China anunció este lunes que ha prohibido a los buques y aeronaves militares de Estados Unidos hacer escala en Hong Kong en respuesta a las leyes aprobadas la semana pasada por Washington sobre la excolonia británica y dijo que aumentará las sanciones contra ONGs estadounidenses como Human Rights Watch (HRW).
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, señaló en rueda de prensa que la convalidación de la llamada “Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong” por parte de Estados Unidos, por la que Washington podría sancionar a funcionarios chinos, “es una grave violación de la ley internacional”.
“En respuesta a esto hemos decidido suspender la revisión de cualquier solicitud de buques y aviones militares americanos para hacer escala en Hong Kong e incrementar las sanciones a las ONG americanas que se comportan mal en los disturbios”, indicó Hua.
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Además de HRW, las organizaciones no gubernamentales estadounidenses que serán sancionadas por China, según la portavoz, son la Fundación Nacional para la Democracia, el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales, el Instituto Republicano Internacional y Freedom House.
Tomarán “más medidas”
Hua señaló que “muchos hechos y pruebas” demuestran que esas ONG “apoyan el movimiento anti-China” en Hong Kong y “les animan a comprometerse en actividades violentas y criminales e instigar estas actividades separatistas”.
“Ellas (esas onegés) cargan con importantes responsabilidades en el caos en Hong Kong y deben ser sancionadas y pagar su precio”, aseveró. La portavoz dijo que China urge a los EEUU a “corregir sus errores” y a “dejar de interferir” en los asuntos internos del país asiático.
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“China tomará más medidas si es necesario, y defenderá la prosperidad y la estabilidad en Hong Kong, así como la soberanía nacional de nuestro país”, añadió.
El pasado jueves el presidente de EEUU, Donald Trump, convalidó sendos proyectos de apoyo al movimiento de protesta en Hong Kong, lo que provocó la airada reacción del Gobierno chino, que convocó al embajador estadounidense en Pekín, Terry Branstad.
Poco después de la convalidación de las leyes, el Gobierno chino amenazó con poner en marcha “contramedidas” si Estados Unidos continuaba inmiscuyéndose en los asuntos internos de China.