El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció la perversa “muerte civil” que el régimen de Daniel Ortega está aplicando a los excarcelados políticos, que abarca la negación y retardación de trámites administrativos, perfil académico borrado o exclusión del ámbito laboral.
El organismo nacional señaló en su informe bimestral “Así resiste Nicaragua la represión”, que comprende de enero a octubre de 2019, que la muerte civil es parte de la “represión prolongada” que sufren los exreos políticos y que afecta a los familiares de los mismos.
“La muerte civil es cuando te sacan de todas las actividades de la vida pública, en este caso, esta situación que está ocurriendo es una prolongación de la represión. Ya no es prolongar solo la cárcel sino extenderle la suspensión de sus derechos, así que es una continuidad de la represión pero de una manera perversa”, expresó Vilma Nuñez, directora del Cenidh.
Entre los casos que expuso el Cenidh, está el del excarcelado político, Noel Valdez Rodríguez, que en su licencia de conducir la Policía Orteguista le imprimió la leyenda “detenido y esperando ser procesado, caso de los tranques”.
Los excarcelados políticos no solo han denunciado asedio por la Policía Orteguista y fanáticos orteguistas, sino que han expuesto las necesidades que enfrentan, como la falta de empleo y negación a la salud, luego de ser víctimas de la dictadura de Nicaragua.
Cometen delito
Para Núñez, las diferentes situaciones no solo son una violación a los derechos humanos, sino un “delito” por alteración de documentos. “El gobierno tienen una perversidad mental que no haya qué hacer” contra los expresos políticos, refirió Núñez.
Puede interesarle: Presos políticos excarcelados sufren desempleo por asedio
Exclusión ciudadana
La persona, al tener muerte civil es condenado a ser excluido de la participación ciudadana, manifestó Nuñez, puesto que sufre discriminación y es rechazado desde un centro hospitalario, universidad o el medio laboral. “Hay un caso que ya le habían hecho toda la entrevista (laboral) y ya le habían dicho que lo iban a ubicar y de repente se fijaron en el récord policial que le ponen excarcelado por la Ley de Amnistía. Excarcelado no es un estado civil pero ellos lo ponen así solo para cerrarle as puertas”, expuso la defensora de derechos humanos.
A esta situación se le suma las expulsiones a las que fueron sometidos estudiantes de distintas universidades por ser opositores al régimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que 144 estudiantes fueron expulsados en el contexto de la crisis política que vive el país desde abril de 2018. Sin embargo, la dictadura orteguista oficializa 95 expulsados, de los cuales 82 estudiantes son de la UNAN-Managua y 13 de la UNAN-León.
Pero esta situación también lo sufren los familiares de los exreos políticos, principalmente los hijos, quienes son hostigados por ser tachados como “golpistas” por el oficialismo . “Los hijos de los excarcelados también son hostigados y agredidos por paramilitares e integrantes de las Juventud Sandinista en los centros educativos a los que asisten”, reza el documento.
El informe refirió casos de familiares extorsionados y amenazados con perder sus trabajos, al no brindar información sobre las actividades de sus parientes excarcelados.