La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el jueves la abrogación de un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participaran en los operativos para enfrentar una serie de protestas que se extendieron por más de un mes y en las que murieron 33 personas.
Áñez dijo que tomó la decisión tras considerar que se logró la “pacificación” del país, después de que las distintas fuerzas políticas acordaron avanzar en un plan para convocar a nuevas elecciones presidenciales.
La norma fue aprobada el 16 de noviembre, en uno de los momentos más violentos de las protestas y que sólo un día antes dejó al menos ocho cocaleros muertos, todos partidarios del expresidente Evo Morales en la localidad de Sacaba, en el centro de Bolivia.
El decreto fue criticado dentro y fuera de Bolivia tras considerar que estimulaba la represión violenta.
“Nuestro gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca hemos vivido en nuestra historia y que no queremos volver a vivir'”, agregó.
Áñez agradeció la participación de las Fuerzas Armadas.
“Por su decidida y oportuna participación que evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación”, añadió, en referencia al 20 de noviembre, cuando hubo un choque entre los militares y manifestantes que bloqueaban el acceso a una planta de combustibles en la vecina ciudad de El Alto y que dejó nueve muertos.
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Morales renunció a la presidencia luego de varios días de protesta en su contra en medio de señalamientos de la oposición de que hubo un fraude en las elecciones del 20 de octubre.
El expresidente salió exiliado a México alegando un golpe de Estado de la derecha, después que una auditoria de la Organización de Estados Americanos ratificara irregularidades en los comicios del 20 de octubre y recomendara nuevas elecciones.
Morales perdió el respaldo de los policías y de las fuerzas militares, lo que precipitó su renuncia a tres meses de completar su tercer mandato.