Antes del estallido social de abril 2018 apenas el 6.6 por ciento de los nicaragüenses consultados en la décima encuesta de Percepciones sobre Seguridad Ciudadana consideraba que la delincuencia era uno de los principales problemas del país. Hasta esa fecha, la seguridad se encontraba en la cuarta o quinta posición de los problemas más importantes en Nicaragua. Los primeros lugares siempre los ocupaban el desempleo, el alza de precios y la pobreza.
Tras 20 meses de crisis sociopolítica agravada por la presencia de grupo irregular de personas armadas por el régimen y que han matado, torturado y secuestrado a cientos de ciudadanos, la percepción de mayor inseguridad por parte de la población es una realidad, explican sociólogos.
La encuesta antes citada fue publicada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), una de las oenegés a la que el gobierno le cancceló su personería jurídica en diciembre 2018.
Actualmente se registran eventos que trastocan la reputación del país más seguro de Centroamérica, un discurso que ha querido mantener el régimen orteguista pese a estar señalado de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Este fin de semana hubo un tiroteo en una plaza ubicada en una zona exclusiva de Managua, en la que resultaron heridas dos personas extranjeras.
Varias de las víctimas de asaltos no denuncian ante la Policía Orteguista, y prefieren hacerlo en redes sociales, siempre acompañando su relato con una reflexión de lo inseguro que se ha convertido el país o quejándose de la parcialización de la Policía, enfocada en la represión de la ciudadanía opositora en vez de estar persiguiendo a la delincuencia.
El investigador social Mario Sánchez explica que en general hay un incremento de la percepción de inseguridad, y que el grado de la misma varía en dependencia de la zona. En el norte del país, entre enero y septiembre se han registrado treinta asesinatos de campesinos, según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y ahí la población está impactada, sostiene Sánchez.
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Los hechos de violencia han marcado la percepción de las personas, lo que va de la mano con la impunidad que se ha garantizado a ciertos actores afines al régimen gobernante. La justicia y las sanciones lo que buscan es rectificar socialmente un comportamiento, pero eso no sucede en el país. Para Sánchez no es lo mismo tener un aumento delincuencial a que se tenga un aumento de la represión, ya que el principal actor que viola los derechos es el Estado.
Aunque no se cuente con estadísticas para medir si hay un aumento de los delitos, el investigador Sánchez y el sociólogo Cirilo Otero concluyen en que el sentimiento de inseguridad en el país es una situación generalizada. Por su parte, el experto en temas de seguridad, Roberto Cajina, ha cuestionado en varias ocasiones la fidelidad de las estadísticas policiales, es decir que tampoco se tiene un panorama certero de lo que pasa en términos de seguridad en el país solo con la versión oficial de una institución plagada al orteguismo.
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“Hoy los niveles de inseguridad en el país son mayores, no hay quién controle”, dice Otero. Para él esto se relaciona con que la administración pública repartió armas sin discriminación en el territorio nacional, convirtió a un grupo de civiles en un cuerpo parapolicial. La circulación de armas de alto calibre en manos de personas que no pertenecían a los cuerpos de seguridad establecidos en la Constitución del país ha sido uno de los peligros en materia de seguridad que ha sido ampliamente expuesto por expertos en el tema.
Otero afirma además que la pérdida de confianza en las autoridades responde a un Estado fallido.