Javier Sancho, exembajador de Costa Rica en Nicaragua, alertó que el gobierno de su país debe prepararse y evitar intentos del régimen de Daniel Ortega de burlar sanciones de EE. UU. por medio de testaferros en esta nación.
El régimen de Ortega, asediado por recientes sanciones de EE. UU., reaccionó con pánico el sábado y nacionalizó la reserva y distribución de combustibles, ante el posible desabastecimiento en cualquier momento.
En ciudades como Estelí, al norte del país, los usuarios vaciaron de combustibles las gasolineras el fin de semana, destaca este lunes el Diario LA PRENSA de Managua.
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La administración Trump incluyó en la lista negra del Departamento del Tesoro a Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial nicaragüense, operador financiero y capo del sector petrolero del país.
Encender alertas
Según el exembajador Sancho, Costa Rica debe evitar que Ortega busque burlar las sanciones norteamericanas a las operaciones de combustibles y pretenda reabastecerse vía territorio tico.
Sancho llamó al gobierno de Costa Rica a que encienda sus alertas a transportistas terrestres sobre la eventual crisis de combustibles en Nicaragua, que también podría golpear el tránsito de productos nacionales en la región, además de pasajeros de buses internacionales como Tica Bus y Transnica, ambas de capital costarricense.
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Sancho demandó que los Ministerios de RR. EE. (Relaciones Exteriores), Comex (Comercio Exterior), MEIC (Economía, Industria y Comercio) y el MOPT (Obras Públicas y Transporte) deben alertarse e implementar medidas ante un cierre fronterizo que puede ocasionar graves perjuicios a empresas de nuestro país y del resto de países centroamericanos.
“Ortega y Murillo no dudarán tampoco en utilizar el desabastecimiento de combustibles en su provecho, o bien intentar presionar a Washington a través de otros gobiernos. Estamos ante dictadores bajo presión, capaces de realizar actos impensables, en especial contra nuestro país”, enfatizó Sancho.
Reacción de pánico ante sanciones
EE. UU. sancionó a (Rafael) Ortega Murillo, operador financiero clave del régimen, y a las compañías Zanzíbar, Servicios de Protección y Vigilancia y la DNP, operadora de gasolineras, por servir de mamparas al lavado de dinero y obtener recursos para la familia presidencial.
Muchas gasolineras amanecieron el sábado vacías de compradores y otras regalaban combustibles a fanáticos gobiernistas.
El régimen envió con solicitud de trámite de urgencia una iniciativa de Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense, para nacionalizar a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) que fue sancionada por Estados Unidos el jueves 12 de diciembre. La Ley se aprobó este sábado a las 10:27 a.m., con 73 votos de la bancada oficialista.
La iniciativa pretende evitar un desabastecimiento del combustible, debido a que DNP es la principal importadora de productos derivados del petróleo, es decir, diesel, gasolina súper y regular terminados. El proyecto de ley «declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo y propiedad de la empresa distribuidora DNP, Sociedad Anónima».
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La iniciativa plantea que los inventarios de DNP pasan a ser propiedad total del Estado de Nicaragua, los cuales serán operados y administrados por las instituciones del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, sesionó el sábado para aprobar esta iniciativa. Los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fueron los primeros en intervenir en la discusión, para rechazar la iniciativa.