributarios, pero que por decisión del régimen de Ortega solo captarán el cuatro por ciento, violando la Ley de Transferencias Municipales.

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