Después de diez meses de un intento fallido por rescatar, a través de la figura de nacionalización, parte de su fortuna depositada en Bancorp, el régimen de Daniel Ortega volvió este sábado 14 de diciembre a recurrir a la misma estrategia para capear de las sanciones de Estados Unidos a uno de sus negocios más lucrativos,que forman parte de su entramado económico: la importación y distribución de combustibles.
En pleno descanso de fin de semana, Ortega envió con carácter de urgencia una iniciativa de ley para rescatar parcialmente el negocio que durante años vino haciendo con activos propiedad del Estado, como eran las estaciones de combustibles y de almacenamiento de DNP, que desde junio del 2010 pasaron a ser administradas por allegados a la familia presidencial, luego de una turbia negociación y despojo a la multinacional suiza Glencore, según registros periodísticos.
Una operación “rescate” similar intentó Ortega en marzo de este año, cuando luego de que Estados Unidos sancionara al Banco Corporativo S.A (Bancorp), o el Banco de Albanisa, ordenó nacionalizar a la entidad y convertirla en el Banco Nacional, aduciendo la necesidad del Estado de tener un banco propio, pese a que actualmente es propietario del Banco Produzcamos.
A diferencia de la transacción con DNP Petronic, en la ley que nacionalizaba a Bancorp el régimen públicamente ordenó que los nicaragüenses debían pagarle 23 millones de dólares (743.05 millones de córdobas), recursos que saldrían del Presupuesto General de la República durante cinco año con una tasa de interés del seis por ciento anual.
Esta es precisamente una de las primeras diferencias en el intento de rescate de los negocios del orteguismo. En la nacionalización del Bancorp, se generó de manera abierta una deuda que debía ser asumida por los nicaragüenses, en el caso de la nacionalización de inventarios de DNP al menos abiertamente no se estableció un endeudamiento público, aunque eso no necesariamente significa que no exista.
Los analistas explican que si hay algún reclamo de compensación por parte de los que administraban las operaciones de DNP Petronic- en este caso los allegados a la familia Ortega Murillo- posiblemente no se podrá saber, al menos en esta actual administración, debido a que la ley que nacionalizó estos inventarios de hidrocarburos se impulsó como una operación de seguridad soberana.
Al considerarse una operación de seguridad soberana, explican fuentes, todos los acuerdos que giren en torno a la nacionalización de los inventarios de DNP Petronic son considerados por ley como información reservada, según la polémica Ley de Seguridad Soberana (ver artículo 14, Ley 919), que el mismo orteguismo se diseñó y aprobó en octubre del 2015.
De hecho en el artículo 1 de la Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense establece que dicha ley “se declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo” de DNP.
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A criterio de economistas la nacionalización de esos inventarios, que según la Ley de suministro de hidrocarburos debe equivaler a 30 días de abastecimiento, tiene un valor monetario, sin embargo, debido a que es una operación de seguridad soberana, posiblemente y bajo el amparo de la Ley 919, eso no se sabrá bajo esta administración.
Entra a funcionar la Ley de Seguridad Soberana
Algunos analistas políticos han asegurado que el monto a pagar por esos inventarios nacionalizados posiblemente aparezca en el reglamento de la ley que los nacionalizó, sin embargo, no todas las leyes se reglamentan por lo que no es seguro que esto ocurra.
Este es otro segundo elemento que diferencia la “operación rescate” de DNP Petronic con la de Bancorp: la primera fue protegida con la Ley 919 y la segunda dejó expuesta la deuda que implicaba para el país ese proceso de nacionalización de un negocio ligado a la familia Ortega Murillo.
“La ley (de DNP Petronic) es materia de “seguridad soberana” para asegurar el manejo secreto de la información”, señala un economista que prefiere no ser citado.
Otro elemento a destacar es que cuando se aprobó la Ley para nacionalizar Bancorp , el Estado pasaría por completo a controlar los activos de dicho banco al convertirlo en el Banco Nacional, mientras que en el caso de DNP Petronic solamente adquiría sus reservas de combustibles, porque precisamente su red de distribución y centro de almacenamientos ya formarían parte del inventario público, o al menos una buena parte de esta . Es decir no se podía nacionalizar, lo que ya es propiedad del Estado, aunque administrado por allegados al orteguismo.
Desmantelar negocio de los Ortega Murillo
El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Mario Arana, afirmó ayer que tras las sanciones de Estados Unidos, DNP desaparece porque no podría seguir operando y los bienes deberían regresar al Estado.
Arana coincide con algunos analistas que señalan que el objetivo fundamental de las sanciones de Estados Unidos era sacar del negocio a la familia Ortega Murillo y que los bienes que le pertenecen al Estado sean devueltos.
Aunque distintos analistas refieren que con la decisión de Daniel Ortega de traspasar los inventarios de combustibles de DNP al Ministerio de Energía y Minas expone al Estado a sanciones, Arana no cree en esa posibilidad al indicar que sin esos inventarios se crearía un problema de corto plazo de abastecimiento.
Según Arana, la idea no es que “Nicaragua caiga en una crisis inmanejable. Así como se planteó puede ser una manera de que no se afecte el flujo de combustible y a la vez ya queda una sanción, ya queda (sancionado) un flujo de financiamiento”, que es el que movían los administradores de la DNP.
El presidente de Amcham recordó que como sector ya habían advertido que había una política de sanciones fuertes hacia Nicaragua por parte de Estados Unidos, “inclusive se estaba pasando de generales a institucionales, que es un poco de lo que estamos viendo”.
“Esto es para presionar que el país busque una salida a la crisis, para que verdaderamente se muevan en la dirección de los compromisos que han sido adquiridos en acuerdos previos y de lo que se está llamando a que ocurra en Nicaragua, que es la restauración de la democracia y libertades”, afirmó Arana.
En la ley que nacionalizó los inventarios de combustibles de DNP no se dejó claro qué ocurrirá con los activos (estaciones de gasolineras y de almacenamiento) de la petrolera, ni se informó quién pagará el valor monetario de esos inventarios ni a quién se le adeuda ese inventario.
Nacionalización parcial, ¿ por qué?
Sobre este último punto, no obstante, hay que aclarar que no todas las estaciones de combustibles que hoy operan bajo la marca DNP Petronic son propiedad pública. Según fuentes conocedoras de las operaciones de esta empresa, algunas estaciones, principalmente las pequeñas en los departamentos, sí pueden ser propiedad de los detallistas, que tal vez fueron Texaco o Esso, y que cuando Glencore finaliza el periodo de arrendamiento en el 2010, varios concesionarios de estos decidieron mudarse a la marca DNP.
“Pero el grueso de las gasolineras, y seguro las más grandes como la Bolívar, La Subasta, Las Colinas, Villa Fontana, Puente El Edén, etcétera, deberían ser propiedad de DNP”, explica una fuente que conoce de primera mano el mercado de hidrocarburos de Nicaragua.
Según la fuente al ser la red de distribución propiedad de DNP “lo hace propiedad del gobierno…Ahora los inventarios (de combustibles) sí deberían ser propiedad de la administración actual de DNP… Sobre los pasivos, esos creo que son de la administración actual,o sea que el Estado era dueño de las gasolineras, los tanques, etc, pero los pasivos resultados de las actividades diarias (compras, ventas, deudas), de la administración actual, y eso es otra cosa”.
No está claro si las 22 estaciones de combustibles que están bajo el control de Inversiones Zanzíbar son propiedad de DNP Petronic, porque según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta es una empresa “fachada” controlada por Rafael Ortega Murillo, que servía para ocultar las ganancias que generaba DNP, pero luego para adquirir estaciones de despacho para escapar de las sanciones de Estados Unidos.
Según el dossier de licencias de operación de despachos de combustibles del MEM varias de las principales estaciones minoristas de carburantes en Managua están en manos de Zanzíbar, por lo que no se sabe si dentro de las compras que hizo de estaciones estén estas de Petronic.
En todo caso, los analistas consideran que es el Estado el que debe explicar cuáles estaciones son propiedad privada y cuántas son públicas o si todas están en manos de privados ligados al orteguismo y que ahora deben ser devueltas a Petronic, para que esta la maneja directamente.
Ambos negocios vinculados a la cooperación de Venezuela
Un factor común entre DNP y Bancorp, es que ambos negocios, florecieron de la mano de la cooperación de Venezuela, manejada por allegados o la familia de Ortega Murillo.
Según investigaciones periodísticas, Bancorp, que nació bajo fuerte hermetismo en el 2015, se quedó con el control de los petrodólares entre 2016 y 2017 a través de varios fideicomisos que sumaban 4,928 millones de dólares, que serían administrados durante los próximos 25 años.
No obstante, las sanciones de Estados Unidos en abril de este año lo dejaron imposibilitado de seguir operando y la ley creadora del Banco Nacional nunca se llegó a publicar en La Gaceta, por lo que Ortega fracasó en su intento recuperar el patrimonio del Bancorp,estimado en 23 millones de dólares.
En el caso de DNP, en 2009 el régimen de Daniel Ortega comenzó una lucha para arrebatar de las manos de Glencore, el control de las instalaciones petroleras de la estatal Petronic, que durante el 2000 y 2010 administró en concepto de arrendamiento.
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No obstante, en junio del 2010, el Gobierno dio por finalizado el contrato con Glencore, a la que indemnizó y pagó unos 50 millones de dólares por inversiones en terminales petroleras en el Pacífico y la compra de la marca DNP, la que pasó a manos de Petronic, que fue involucrada en la creación de Albanisa, junto con la ahora sancionada Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Ese monto salió de la cooperación venezolana, administrada en ese momento por la Caja Rural Nacional (Caruna).
A la sombra de esos fondos, el negocio que pasó a ser administrado por la familia Ortega Murillo, comenzó a crecer y durante ese periodo llegó a amasar una ganancia de 426 millones de dólares, según estimaciones del especialista en mercados de hidrocarburos, César Arévalo,que basa sus cálculos en cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Nunca más se refirieron sobre la red de distribución
Según el informe anual de hidrocarburos del MEM de 2012, citado por publicaciones periodísticas, el Gobierno afirmó que ” a partir de esa fecha, junio de 2010, DNP opera y administra las mismas instalaciones de Petronic en todo el país, bajo contrato de arrendamiento. DNP abastece de Gasolina Súper y Diesel a la Costa Atlántica del país, mediante importaciones directas provenientes de Venezuela”.
Nunca más el Gobierno se volvió a referir sobre bajo qué concepto estaban los bienes de Petronic en manos de los allegados a la familia Ortega Murillo, cuyas ganancias eran ocultas a través de Zanzíbar, que también está castigada por Estados Unidos.
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A criterio del economista, que pide no ser citado por temor a represalia gubernamental, es que el objetivo del Gobierno de Estados Unidos al sancionar DNP no era crear una crisis de desabastecimiento, “sino eliminar el negocio de la familia (Ortega- Murillo). Si se concede contrato de arrendamiento a otra entidad, quizá esta última pagando una compensación también, y luego los pagos por arrendamiento, recuperarían lo perdido”.
Mientras con Bancorp, Ortega falló con su objetivo de recuperar su fortuna invertida, con el caso de DNP Petronic aún está por verse si Estados Unidos actúa con quienes pasen administrar los bienes sancionados, en este caso el inventario y los que asuman la administración de las estaciones, si finalmente la dictadura devuelve al Estado lo que le pertenece.