El régimen orteguista sorpresivamente firmó un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) autorizando que instale una delegación en Nicaragua.
Sin embargo, le hace una serie de advertencias de que no le permitirá “la politización” “ni el doble rasero” en sus asistencias cuando se le requiera.
Aunque el régimen envió el lunes 10 de diciembre a la Asamblea Nacional la “Iniciativa de decreto de aprobación del Acuerdo entre Nicaragua y el CICR para el establecimiento de una delegación” del organismo internacional en el país, los diputados aceleraron su revisión y consulta para poder aprobarlo esta misma semana.
La premura se debe a que el Legislativo concluye el trabajo anual 2019 el 15 de diciembre.
El propósito del acuerdo es “el establecimiento de una delegación del CICR en Nicaragua a fin de que realicen sus actividades y ejecuten sus programas en plena conformidad con su labor reconocida internacionalmente y sus principios fundamentales de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”, reza el texto.
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Los miembros de la delegación gozarán de inmunidad al igual que será inviolable su sede, documentos y bienes como la confidencialidad de sus informes.
Además gozarán de exoneración de impuestos de los bienes y artículos de uso oficial del organismo. Esos beneficios se ajustan los pactos de derecho internacional público adquiridos por los Estado con Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dictadura les advierte que no sean como CIDH o OACNUDH
El apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja se requiere “para mejorar la capacidad de respuesta nacional a cualquier tipo de catástrofes bajo un absoluto marco de respeto fundamentales” de la Constitución Política de Nicaragua, según el documento.
Pero la dictadura orteguista puso advertencias al CICR de cómo les permitirá trabajar en el país.
“Revisando los principios del CICR es posible afirmar que todas las etapas del proceso de apoyo y acompañamiento es de vital importancia evitar la politización, los dobles raseros y la selectividad que ya afectan el trabajo de diferentes órganos multilaterales o internacionales”, es la advertencia en la fundamentación del acuerdo enviado por el dictador Ortega.
El CICR es el único organismo internacional de ayuda humanitaria que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo permite en Nicaragua, funcionando como facilitador en los procesos de excarcelación de más de cien presos políticos entre mayo y junio del 2019, que se dieron en base al acuerdo firmado con la opositora Alianza Cívica durante el segundo diálogo nacional.
Ese acuerdo fue incumplido por la dictadura al no liberar a todos los presos políticos, por el contrario han seguido los secuestros y detenciones ilegales por parte de la Policía Orteguista (PO) debido al incremento de la represión.
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A las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) se les expulsó del país y se les niega su retorno debido a los demoledores informes sobre la represión contra las protestas ciudadanas desde abril del 2018, en donde se documentó los crímenes considerados delitos de lesa humanidad cometidos por dictadura que encabeza Daniel Ortega, su pareja Rosario Murillo y sus funcionarios.
Ellos son señalados en los documentos oficiales, como responsables de la masacre de más de 328 personas desde abril de 2018 a la fecha, así como autores de miles de heridos de bala, secuestros, torturas, violaciones y abusos sexuales contra prisioneros y otra innumerable cantidad de barbaries.
Uno de los jefes policiales, el comisionado general Ramón Avellán, incluso es acusado por Estados Unidos como autor del asesinato de 107 personas durante las masacres de la llamadas “Operaciones Limpieza” que ordenó Ortega y Murillo desde su búnker en El Carmen.