Corte Suprema de Justicia orienta a jueces no excarcelar ningún reo, incluyendo presos políticos con orden de libertad

La decisión de los magistrados afecta a presos políticos que siguen en las cárceles de la dictadura, pese a tener orden de libertad emitidas por jueces debido a la falta de pruebas y otras nulidades en sus respectivos procesos judiciales.

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Régimen Ortega-Murillo ensancha la cifra de presos políticos en Nicaragua. LA PRENSA/R. FONSECA

Nuevamente los magistrados de la  Corte Suprema de Justicia (CSJ) orientaron a los jueces locales y de distrito penales a que no emitan orden de libertad a ningún detenido, menos a presos políticos, hasta que salga la lista pactada por la comisión interinstitucional de justicia penal que emite el Ministerio de Gobernación para Navidad y fin de año.

Según fuentes judiciales la CSJ está trabajando en el inventario de expedientes de presos común y presos políticos para aprobar la lista en la comisión interinstitucional de justicia penal.

Algunos de los perjudicados por esta orientación son reos políticos como José Rafael Sánchez Navarrete, acusado de amenazas con arma de fuego, lesiones graves y entorpecimiento de servicios públicos y quien tiene orden de libertad desde el 23 de septiembre de 2019, pero a la fecha no la han hecho efectiva en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro. La juez suplente Lila Toledo invocó la Ley de Amnistía en dicha orden de libertad.

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“Tenemos 10 constancias judiciales que muestra que no tiene causa ni antecedentes, pero Gobernación no hace nada. No es posible que en más de tres meses de detención ilegal el Migob no haya comprobado que no tiene antecedentes ni causas pendientes. La acusación es supuestas lesiones al alcalde de Carazo. Es un desacato a una orden judicial y una violación clara a derechos humanos”, expresó la abogada Yonarqui Martínez.

Otro caso es el del mueblero Sergio Putoy a quien el juez distrito de juicio de Masaya ordenó su libertad el 14 de noviembre pasado, tras declarar la clausura anticipada de juicio contra este porque los testigos se contradijeron y la Fiscalía no logró desvirtuar la inocencia de este. Sin embargo, esta semana se conoció que el judicial revocó la orden de libertad y se desconocen las razones.

Putoy fue procesado por supuesto robo agravado, aunque su familia y su abogada defensora Aura Alarcón denunciaron que se trataba de un montaje de la Fiscalía y la Policía porque este apoyó las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega.

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El mueblero está preso desde el 2 de agosto de 2019. La Policía Orteguista lo llegó a sacar de su centro de trabajo y fue acusado hasta el 15 de agosto, por lo que estuvo detenido de forma ilegal todo ese tiempo.

En las mismas circunstancias está Jorge Evert Centeno Hernández acusado de portación ilegal de arma de fuego en perjuicio del Estado de Nicaragua a quien este 10 de diciembre el juez local Álvaro Murillo Cruz le sustituyó la prisión por medidas alternas, ya que el sistema penitenciario nunca lo trasladaban a los juzgados y venció el término del proceso, explicó la abogada Martínez.

Al igual que Putoy, el preso político Marvin Castellón Ubía tiene sentencia absolutoria a su favor desde octubre de 2019 por falta de prueba y tampoco la han cumplido. Fue acusado de robo agravado y asesinato frustrado en perjuicio de un docente orteguista de la UNAN.

“Son secuestrados políticos dentro del Sistema Penitenciario porque la Fiscalía no apeló, es una violación de derechos humanos”, sostuvo Martínez.

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