Los que han estudiado y adquirido experiencia en hacer análisis o trabajar en asesoramiento y estrategias políticas, saben muy bien la utilidad que tienen las encuestas como instrumentos que ayudan a conocer la opinión de los ciudadanos sobre multiplicidad de temas, lo cual es importante conocer para analizar, asesorar y planificar estrategias.
Resulta que la gran mayoría de la población no se expresa en los medios ni en las redes sociales, ni participa activamente en política. Además, con quienes conversamos cada día es un grupo restringido, generalmente de nuestro entorno, y otros solo nos dicen lo que queremos oír. Es decir, existe lo que en política se llama “la mayoría silenciosa” cuyo pensamiento cuesta conocer.
Las encuestas ayudan a acercarnos a lo que piensa “la mayoría silenciosa”, pero, para ser útiles, deben ser confiables, lo que implica imparcialidad (que debe ser total) y capacidad técnica (pues es una ciencia). Una encuesta debe cumplir una serie de requisitos técnicos indispensables.
Siempre he considerado como firmas profesionales y confiables a Borge y Asociados, CID Gallup y M&R Consultores. Sin embargo, la última encuesta de M&R Consultores me ha sorprendido porque tiene, según lo que se lee publicado por ellos en su página web, varias fallas técnicas que le restan credibilidad. No tengo elementos para juzgar las causas de estas fallas, ni mucho menos para asumir ninguna motivación. Solo me limitaré, por razones de espacio, a señalar algunos ejemplos.
Una norma básica es que las preguntas de una encuesta deben ser formuladas en un lenguaje neutro, o sea, que no contengan un razonamiento que induzca al entrevistado a una determinada respuesta. Por ejemplo, una pregunta bien formulada sería: “Durante los meses de abril y mayo del año pasado la oposición utilizó tranques como una forma de protesta. 1. ¿Está a favor de que se vuelvan a poner tranques? 2. ¿Está en contra de que se vuelvan a poner tranques?”.
Pero M&R hace formulaciones como estas: “No importa que los tranques impidan que la gente vaya a su trabajo, no importa que los tranques impidan trasladar mercadería, no importa que se dañe la economía porque ese es el precio que debe pagar la población para derrocar al gobierno sandinista”. “Hay que volver a los tranques, no importa que la gente se quede sin empleo, lo importante es derrocar al Gobierno”. Usando esos términos hay una “inducción”, que condiciona la respuesta del encuestado.
También hay inconsistencia en las respuestas de los encuestados. En una respuesta contradicen lo dicho en otra (de manera indirecta). Por ejemplo, al tema sobre quién (Alianza Cívica o Gobierno) demuestra voluntad de alcanzar acuerdos y cumple los compromisos, la mayoría (54.8 %) dice que así lo hace la Alianza Cívica; mientras un grupo menor (45.2 %) dice que quien lo hace así es el Gobierno. Sin embargo, la encuesta refleja que la mayoría, el 59.1% apoya al Gobierno (sumando apoyo duro, suave y oculto) y el 32.1% a la oposición.
Según la encuesta, la mayoría de nuestro pueblo apoyaría a un gobierno que esa misma mayoría dice que no tiene voluntad de lograr acuerdos para resolver los conflictos y traer al país la tranquilidad y la normalidad perdidas, recuperando los daños económicos, y que además no cumple sus compromisos. Según la encuesta, la mayoría que dice reconocer la buena voluntad y cumplimiento de la Alianza Cívica (que ha sido la voz de la oposición en el Diálogo Nacional) no apoya a la oposición, sino al Gobierno. Hay una contradicción, una inconsistencia entre lo malo que se percibe del Gobierno y el apoyo que se le da.
Otra falla técnica muy importante es que la encuesta utiliza en algunas preguntas el término “oposición” y en otros “Alianza Cívica”, sin dejar claro si se refieren a lo mismo o a cosas diferentes. Para referirse a la contraparte o a la alternativa al Gobierno, se da una confusión entre oposición de forma genérica y Alianza Cívica, lo que confunde al encuestado y produce respuestas no confiables. Con fallas como estas no se puede asegurar que las respuestas reflejen el verdadero criterio del encuestado.
El autor es abogado y analista político.