La nacionalización de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) es considerada un “robo al Estado”, según el opositor y analista político Eliseo Núñez Morales.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jimmy Blandón, quien participó este sábado en la sesión legislativa en la que se aprobó la nacionalización de DNP, externó las dudas que deja este procedimiento, porque no se conoce cuánto será el monto que pague el Estado, a cuánto asciende el inventario, quiénes son los dueños del inventario, quiénes son los socios de la empresa DNP, a quién le pertenece, qué pasa con las acciones, los contratos, las instalaciones, entre otros cuestionamientos.
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La DNP fue nacionalizada a través de la aprobación de urgencia de la Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo.
Esta ley establece que los inventarios de DNP pasan a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua, los cuales son operados y administrados por las empresas que el Estado, a través del MEM (Ministerio de Energía y Minas), autorice o delegue para tal efecto” (Artículo 1).
La trampa de omitir el monto
La legislación no establece un monto por los inventarios, sin embargo el político opositor Eliseo Núñez Morales explicó que el régimen hizo una nueva ley para nacionalizar DNP, porque de esta manera “el precio lo podrán inflar todo lo que quieran sin seguir los parámetros de expropiación que ya están (en el artículo 22) de la Ley de Hidrocarburos”.
“En el caso de nacionalizar por la vía (Ley de Hidrocarburos), hubiesen tenido que pagar las instalaciones al precio de valoración que se mandata (por el Catastro), pero como lo hicieron por (una nueva) ley, entonces es un proceso especial el que crearon”, dijo Núñez.
Agregó que la trampa es precisamente no definir un monto y consideró que seguramente será establecido cuando se cree el reglamento de la ley. “Al meterlo en una ley nueva lo que están haciendo es obviando el procedimiento que ya estaba establecido para poner el precio que ellos quieran y evidentemente robarle al Estado”, agregó Núñez.
“Estado convertido en tope”
La exguerrillera Dora María Téllez, manifestó que el régimen de Daniel Ortega está obligando al Estado “a comprar sus inventarios de combustibles”, lo que para ella significa “que el Estado es convertido en tope y fue metido en la cadena de lavado de dinero”.
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“Se presta para lavado”
La diputada del PLC, Azucena Castillo, manifestó en su intervención ante el plenario de la Asamblea Nacional, que esta transacción “se presta para un lavado” de las actividades por las que está siendo sancionada DNP. La diputada aseguró que cualquier gestión que se haga con las empresas sancionadas “contamina a quien las compra”, en este caso “se le pasa la contaminación al MEM (Ministerio de Energía y Minas)”.
Castillo también rechazó el trámite de urgencia con que se aprobó la ley, lo que calificó como una actuación “impulsiva” cuando “se anda muy urgido”.
En contraste, César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, dijo que la decisión del Estado de nacionalizar DNP “funciona” y “no contamina al Estado”. Reconoció que sí afectó a DNP como empresa, pero la decisión de Daniel Ortega fue la correcta.