Más de 70 organizaciones de la sociedad civil le piden a Bachelet y ONU mantener resolución por abusos de derechos humanos en Nicaragua

Organizaciones de la sociedad civil llaman al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mantener la presión sobre la sanguinaria dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua

Michelle Bachelet

Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua e internacionales claman a Michelle Bachelet por sostener la presión contra la sangrienta dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. LA PRENSA/ARCHIVO

Al menos 70 organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua e internacionales, emitieron un pronunciamiento dirigido a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante el cual denuncia el sostenimiento de las políticas de represión bajo la dictadura orteguista y solicitan la renovación en 2020 de la resolución que este año condenó las violaciones de derechos humanos en el país.

Entre las organizaciones que respaldan el documento figuran organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación independientes, movimientos estudiantiles, grupos feministas, centros de investigaciones sociales, organizaciones ambientalistas y decenas de movimientos y organizaciones no gubernamentales tanto de Nicaragua como internacionales.

«Queremos expresar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, nuestra alarma por el escalamiento de la represión en Nicaragua y la renuencia del Estado de Nicaragua a dar respuesta a los llamados contenidos en la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8) aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019», dice parte del documento.

Ginebra
Michelle Bachelet, presenta en Ginebra su informe sobre violación de derechos humanos en Nicaragua. LA PRENSA/CORTESÍA

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Violencia orteguista continúa rampante e impune

«En este sentido y a casi un año de la adopción de la mencionada resolución, las organizaciones que suscribimos el presente, queremos dar cuenta de que las preocupaciones, solicitudes y llamados contenidos en dicha resolución siguen hoy vigentes», denuncian, resaltando que siguen vigentes las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018

«Continúan las agresiones, amenazas y represalias hacia defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas y afrodescendientes, personas LGBTI, excarcelados, familiares de víctimas de la represión, niños, niñas y adolescentes, miembros de la Iglesia católica y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir», denuncian los activistas.

Ellos informan a Bachelet que en Nicaragua se siguen registrando allanamientos ilegales y tratos degradantes por parte de la Policía Orteguista, como el reciente caso de la familia Reyes Alonso, en León, que fue asaltada, torturada y humillada por el jefe policial orteguista Fidel de Jesús Domínguez y guardias del régimen a su mando.

Masaya
Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya se encuentra sitiada por antimotines de la Policía Orteguista. LA PRENSA/Roberto Fonseca

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«También la violencia policial con efectos letales persiste, sobre todo en el campo, donde organizaciones contabilizan que unos 30 líderes campesinos asesinados entre abril de 2018 y septiembre de 2019, en hechos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», denuncian los firmantes.

En el amplio informe a Bachelet, con llamado público al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se denuncia que persisten las restricciones al espacio cívico y las expresiones de disensión en Nicaragua.

«Los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, continúan sin poder transmitir en televisión abierta y sus oficinas y equipos de trabajo fueron ocupados ilegalmente desde hace casi un año», denuncian las organizaciones.

periodistas, periodismo. libertad de prensa, amenazas
La Policía Orteguista mantiene ocupadas las instalaciones del canal 100 % Noticias desde el 21 de diciembre de 2018, cuando secuestraron a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
LA PRENSA/ ARCHIVO/U.MOLINA

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Respeto a los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, las organizaciones de la sociedad civil denuncian que persisten las detenciones arbitrarias, las persecuciones políticas y los juicios contra los opositores o sospechosos de serlo.

«La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia registra que al mes de noviembre al menos 159 personas continúan presas, entre ellos dos adolescentes. Entre estos presos políticos se incluyen 16 defensores detenidos en noviembre por llevar agua a un grupo de madres en huelga de hambre», denuncian.

«Estas personas son criminalizadas por su oposición al gobierno y por su trabajo de denuncia y protección de los derechos humanos», exponen.

Del mismo modo, denuncian que la dictadura que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen sin permitir el ingreso de organizaciones de derechos humanos y otros órganos de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos.

A la vez, cierra sus puertas a dialogar con las organizaciones democráticas de Nicaragua y cumplir los acuerdos adquiridos en la mesa del diálogo con los miembros de la Alianza Cívica.

Presas políticas
Amaya Coppens, junto a 12 activistas fueron secuestrados en Masaya, cuando pretendían llevar víveres a los familiares de presos políticos en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. Ahora son acusados por presunto tráfico de armas. LA PRENSA/CORTESÍA

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Dictadura no rinde cuenta de sus crímenes

Ellos señalan que la dictadura no ha rendido cuentas exhaustivas y transparentes a fin de asegurar que las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua puedan acceder a la justicia y a la reparación.

Al contrario, al dictadura continúa negando las graves denuncias de violaciones de derechos humanos «y pretende perpetuar la impunidad mediante instrumentos jurídicos» que no cumplen «con los estándares de derechos humanos respecto a la rendición de cuentas y no han contado con la participación de la sociedad civil en su proceso de adopción».

«Tampoco se ha rendido cuentas sobre los 328 asesinatos documentados por la CIDH, ni se ha procesado judicialmente a los autores materiales e intelectuales de dichos crímenes», resaltan.

Human Rights Watch
Una imagen de la represión gubernamental durante las protestas en Managua en 2018. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo son señalados de ordenar la represión que ha dejado al menos 328 personas asesinadas desde abril de 2018. LA PRENSA/JADER FLORES

Alerta por más violencia de dictadura orteguista

El llamado a Bachelet y a los estados miembros de Naciones Unidas es por el riesgo de mayor violencia estatal y parapolicial por la cercanía de las elecciones de noviembre de 2021, donde temen que «cobren mayor fuerza los esfuerzos del régimen de Nicaragua por reelegirse sin las indispensables garantías democráticas».

«Al día de hoy, en Nicaragua, no existen indicios de que las autoridades tengan voluntad para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares» advierten las organizaciones sociales.

«Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento pedimos a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenga en cuenta el contexto antes expuesto para su próxima actualización oral a realizarse en marzo de 2020», expresan.

«Además, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a las misiones diplomáticas ante las Naciones Unidas que se renueve la resolución ‘Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua’ para que OACNUDH continúe monitoreando y documentando la grave situación de derechos humanos en Nicaragua», concluyen.

 

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