14
días
han pasado desde el robo de nuestras instalaciones. No nos rendimos, seguimos comprometidos con informarte.
SUSCRIBITE PARA QUE PODAMOS SEGUIR INFORMANDO.

La Policía Orteguista (PO) se tomó la noche de este jueves y madrugada de este viernes las instalaciones de los organismos Popol Na, Cenidh, Instituto de Liderazgo Las Segovias y el Centro de las Investigaciones para la Comunicación (Cinco). LA PRENSA/Roberto Fonseca

Hace un año el régimen de Daniel Ortega desmanteló y confiscó nueve ONG’s. Ahora, ocupadas por la Policía, operan como cuarteles de paramilitares

La decisión contra las oenegés se basó en la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero, señalándolas de financiar actos para desestabilizar el país, sin presentar prueba alguna de estos delitos.

Hace un año inició el desmantelamiento de nueve organizaciones no gubernamentales, que han cuestionado el actuar represivo del régimen orteguista. Sus instalaciones fueron asaltadas la noche del jueves 13 y la madrugada del viernes 14 de 2018 por la Policía Orteguista (PO), misma que permanece a lo interno de las edificios a los cuales no han podido entrar sus propietarios desde que fueron allanados.

De un solo plumazo la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, les canceló la personería jurídica a las nueve organizaciones que trabajaban por la defensa de los derechos humanos, protección de los recursos naturales y pueblos indígenas, construcción de liderazgo y ciudadanía, y que en espacios internacionales dejaban al desnudo las violaciones que ha realizado la dictadura Ortega-Murillo por años.

La decisión contra las oenegés se basó en la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero, señalándolas de financiar actos para desastabilizar el país, sin presentar prueba alguna de estos delitos. Haydée Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, los califica como “delitos inventados”, que responden a una práctica usual de la dictadura. Castillo explica que las instalaciones del Instituto siguen bajo el dominio policial y de grupos parapoliciales, quienes tienden hasta su ropa en el lugar. “Prácticamente la usan como oficina de los paramilitares”, denunció Castillo.

Las organizaciones afectadas fueron nueve: el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Ipade, Fundación Popol Na, Fundación del Río, el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas).

La Fundacion Popol Na, se mantienen cerraras luego de ser confiscadas por el régimen de Ortega. Foto Jader Flores/ LA PRENSA

Lea Además:  Nueve ONG llevan seis meses confiscadas por la dictadura 

Los directivos de las organizaciones han introducido recursos de amparo y de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que los ha recibido, pero no ha habido fallo. En el caso de Fundación del Río, ya había recibido amenazas de quitársela debido a su denuncia sobre el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, uno de los detonantes de la protesta cívica.

Monica Baltodano, presidenta de la junta directiva de Popol Na, explicó que “hay una labor de desmantelamiento”. Han recibido información que del lugar han sacado aire acondicionado, muebles, equipos, y que adentro sigue la Policía. Las estimaciones de lo confiscado (equipos y muebles) es de medio millón de córdobas y solo el inmueble, como tal, ronda un millón de dólares, expresó.

Esta Fundación apoyaba, mediante programas, a las víctimas de la represión. Incluso, el mismo día del allanamiento, estaban alojadas en las oficinas unas 20 madres de presos políticos, originarias de comunidades lejanas a Managua. También contaban con una clínica que operaba en el mercado Oriental, y cubría unas cinco mil consultas al mes a un precio módico. La atención estaba orientada a mujeres, especialmente con programas sobre cáncer cérvico uterino.

La represión contra estas organizaciones se ha mantenido en todas las zonas del país. Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, denunció que su sede central, en San Carlos, Río San Juan, sigue tomada por la Policía, y además, secretarios políticos se han tomado parte de las áreas de conservación que tenía la Fundación, y eran utilizadas para educación ambiental y procesos de capacitación a las comunidades.

Lea También: Ministerio de Gobernación confisca bienes de ONG que fueron despojados de su personería jurídica  

Este es el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, una de las organizaciones confiscadas por el régimen.
LAPRENSA/CORTESÍA/ARCHIVO

Impacto del cierre de oenegés

El Instituto en Las Segovias trabajaba en la formación de liderazgos incluyentes, protección de medios de vida en el norte de Nicaragua, empoderamiento de pueblos indígenas, y la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, Castillo, considera que el principal impacto que ellos ya no estén en el terreno es que la población no tiene a donde recurrir para denunciar las violaciones a sus derechos humanos.

“Lo que el régimen hizo fue despojar al pueblo de Las Segovias de una organización que les servía de protección de sus derechos, que era el lugar donde se documentaban las violaciones. En un lugar donde el Estado nacional es el perpetuador de las violaciones y el victimario, hizo lo que hacen los violadores, aislar a la víctima”, expresó.

Pese a todas las limitaciones por las que atraviesan las organizaciones, estas han seguido trabajando. Castillo asegura que la gente se sigue comunicando con ellos. En el caso de Fundación del Río mantienen la denuncia de lo que pasa en el territorio. Ruiz confía en que las oportunidades vendrán luego que hayan cambios políticos en el país.

 

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí