Exdiplomáticos nicaragüenses calificaron “sin ningún valor jurídico” las declaraciones del Estado de Nicaragua sobre el Informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), que confirmó que “hay una alteración del orden constitucional” en Nicaragua. Más bien los expertos consideraron que el Estado de Nicaragua, encabezado por la dictadura de Daniel Ortega, rehúye a su responsabilidad y obligación como país miembro de la OEA.
“La declaración de la representante de Ortega en el Consejo permanente de la OEA sobre lo actuado por esta organización internacional en relación a la situación en Nicaragua no tiene ningún valor jurídico y por tanto no exime al Estado de Nicaragua del cumplimiento de sus obligaciones respecto a la Carta de la OEA, la Carta democrática y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses”, manifestó el exembajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard.
El pasado 25 de noviembre, a través de su embajadora ante el Consejo Permanente de la OEA, el régimen de Daniel Ortega declaró “nulo”, “inexistente” e “injerencista” el informe, la comisión de alto nivel y la resolución de la Asamblea General de la OEA del pasado 28 de junio, que realizó en Medellín, Colombia.
“El gobierno de la República de Nicaragua, en el ejercicio de su soberanía, ha rechazado y declarado de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para nuestro país, la resolución injerencista de la pasada Asamblea General de la OEA y el intento de crear una comisión sobre Nicaragua y las acciones e informes que de ésta se deriven. Reiteramos la posición oficial del gobierno de Nicaragua de dar por inexistente la llamada Comisión de Alto Nivel de la OEA, por consiguiente, algo que no existe, no puede producir informes ni comisiones, mucho menos recomendaciones o imposiciones injerencistas. Todas sus actuaciones las damos por inexistentes”, dijo Ruth Tapia, embajadora del régimen.
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Icaza manifestó que esa manifestación del régimen de Ortega “no solo delata la mentalidad absolutista de quienes detentan el poder en Nicaragua, sino que pone al Gobierno en una situación de rebeldía”.
Para el exembajador de Nicaragua ante Alemania, José Dávila, que un país miembro declare inexistente un acto de la OEA es “demagogia” que usa porque se siente afectado por ese acto” y también es “rehuir a su responsabilidad y obligación como país miembro”.
LAPRENSA/ Manuel Esquivel
“Inclusive podría ser una señal de no tener interés de seguir en esta asociación de Estados. Una autoconfesión de que lo que han perpetrado contra su propio pueblo es indefendible, y prefieren ignorar o desconocer el llamado continental de atención que se les hace por sus desmanes gubernamentales. De nuevo, equivocados”, dijo Dávila.
Dávila explicó que “todo lo que hace la OEA, sus instancias, y mandatos tienen legitimidad de origen” porque son “emanados de sus normas y reglamentos, aprobados por todos sus países miembros, incluyendo Nicaragua”.
El informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua detalla que «las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana».