La polarización política, que es alimentada por el régimen de Daniel Ortega con espionaje, chantaje y persecución, ha fracturado tanto a la sociedad nicaragüense, que el 83 por ciento de la población no confía en sus vecinos y más de la mitad tiene desconfianza en el Estado, según el último informe de coyuntura de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
En su informe de coyuntura económica, social y política correspondiente a noviembre incorpora los resultados de encuestas realizadas por Funides con unos 1,008 personas a nivel nacional. Solo el 2.5 por ciento de los ciudadanos consultados dijeron confiar en sus vecinos, según la investigación.
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Para el centro de pensamiento la crisis de confianza entre la población en sus comunidades es causada por “la incertidumbre en el panorama político y las violaciones a los derechos humanos” como parte de la represión gubernamental agudizada desde abril del 2018.
Para el sociólogo y catedrático Cirilo Otero, la alta desconfianza entre los habitantes en los barrios es consecuencia del espionaje y la campaña de odio fomentada desde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ponen en práctica los Consejos de Liderazgos Sandinistas (CSL), los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), la Juventud Sandinista (JS) y otros grupos partidarios.
Otero recordó que esos grupos partidarios que el régimen llama “vigilantes de la paz” la población los descalifica como “orejas, sapos y soplones”, que reciben dinero por denunciar a los vecinos que en sus barrios y comunidades identifican como “golpistas”, como se tilda a los opositores al régimen.
“Que ocho de cada diez ciudadanos desconfíe de sus vecinos es porque se ha perdido el términos sociales y comunitarias la confianza causado por la represión y la carencia de políticas públicas que impacten en la reducción de la pobreza, porque lo que este régimen fomenta es el clientelismo”, dijo Otero.
Los CLS, explicó Otero, son quienes más espían en los barrios para identificar a toda familia, sea opositora histórica o sandinista descontenta con el régimen, para pasar la información a los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esa información de las familias también las manejan los grupos de choque y la Policía Orteguista (PO).
“Se ha traslado el problema que tiene el grupo criminal de Ortega al barrio. La sociedad tiene un rechazo moral y ético a Ortega y su grupo, y ellos lo saben porque trasladan a los barrios la campaña de que hay que combatir a los enemigos. Promueven el odio y eso es grave porque causará una ruptura de la sociedad que llevará a un gran estallido”, afirmó Otero.
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Modelo del odio
La vicepresidenta designada Rosario Murillo ha anunciado campañas que hablan de “paz y reconciliación entre las familias nicaragüenses”, sin embargo el régimen mantiene un estado de sitio de facto, donde los grupos de choque y la PO imponen el terror en las comunidades.
Cuando una familia se declara o es reconocida opositora su casa es marcada con las pintas “plomo”, “golpista” que son las amenazas del orteguismo.
Funides refirió en su informe que las acciones del régimen “no han contribuido a reducir la polarización política, por el contrario, continúa creciendo, afectando los vínculos y relaciones sociales establecidos por los nicaragüenses”.
Se afectó “la capacidad que tiene la sociedad de asegurar el bienestar de sus integrantes eliminando aquellas inequidades existentes, es decir, la cohesión social”, afirmó Funides.
Control a cambio de dinero
El sociólogo Otero explicó que al régimen se le ha facilitado poner en práctica los manuales de control social por el pago de dinero que hace a los simpatizantes orteguistas para que espíen, participen en marchas y actos partidarios.
Desde que Ortega retornó al poder en 2007 adoptó el modelo cubano que radica en desempeñar tareas de vigilancia colectiva frente a la injerencia extrema y los actos de desestabilización.
Manual cubano y ruso
Otero dijo que la dictadura en Nicaragua práctica los manuales cubanos, pero también el del régimen ruso, en donde a través del dinero se compra los compromisos de sus adeptos, lo que es frágil que acabe cuando ya no haya dinero para pagarles.
Ese sostenimiento a base de comprar fidelidades para el sociólogo no es sostenible a largo plazo debido a que cuando el régimen no tenga dinero “la gente va a comprender lo fallado del sistema”.
La represión está pasando factura a Ortega, puesto que en la gente ha despertado la “conciencia social”, por lo que entiende que las acciones del régimen son sostenerse sin importar que la recesión económica sea mayor que acelere la fractura social.
Estado no es confiable
El informe de Funides también recoge que “existe una desconfianza generalizada hacia el Estado”, puesto que el 66.6 por ciento de los nicaragüenses encuestados expresó tener una confianza “baja” en el Estado. Solo el 19.4 por ciento afirmó tener una confianza “media” y el 14 por ciento una confianza “alta” en sus entidades estatales.
Funides explicó que la medición de la confianza en el Estado se realizó validando la aceptación en los poderes judicial, electoral, legislativo y Ejecutivo así como en la Policía y el Ejército.