Un investigación internacional debe esclarecer la violencia en Bolivia tras las fallidas elecciones de octubre, incluidas las “masacres” de civiles, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un extenso informe difundido este miércoles (11.12.2019) por esta comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) califica de “masacres” las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos como “ejecuciones extrajudiciales”.
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El informe es resultado de una visita de observadores de la CIDH por “invitación del Estado” boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto. La comisión constata que desde los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron después anulados, murieron 36 personas por la violencia en el país, al menos 18 de ellas en esas dos ciudades.
Otras entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia cifran en al menos una veintena los fallecidos, diez en Sacaba el pasado 15 de noviembre y otros diez en El Alto el 19 de ese mes.
El estudio de la CIDH advierte de que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares “habrían abierto fuego contra la población civil”. La comisión recoge que la versión oficial niega que fueran las fuerzas del orden las que dispararan, mientras que las víctimas denuncian “represión con armas de fuego”.
“Estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”, detalle el informe. Además, “los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”, añade.
La CIDH fue informada también de otras muertes, incluyendo agentes de la fuerza pública, en sucesos violentos en el país. “Se trata de hechos de violencia extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales”, subraya.
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La comisión asegura que el Gobierno interino de Bolivia se ha mostrado “plenamente de acuerdo” con una investigación internacional.
La CIDH emite una serie de conclusiones, la primera la necesidad de una investigación internacional y otras como “suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, para “restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz”. La comisión rechaza además cualquier “amnistía” a quienes se considere responsables de estos hechos violentos.