Mientras el régimen orteguista se empeñe en seguir en el poder y no buscar una salida a la crisis sociopolítica del país, que ha dejado 328 víctimas mortales, las sanciones por parte de Estados Unidos continuarán y golpearán el entramado financiero que lo sostiene, tal y como pasó con las últimas designaciones contra tres empresas y Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial.
Para el analista político Eliseo Núñez, las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra Rafael Ortega, la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP Petronic), la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, por controlar, financiar y lavar dinero para el régimen, tiene dos mensajes claros: Estados Unidos está dispuesto a bloquear el entramado financiero de los Ortega-Murillo, y el segundo es que si Daniel Ortega pensaba que habría un especie de espera por parte de la administración de Donald Trump, esta no existe.
Rosario Murillo, vicepresidenta del país, fue sancionada en noviembre de 2018 por el desmantelamiento de las instituciones democráticas, violaciones a los derechos humanos, corrupción desenfrenada, entre otros; en abril, Laureano Ortega, también recibió una sanción por estar involucrado en una vasta red de corrupción y este jueves, Rafael se convirtió en el tercer miembro de la familia presidencial condenado a una “muerte” financiera, según han expresado diferentes analistas.
A eso se suma que las sanciones tocaron negocios fuertes de la dictadura como DNP, cuya red de gasolineras fue señalada por la misma población nicaragüense de abastecer de combustible a grupos parapoliciales que se movilizaron en todo el país para desmontar los tranques a punta de fuego en el 2018. En rechazo la población inició un boicot de consumo contra las estaciones de servicio.
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Núñez explicó que el sostenimiento de la dictadura no solo proviene del gobierno, sino de estos negocios. El gobierno le permite a Ortega dar empleo y pagar a las fuerzas policiales, pero del entramado de empresas mantiene la capacidad de hacer rico a su entorno inmediato, que es el que le da sostenimiento final al régimen. “La apuesta de Estado Unidos es dejar sin capacidad financiera al entorno de Ortega”, expresó.
El hecho que las sanciones apunten a los hijos, para el analista político se debe a que en manos de estos se encuentran sus negocios, y no es como el caso de Venezuela, en el que las sanciones recaen sobre muchas otras familias, que se han involucrado en el manejo financiero. “No se está siguiendo a alguien por el apellido mismo, se está siguiendo a alguien porque la capacidad financiera del régimen se soporta en ellos”, expresó.
Por su parte, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, explicó que el hecho que estas últimas sanciones estén dirigidas a este grupo de empresas es una indicación que para Estados Unidos una gran parte del problema de Nicaragua se centra en la vicepresidenta, tanto o más que en el presidente.
El gobierno estadounidense “trata de apretarle las tuercas cada vez más o socarle el cuello cada vez más a la familia Ortega-Murillo, sin perjudicar al pueblo de Nicaragua”, dijo el exdiplomático.
Núñez explicó que el régimen puede seguir en un estado de espera, pero mientras, le van a seguir desmontando su entramado financiero. Aguirre Sacasa considera que Estados Unidos será “implacable” sino hay señales hacia elecciones libres, confiables, observadas y sin el restablecimiento de un sistema electoral creíble.