Defensores ambientales nicaragüenses enfrentan amenazas, hostigamientos y persecución por parte de fuerzas irregulares y policiales

Desde el 2012 a 2019, al menos 36 defensores indígenas han sido asesinados, 44 lesionados, 29 secuestrados y 4 desaparecidos por la defensa de los recursos naturales y del territorio indígena

Comunitarios indígenas y afrodescendientes coinciden con información de la Unesco sobre ubicación del fuego. LA PRENSA/Archivo

La labor de defensor ambiental en Nicaragua pasa por una situación crítica, denunciaron dos de las nueve oenegés a las que les fueron canceladas su personería jurídica de forma arbitraria en 2018. Los defensores han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y persecución por parte de fuerzas paraestatales, policiales y grupos de choque vinculados al partido de gobierno.

“La labor de defensoría ambiental en Nicaragua cada día se convierte en más crítica”, expusieron los ambientalistas de Fundación Popol Na y Fundación del Río en el informe Resumen de la Situación de los derechos ambientales en Nicaragua, en el marco de la elaboración del informe Anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), junto a la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de Sociedad Civil de Nicaragua.

Las cifras recogidas por el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) expone que desde el 2012 a 2019, al menos 36 defensores indígenas han sido asesinados, 44 lesionados, 29 secuestrados y 4 desaparecidos por la defensa de los recursos naturales y del territorio indígena.

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Francisca Ramírez, líder campesina de la lucha anticanal, líderes del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI); Monica Lopez Baltodano, abogada ambientalista y directora de Popol Na y Amaru Ruiz, biólogo ambientalista y presidente de Fundación del Rio son algunas de las personas que han estado bajo asedio, y en el caso de Ramírez, Baltodano y Ruiz se han visto obligados a exiliarse.

La presidenta de Cejudhcan, Lottie Cunningham, explicó que con la crisis sociopolítica que alcanza su vigésimo mes, ha aumentado el extractivismo y la sobreexplotación de los recursos naturales. En ese sentido, los defensores sufren mayor criminalización por la defensa de la tierra.

La defensora sostuvo que el sistema de justicia se ha utilizado para criminalizarlos. La situación de indefensión afecta a todos los territorios indígenas, en especial Wancki Li Aubra, en el Caribe Norte del país, donde se han reportado secuestros exprés.

La semana pasada, los diputados, de mayoría orteguista, ratificaron el acuerdo regional que protege a defensores ambientales. El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, obliga en el artículo nueve que: «Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad».

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