El régimen de Daniel Ortega envió con solicitud de trámite de urgencia una iniciativa de Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense, para nacionalizar a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) que fue sancionada por Estados Unidos el jueves 12 de diciembre. La Ley se aprobó este sábado, a las 10:27 a.m., con 73 votos de la bancada oficialista.
La iniciativa pretende evitar un desabastecimiento del combustible, debido a que DNP es la principal importadora de productos derivados del petróleo, es decir, diesel, gasolina súper y regular terminados. El proyecto de ley “declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo y propiedad de la empresa distribuidora DNP, Sociedad Anónima”.
La iniciativa plantea que los inventarios de DNP pasan a ser propiedad total del Estado de Nicaragua, los cuales serán operados y administrados por las instituciones del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, sesiona este sábado para aprobar esta iniciativa. Los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fueron los primeros en intervenir en la discusión, para rechazar la iniciativa.
El diputado liberal Jimmy Blandón manifestó que la bancada del PLC votará en contra de la iniciativa. Mientras que los diputados oficialistas, de la bancada Frente Sandinista de Liberción Nacional (FSLN), respondieron con retórica y manifestaron que no permitirán que regrese el somocismo a Nicaragua.
El partido gobernante encabezado por la dictadura de Daniel Ortega, controla totalmente el poder legislativo y aprueba con su aplanadora todas las leyes que proponen.
La Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles fue aprobada con 73 votos a favor de la bancada sandinistas, 13 en contra, una abstención y un presente. La Ley fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial del país, el mismo día de su aprobación.
Aquí puede ver la edición de este sábado 14 de diciembre de La Gaceta
Segunda entidad privada nacionalizada
Esta es la segunda entidad privada que es nacionalizada por el régimen orteguista, para enfrentar los efectos de las sanciones de Estados Unidos, las cuales dejan sin posibilidad de hacer transacciones financieras a la institución afectada.
La primera fue el Banco Corporativo S.A. (Bancorp), sancionado en febrero por su vinculación con el grupo Alba de Nicaragua SA (Albanisa). Un mes después, el 7 de marzo, la Asamblea orteguista, además de nacionalizar Bancorp, también aprobaron que el Estado de Nicaragua pagará 743.05 millones de córdobas por el patrimonio actual de ese organismo financiero. Según la Ley de Constitución aprobada, la compra se realizará a través de la emisión de deuda, el que será pagado en un plazo de cinco años con una tasa de interés del seis por ciento anual. Dos meses después, Bancorp entró en liquidación y devolvió a los ciudadanos y las entidades financieras.
El diputado del Partido Conservador (PC), Alfredo César Aguirre, quien votó en contra de la ley aprobada este sábado, explicó que ésta “traslada la contaminacion de las sanciones a esas nuevas empresas”.
Aguirre confirmó que el caso de DNP es “parecido al de la creación de un Banco Nacional, que hace unos meses compró las acciones de Bancorp cuando fue sancionado”.
“Ni funciono el nuevo banco ni se pudo evadir las sanciones. Esta ley es innecesaria y complica aún más la situación del sector de combustibles y derivados del petróleo. El estado debe permitir que las empresas privadas independientes en libre competencia, se encarguen de la importación y distribución del petróleo y sus derivados”, manifestó el diputado.