El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, en el marco de la presentación de la cuarta décima edición del informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2018-2019, demandó a los estados de la región “respeto a la institucionalidad y el estado de derecho”.
Las organizaciones miembros del Equipo Regional, en esta cuarta décima edición del informe, abordaron tres ejes; sistema democrático, seguridad ciudadana, pobreza y desarrollo humano, en los que la región prácticamente salió aplazada.
Lejos de demostrar cambios latentes y positivos, según los hallazgos del Equipo Regional, los estados centroamericanos tienen grandes retos para consolidar sus sistemas democráticos, garantizar seguridad ciudadana y promover el desarrollo humano, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.
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Algunas de las situaciones denunciadas por el Equipo Regional, del que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) es parte, son las miles de muertes que se continúan registrando, particularmente, en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, como consecuencia de ” la presencia de crimen organizado que incluye, pandillas, bandas extorsionistas, narcotraficantes, secuestradores y fuerzas de choque paraestatales”.
Del @cenidh participa Georgina Ruiz, quien comparte cómo en #Nicaragua se vive una grave situación de #DDHH a causa de la represión estatal. Además, detalla sobre la inestabilidad democrática, inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica, el ataque al @cenidh y a los defensor@s. pic.twitter.com/r1VViwvKEh
— Cenidh (@cenidh) 3 de diciembre de 2019
Desde abril 2018, cuando en Nicaragua iniciaron las protestas sociales contra medidas arbitrarias del régimen de Daniel Ortega, en el país -según las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos de Nicaragua- se han registrado asesinatos por motivos políticos, ejecutadas por fuerzas de choque paraestatales. La cifra de muertes en el contexto de crisis en Nicaragua ya ascienden a más de 300.
La conclusión a la que llega el Equipo regional es que, aunque los estados han intentado demostrar que adoptan medidas de “seguridad”, la realidad es que los gobiernos “han creado una serie de medidas de seguridad centradas en salvaguardar las instituciones públicas, los intereses de los gobernantes de turno, así como el poder económico y no para preservar la seguridad y los derechos humanos de la población”.
La tasa promedio de la región es de 23,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual la convierte en una de las más violentas en el mundo, ubicada en la posición 92 respecto a la lista de 163 países, en el Indice de la Paz Global (IPG) 2019.
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Los defensores que integran el Equipo regional extendieron su preocupación por el retroceso que registra la región en cuanto a al goce pleno de los derechos humanos para una vida digna; retroceso en la clasificación mundial de la libertad de prensa, debido a serias agresiones y amenazas en contra de periodistas y medios independientes; limitación a la libertad de expresión y acceso a la información; el uso de la criminalización como métodos represivos más utilizado por los gobiernos, para obstaculizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos; hechos de violencia contra la mujeres, que en 2018 en Centroamérica llegaron a 1590 femicidios; sistemas de administración de justicia poco efectivos, persistencia y agudización de la pobreza y desarrollo humano.
Es por ello que el Equipo de Regional de organizaciones defensoras de derechos humanos instaron a los estados a asumir su responsabilidad en consolidar la democracia, el goce pleno de los derechos y libertades, cesar la criminalización de defensores de derechos humanos y promover el desarrollo de las sociedades.