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Uno de los más de 30 entierros que han ocurrido en Masaya. LA PRENSA/Manuel Esquivel

Estados de Naciones Unidas piden cuentas al régimen sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos en Nicaragua

Crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones forzadas, malos tratos, crueles y degradantes, juicios parcializados son algunas de las violaciones que han sido ampliamente documentadas

Los informes en los que el régimen explica cómo ha respondido a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, económicos, sociales, entre otros, han sido cuestionados por los comités de derechos humanos, que son los órganos responsables de monitorear el cumplimiento de los Estados con respecto a los tratados ratificados por los países.

A Nicaragua le piden cuentas sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de la crisis política y que persisten hasta la fecha.

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El 2019 no fue un buen año para el régimen orteguista. Pese a que mantuvo el discurso de haber sido víctima de un “golpe de Estado” y de ser respetuoso de los derechos humanos, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las de organizaciones nacionales y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes desnudaron las sistematicidad de violaciones de derechos humanos.

Crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones forzadas, malos tratos, crueles y degradantes, juicios parcializados son algunas de las violaciones que han sido ampliamente documentadas por expertos en el tema, y expuestas en espacios internacionales, provocando la condena masiva de los países contra la dictadura Ortega-Murillo.

En la lista de cuestiones relativas al quinto informe periódico de Nicaragua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas hace una serie de solicitudes de información al régimen orteguista sobre el derecho a la libre disposición de las riquezas y los recursos naturales, no discriminación, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el derecho a trabajar, el derecho a la seguridad social, entre otros.

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En el apartado referido al tema laboral, el Comité solicita información sobre los casos de personas que fueron despedidas en el contexto del estallido social.

“(…) En particular, sírvanse informar sobre las medidas adoptadas para investigar las alegaciones sobre despidos injustificados de médicos, maestros y docentes universitarios que se llevaron a cabo en el contexto de la crisis sociopolítica en 2018”, puntualiza.

También consultan a Nicaragua sobre qué medidas concretas está adoptando para avanzar hacia la cobertura universal de la seguridad social.

“Sírvanse informar sobre avances realizados para el establecimiento de un piso de protección social en el Estado parte. Se ruega, proporcionar información sobre las reformas realizadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y cuál ha sido su impacto”, expone el documento.

La reforma unilateral a la seguridad social de 2018, que entre otras cosas condenaba a los jubilados a entregar el cinco por ciento de su pensión, provocó la ola de manifestaciones cívicas, que después se convirtieron en demanda de justicia por las víctimas mortales que dejó la respuesta represiva.

Preguntan por PDDH

El Comité de Derechos Humanos solicita al régimen de Daniel Ortega proporcionar información sobre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Debe indicar las medidas adoptadas por el Estado en respuesta a la reciente degradación de la PDDH a la clase B por parte de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri).

“Sírvanse aclarar las medidas tomadas para garantizar la independencia y funcionamiento adecuado de la PDDH y comentar la afirmación de la Ganhri de que la PDDH está actuando de manera que ha comprometido gravemente el cumplimiento de los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (Principios de París), aprobados por la Asamblea General en su resolución 48/134”, expone el documento.

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En marzo de 2019 la Procuraduría nicaragüense fue degradada de categoría A a la B, lo que significa que el país no cuenta con una representación internacional, puesto que sigue siendo un miembro, pero sin derecho a voz y voto.

¿A cuántos mataron?

El Comité de Derechos Humanos solicita al régimen que proporcione el número de muertes y heridos relacionados con las protestas, las investigaciones llevadas a cabo, el número de enjuiciamientos y condenas.

De acuerdo con la CIDH, la letalidad del régimen cobró 328 vidas. Sin embargo, los casos han quedado en la impunidad.

Asimismo, el Consejo le pide al país que describa las medidas adoptadas para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden, particularmente en ocasión de las protestas sociales.

“Comenten, asimismo, información proporcionada al Comité que dan cuenta que elementos armados progubernamentales, incluyendo aquellos conocidos como ‘fuerzas de choque’ o ‘turbas’, han actuado con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, en ataques a manifestantes e incluso detenciones ilegales”.

Ha sido documentado ampliamente que los grupos irregulares actúan bajo la venia de la Policía.

Cero credibilidad del régimen

Pese a que en la actualidad los parapoliciales no andan uniformados con camisetas, como si lo hicieron para la “operación limpieza”, ni muestran sus armas, es común que en cualquier intento de protestas o piquetes cívicos, hombres de civil, con el rostro cubierto por un casco agredan, graben e insulten a la población que ejerce su derecho a manifestarse sin que la Policía haga nada.

Para el experto en derechos humanos, Uriel Pineda, los Estados se comprometen a respetar (no violar) y garantizar (hacer que se cumplan) los derechos humanos. Los informes son necesarios para documentar y tener registros de las violaciones, en espera de que eventualmente se pueda hacer justicia y reparar las violaciones.

En ese sentido, el Comité le solicita que comente sobre informes que dan cuenta de un alto número de muertes como resultado de la represión de las manifestaciones y desmantelamiento de los tranques, así como de los enfrentamientos entre la Policía, los grupos armados progubernamentales y los manifestantes entre abril y agosto de 2018.

También le pide información sobre los recientes homicidios y tentativas de homicidios ocurridas entre junio y julio de 2019, principalmente en el departamento de Jinotega.

Régimen presenta informes

Después de varios años de silencio internacional, en los que el régimen de Daniel Ortega no presentaba informes ante Naciones Unidas, en el 2019 lo hizo: entregó el informe ante el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Eliminación de todo tipo de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Eliminación de Discriminación Racial y ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Los respectivos Comités revisan la implementación de los tratados o pactos de la que son parte los países, y entregan una lista de recomendaciones a los Estados, que a su vez deberán responderlas para ser nuevamente evaluados. Es decir que Nicaragua seguirá estando en la palestra internacional en el 2020, ya que continuarán examinando las acciones que el gobierno hace para garantizar los derechos humanos.

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