El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sus subordinados de la Alcaldía de Managua, implementan una nueva medida para continuar con sus desesperadas acciones de recaudación. En esa ocasión, el régimen orteguista intenta penetrar en residenciales capitalinos para actualizar sus bases de datos y presionar el pago por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
La Alcaldía de Managua envió a los residenciales Villa Gaudí, Portal del Carmen y San Sebastián una notificación en la que les exigió que se presentaran al término de 24 horas -contando a partir de la hora y fecha de la entrega de la notificación- con el fin de que muestren; el permiso de construcción de caseta de seguridad y agujas de control en accesos a la urbanización y documento en el que se les autorice controlar el acceso vehicular y peatonal.
Sin embargo, la Alcaldía de Managua ha olvidado -en los últimos 12 años- solicitar al régimen orteguista que libere las calles públicas en las que, desde el 2007, Ortega tiene su bunker y casa del partido Frente Sandinista, donde el perímetro de, aproximadamente, dos manzanas de terreno mantiene un anillo de seguridad de unos cincuenta policías y patrullas que vigilan cada cuadra.
En 1990, según el relato del expresidente Arnoldo Alemán, acusado por actos de corrupción que ejerció durante su periodo en la presidencia en 1997-2002, Alemán -en ese entonces alcalde de Managua- intentó quitar ese cerco al reparto El Carmen, donde Ortega se apostó y mandó a cerrar en principio dos calles, pero no pudo hacerlo. “No hubo apoyo de la Policía…no acataron la orden de la Alcaldía de Managua.Yo notifiqué al ejecutivo, a la secretaria privada del ejecutivo que dirigía Antonio Lacayo y no me contestó absolutamente nada, solo se pudo lograr que se abriera la calle de Canal 6, que tenía Bayardo Arce”, relató Alemán a LA PRENSA.
Lea También: Esto es lo que Daniel Ortega gastará en seguridad en 2020
Añadió que esa calle “fue cerrada por el dictador (Ortega). No se acuerda que dijo que iba a gobernar desde abajo en el tiempo de doña Violeta (Barrios). Entonces, él mismo cerró. Yo intenté abrir cuando era alcalde porque las calles son de la Alcaldía, son calles que tendrían que ser públicas, pero la Policía no quiso acatar la solicitud cuando era Rene Vivas el primer jefe de la Policía. Se les solicitó auxilio para liberar las calles, pero no quiso acatar la solicitud, solo abrieron la de Canal 6”, añadió.
La Prensa realizó un recorrido en cada uno de los residenciales notificados por la Alcaldía de Managua, pero los habitantes prefirieron no dar detalles -algunos por temor a represalias- sobre el proceder que tomarán luego de recibir dicha notificación.
No obstante, en el residencial San Sebastián uno de los habitantes -que pidió no se revelara su identidad- afirmó que uno de los coordinadores del Frente Sandinista que habita en el lugar les indicó que no se preocuparan, que él gestionaría todo con la Alcaldía de Managua para que no les quiten la aguja de la entrada de la urbanización.
En el residencial Villas de Gaudí la Asociación de Vecinos decidió no dar declaraciones, pero algunos habitantes exteriorizaron su preocupación por la posibilidad de que la Alcaldía les obligue a quitar el portón y vigilancia, aunque se tengan los permisos. “Nos sentiríamos más inseguros”, dijo uno de los habitantes. “La Alcaldía entregó la notificación en este residencial el pasado martes, 03 de noviembre, pero una semana antes llegó a realizar medidas del portón y la garita”. añadió.
Lea Además: Alcaldía de Managua exige solución
La Prensa también intentó contactarse con los desarrollares de Villas Gaudí, pero la encargada no se encontraba. Asimismo, se conversó con José Montiel, director del proyecto del residencial San Sebastián (2013-2015, según registros de notas periodísticas), que al ser consultados por los permisos de construcción de construcción afirmó “no sé de qué me está hablando, pero yo en San Sebastián no trabajo desde hace más de tres años así que no sabría contestarle. Cuando lo entregaron el residencial tampoco estuve, yo salí antes”.
Medida es recaudatoria
La presidenta de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), Hilaria Salinas, reveló que como organización han tenido conocimiento de cinco casos -que prefirió no revelar nombres porque no contaba con el permiso de los agremiados- de urbanizadoras a las que les ha llegado la notificación, pero aseguró que los desarrolladores de dichos proyectos ya se presentaron ante la Alcaldía de Managua para mostrar los permisos .
“Ya se sentaron con las autoridades y cada quien presentó su documentación, entonces, conocieron que la preocupación que existe por parte de la Alcaldía es que en algunos residenciales no están pudiendo tener acceso para hacer el cobro del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Esa es una preocupación general, entonces, en algunos casos se están sentando los desarrolladores o incluso asociaciones de vecino para hablar con la Alcaldía y tratar de dilucidar caso por caso”, pormenorizó Salinas.
Lea también: Negocio de las urbanizaciones se hunde debido a la crisis sociopolítica en Nicaragua
Lo afirmado por las empresas notificadas y la presidenta de Cadur es respaldado por el concejal de la Alcaldía de Managua por parte del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Carlos Bonilla, quien apuntó que esta ola de notificaciones que se registran es porque la municipalidad busca “hacer una actualización de los bienes inmuebles. Lo que yo he percibido es que quieren actualizar eso para seguir aumentando los impuestos, hacer que morosos paguen y se inventan esa excusa de los portones, agujas y muro, pero la realidad no es que quieren ver los permisos. Lo que quieren es presionar los pagos del IBI porque aquí hay que ser claros, nadie, pero nadie que sea empresa grande y se vaya a meter a construir una urbanización o residencial lo haría sin un permiso de Urbanismo de la Alcaldía. Los residenciales se construyen con un previo permiso de la Alcaldía”.
En su afán por aumentar la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e interrumpir la prescripción de este adeudo, las autoridades municipales del departamento de Managua están desempolvando la vieja obligación por ley que tienen los dueños de propiedades de declarar “los bienes inmuebles poseídos hasta el 31 de diciembre de cada año”, sobre el cual se hará el cálculo del impuesto a pagar a mas tardar en el primer semestre del siguiente año.
Es el caso por ejemplo de la Alcaldía de Mateare que esta semana distribuyó casa por casa en el residencial Ciudad Doral una volante en el que notifica que el dueño de la propiedad debe presentarse a sus oficinas y llevar consigo el plano del terreno, escritura de la propiedad, copia de cédula de identidad, certificado catastral y el pago del 1 por ciento, para hacer la debida declaración del IBI.
La autoridad municipal se auxilia del decreto 3-95 Ley de Bienes Inmuebles, que efectivamente establece la obligación de los residentes de declarar los bienes inmuebles acumulados al término del año y sobre los que debe pagar impuesto. Existe un monto exento, el cual muy bajo, por lo que la gran mayoría de los nicaragüenses deben pagar este impuesto anualmente.
Gilberto Lindo, especialista en temas municipales, explica sin duda el objetivo de las alcaldías de obligar a los residentes a declarar el IBI tiene como finalidad aumentar la recaudación y evitar con las notificaciones que las deudas prescriban.
Lindo señala que generalmente las alcaldías no presionan por el pago de este impuesto en el caso de los dueños de viviendas familiares sino hasta que el dueño hace el trámite para inscribir la propiedad una vez que la ha cancelado.
Desesperación por obtener recursos
Sin embargo, ante la necesidad de obtener recursos es evidente que ahora están desesperado por acelerar este cobro. “Antes ellos solo se centraban en cobrar los más fáciles. A los propietarios grandes, a los que hacen negocios, pero al resto no lo hacían por razones políticas, para evitar crear malestar entre la población, pero ahora la necesidad de recaudar, los está motivando a buscar dinero de donde sea”, añadió Lindo.
Una fuente vinculada a temas tributarios confirmó que existe un afán por parte de la Alcaldía de Managua por recaudar más dinero proveniente del IBI y hay fuertes quejas de que las autoridades municipales inclusive no están queriendo reconocer la prescripción de deudas antiguas.
Lea Además: Alcaldía de Managua «ciega» ante proliferación de basureros ilegales en varios rincones de la capital
“La ilegalidad que está cometiendo la Alcaldía de Managua es que no está reconociendo la prescripción. El artículo 71 del plan de arbitrio de Managua dice que los impuestos municipales vencen a los dos años, sin embargo ellos están cobrando 10 años, eso está pasando ahorita en la Alcaldía de Managua”, explicó.
A criterio de la fuente, que prefiere no ser citada, recuerda que las personas cuyos bienes están exentos de este pago deben hacer sus declaraciones porque de lo contrario están expuestos a multas.
Permisos están al día
Por su parte, la presidenta de Cadur rescató que están seguros de que sus agremiados “cumplen con sus permisos, entonces, seguramente, lo que se haya presentado en la Alcaldía -cuando se solicitó el permiso de construcción- incluía los portones, agujas o muro perimetral. No creo que un desarrollador -parte de la Cámara- se haya tomado la libertad de hacerlo sin el debido permiso y si eso fue presentado y aprobado por la Alcaldía los vecinos no tienen por qué sentir ninguna preocupación”.
Salinas descartó la posibilidad de que la Alcaldía vaya a obligar el retiro de portones, agujas, seguridad o muro perimetral. “Yo no creo que la intención sea la de quitar esos portones y abrir, principalmente, cuando hay asociaciones de vecinos que están organizadas. Es más que nada para poder hacer el cobro del IBI, según lo que he recibido de los desarrolladores que ya se han presentado en la Alcaldía. Creo que también es una forma de la Alcaldía de poner orden, de tratar de ordenar la cobranza del IBI, corroborar los permisos, revisar las asociaciones de vecinos”, añadió.
Además, anunció que como Cadur sostendrán una reunión con sus agremiados para, posteriormente, “presentar o elaborar una posición de todas las empresas que están teniendo este problema en base a nuestro análisis legal y en base a lo que cada quien ha estado viendo con la Alcaldía, pero los vecinos no deben de preocuparse por eso”.