El hombre que durante años lideró la sangrienta guerra contra los carteles de la droga mexicanos acaba de ser arrestado en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.
Se trata de Genaro García Luna, quien después de una larga carrera dentro los servicios de seguridad mexicanos se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.
Fue desde ese puesto que García Luna impulsó una política frontal de combate al narcotráfico que incluía la participación del ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de 250,000 muertos.
Según las autoridades estadounidenses, para ese entonces el funcionario ya había recibido los primeros sobornos del Cartel de Sinaloa, que supuestamente le siguió pagando “a cambio de protección para sus actividades”.
Los primeros señalamientos en contra de García Luna se hicieron públicos durante el juicio en Nueva York de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el célebre líder del Cartel de Sinaloa.
Y aunque el exfuncionario niega las acusaciones, la justicia estadounidense decidió imputarle “tres cargos por conspirar para traficar cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas”, según un comunicado del Departamento de Justicia.
“García Luna es acusado de tomar millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa de ‘El Chapo’ Guzmán mientras controlaba la Policía Federal mexicana y era responsable de asegurar la seguridad pública de México”, dijo también Richard P. Donoghue, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.
Ya antes una investigación del canal Univisión también había revelado nexos cuestionables con un empresario privado de seguridad que se habría beneficiado de la guerra contra las drogas que él lideraba.
Y García Luna también estuvo en el centro de la polémica desatada por el célebre caso Cassez-Vallarta, una de las detenciones más mediáticas y controversiales del país y el detonante de un conflicto diplomático con Francia.
“Montaje”
Para ese entonces García Luna se desempeñaba como director de la Agencia Federal de Investigaciones.
Y el 9 de diciembre de 2005 millones de mexicanos pudieron ver en vivo por televisión como sus agentes entraban a un rancho del sur de la Ciudad de México y detenían a la ciudadana francesa Florence Cassez y a su compañero, Israel Vallarta, quien confesaba ante las cámaras el secuestro de tres personas.
La operación, sin embargo, se reveló como un montaje: en palabras de García Luna, “una recreación” organizada a petición de las televisoras, con las que mantenía una relación muy cercana.
Y en 2013 la Corte Suprema mexicana ordenó suspender la condena a 60 años de Cassez por considerar que la transmisión había “contaminado” el juicio en el que había sido declarada culpable.
Pero para ese entonces García Luna ya se había mudado a Estados Unidos, dejando atrás toda una vida en los organismos policíacos y de espionaje mexicanos.
Ingeniero de formación, en 1989 fue reclutado como investigador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación.
Y durante sus primeros años en el Cisen, García Luna se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México, especializándose posteriormente en el combate a bandas de secuestradores.
Quienes lo conocen de esa época cuentan que García Luna logró el rescate de varios personajes importantes, especialmente empresarios que años después lo ayudaron en su carrera dentro del gobierno.
Y del Cisen el funcionario pasó a la Policía Federal Preventiva, y luego a la Agencia Federal de Investigación, dos corporaciones que desaparecieron cuando García Luna se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública, a partir de 2006.
Perseguido por la polémica
La polémica tampoco lo abandonó durante su tiempo en esa Secretaría, pues la costumbre de mostrar ante los medios a muchos detenidos que luego resultaban absueltos fue denunciada como un abuso de derechos humanos.
Organizaciones civiles también criticaron duramente el uso de testigos protegidos en procesos judiciales, para pretender vincular a activistas y medios de comunicación con bandas de narcotráfico.
García Luna, sin embargo, fue sobre todo criticado por el elevado número de muertes de la que se reveló como una guerra infructuosa contra el narcotráfico.
Y dos días antes de dejar el cargo, también se hizo pública una carta del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, en la que lo vinculaba con carteles de narcotráfico.
En ese momento la acusación fue desestimada por las autoridades mexicanas.
“No se puede dar más crédito a las declaraciones de un delincuente que a un servidor público dedicado al combate de los criminales”, dijo en su momento el senador Omar Fayad.
Las autoridades estadounidenses, sin embargo, no parecen compartir esa posición, pues le han dado credibilidad a las denuncias hechas durante el juicio al Chapo Guzmán.
Tal vez porque, como señala la acusación, luego de establecer su residencia en Estados Unidos en 2012, García Luna “amasó una fortuna personal de millones de dólares“.
De ser encontrado culpable, el exfuncionario mexicano podría ser sentenciado a una condena mínima de 10 años de prisión, y una máxima de cadena perpetua.