Cuatro horas de ofensas, amenazas e insultos. Los diputados FSLN y del PLC protagonizan otra sesión vergonzosa

Insultos, amenazas, ofensas y burlas fue lo que más salió de la boca de los legisladores, especialmente de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)

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Los diputados del FSLN se burlaban de los liberales por las críticas al Presupuesto 2020. LA PRENSA/ LUCIA NAVAS

Cuatro horas, cinco minutos con 58 segundos duró la sesión para aprobar la Ley Anual del Presupuesto General de la República 2020 en la Asamblea Nacional, en la que los diputados orteguistas y liberales exhibieron la intolerancia hacia las posiciones contrarias así como la pobreza política de quienes aprueban las leyes en Nicaragua.

Insultos, amenazas, ofensas y burlas fue lo que más salió de la boca de los legisladores, especialmente de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en reacción a los señalamientos de los del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de que el Presupuesto del 2020 enfrenta grandes riesgos porque lejos de que la economía se recupere se profundiza la recesión debido a crisis social y política al persistir la represión contra los ciudadanos.

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«Falsos», «mentirosos», «dan vergüenza», «rabiosos», «emperrados», «chantaje político cínico y vulgar», «ignorantes» fueron parte de los ataques de los orteguistas a los del PLC, siendo José Figueroa, Wálmaro Gutiérrez y José Antonio Zepeda de la bancada FSLN quienes destacaron en la sesión por ser los que más agresivos.

Espinales apagó el micrófono a Salinas

Once diputados intervinieron en el plenario para defender o criticar la Ley presupuestaria. En promedio cada uno tardó entre 20 y 35 minutos.

A la diputada del PLC, Adilia Salinas, le apagaron el micrófono cuando la primera vicepresidenta de la Junta Directiva, la orteguista Maritza Espinales, le reclamó por usar el tiempo para exponer las series de violaciones a los derechos humanos contra los campesinos, estudiantes, empresarios y demás sectores que demandan la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«El régimen continúa con las violaciones de las libertades y garantías constitucionales, secuestros a los opositores, impedimento a la libertad de religión, persecución a los eventos religiosos…», fue parte de los abusos denunciados parte la diputada Salinas.

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La Policía Orteguista (PO) mantiene el hostigamiento y asedio a parroquias de la Iglesia católica por su crítica a la represión, así como a los curas y obispos se les acusa de ser parte del «fallido golpe de Estado» que es la versión de la dictadura a las protestas desde abril del 2018.

La orteguista Espinales interrumpió a Salinas para que «se centrara en el tema que estamos discutiendo» sobre el Presupuesto. La liberal Salinas ignoró a Espinales y continuó señalando los abusos a los derechos humanos así como las medidas económicas que dañan a los jubilados, como fue que el INSS no les ajustó la pensión anual en el 5 por ciento sino el 3 por ciento, debido a que el Banco Central de Nicaragua (BCN) decidió reducir la tasa de deslizamiento del córdoba frente al dólar.

«Se dejó de pagar 400 millones de córdobas en las pensiones de los jubilados. No se ve ninguna posibilidad de que ningún pensionado recupere lo que se les dejó de pagar», dijo Salinas. La orteguista Espinales no la quiso seguir escuchando más y le cortó la palabra, haciendo que el personal técnico de la Asamblea apagara el micrófono de Salinas. Luego cedió la intervención a su colega del FSLN, José Antonio Zepeda.

Molestos porque les recuerden desastre económico

De los temas que más enojo causó en los orteguistas fue que los liberales recordaron el desastre económico heredado por el primer régimen de Daniel Ortega en la década de los años 80, con una deuda externa de más de 10,710 millones de dólares que se logró reducir gracias a las gestiones diplomáticas de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien al asumir en 1990 consiguió que la comunidad internacional condonara el cincuenta por ciento de esa deuda a Nicaragua. Posteriormente el gobierno de Enrique Bolaños (enero de 2002-enero de 2007) consiguió reducirla hasta dejarla en 3,500 millones de dólares.

Wálter Espinoza, del PLC y miembro de la Comisión Económica, mencionó que «pese a las asonadas  y los bloqueos que el Frente Sandinista causó en los 16 años de los gobiernos que llama neoliberales» es que se logró recuperar la economía del país «de la sombra negra en que la dejaron» el régimen de Ortega al perder las elecciones en 1990.

«Esos son hechos que tampoco se olvidan  ni van a desaparecer», les dijo Espinoza haciendo referencia al discurso que el ministro de Hacienda, Iván Acosta, cuando presentó la propuesta del Presupuesto 2020 el pasado 30 de octubre en el poder Legislativo, donde el funcionario refirió a las pérdidas económicas por las protestas ciudadanas.

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Mientras el diputado Espinoza hablaba en el hemiciclo los orteguistas se reían y burlaban. Ni Figueroa, ni Gutiérrez ni Zepeda contestaron sobre el recordatorio de la economía en ruinas que dejó el primer régimen del FSLN. Prefirieron mencionar los proyectos de caminos, carreteras, escuelas, centros de salud, hospitales y otros programas ejecutados desde el 2007 que Ortega retomó el poder, en el que se ha mantenido a través de fraudes electorales, según documentan organismos de observación nacional.

Zepeda pide castigo a quien se oponga

Zepeda es además de diputado miembro del Consejo Directivo del INSS en representación del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), brazo sindical represor del régimen. Al intervenir en el plenario Zepeda pidió a la Junta Directiva tomar medidas contra los del PLC por lo que el orteguista considera es un mal uso del derecho a oponerse a las leyes de la dictadura a través del voto razonado.

«Quisiera hacer el llamado por el uso y el abuso que se está haciendo del voto razonado. Se ha estado utilizando este mecanismos para estar, en primer lugar para oponerse sobre supuestos argumentos falsos de toda falsedad. Creo que la Ley Orgánica establece que es en el momento que se dictamina (una ley) que el diputado expresa su rechazo, sin embargo hemos notado como un abuso, como el que se presentó hoy… Parece que quien les hizo el documento lo mandaron a leer. (…) A la Junta les solicito que revise esta situación del voto razonado, no podemos argumentar falsedades», fue parte del reclamo de Zepeda.

Tampoco gustó a los oficialistas que se les expusieran que la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es responsabilidad de la dictadura de Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo, porque es con esta administración que se acumula un déficit financiero que en 2019 cerrará en más de tres mil millones de córdobas y que se mantendrá en esos niveles en el 2020.

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Figueroa, orteguista y vicepresidente de la Comisión Económica, fue el más irritado por este tema.

«En el Presupuesto 2020 se programan 1,812 millones de córdobas (del pago de la deuda del Estado al INSS), ahí van 131.6 (millones) para pensiones especiales. Es decir un aporte de 1,943 millones que lo hace nuestro gobierno para honrar la deuda histórica que heredados los gobiernos de ustedes» liberales, dijo Figueroa.

Para el ortegusta Figueroa son «pronósticos apocalípticos» y «pese a las amenazas de sanciones que mal hijos de la Patria van a pedir» a Estados Unidos y la Unión Europea que apliquen al régimen de Nicaragua por la represión, no cederán en derogar la reformas a la Seguridad Social y la fiscal que ha descapitalizado a las empresas y causado mayor desempleo.

Maximino Rodríguez, del PLC, le contestó a Figueroa recordándole que «no pretendan engañar al pueblo» diciendo que es el Gobierno quien sostiene al INSS porque «son los trabajadores y los empresarios con sus aportes quienes sostienen al Seguro Social», dijo.

«Quiero decirle al diputado Figueroa que el pueblo nicaragüense no se traga esa retórica desfasada. Quiero decirle que se informe mejor. El Seguro Social cuando lo entregó Enrique Bolaños (en enero del 2007) tenía un superávit de 1,400 millones de córdobas. Hoy día, ese Seguro Social en manos de ustedes (orteguistas) y manejado de forma irresponsable tiene un déficit de cuatro mil millones de córdobas», le recordó Rodríguez los datos oficiales.

Que se dijera que se viola la Ley de Transferencias Municipales al asignarse el cuatro y no el diez por ciento de los ingresos tributarios del presupuesto a las alcaldías, como que se use los recursos como instrumento político para castigar a los municipios donde los alcaldes son opositores tampoco les gustó a los orteguistas.

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A falta de argumentos que refutaran esos números concretos sobre las transferencias municipales, la crisis del INSS y la recesión económica que recoge el Presupuesto público 2020, los legisladores oficialistas respondieron con discursos agresivos.

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