Dos diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) y uno de la Alianza por la República son incondicionales de la dictadura y así se lo demuestran apoyando las decisiones desde la Asamblea Nacional para intentar esquivar las sanciones estadounidenses contra Bancorp y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), que en el fondo buscan encubrir la corrupción y el lavado de dinero al ser parte del esquema que se le atribuye al régimen de Daniel Ortega.
Mario Asensio Flórez y Pedro Joaquín Treminio son los dos diputados del PLI. El tercero que les apoya a la hora de votar con el orteguismo es Byron Jerez, único diputado de Apre.
Los tres se sumaron a los setenta votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para aprobar la Ley de nacionalización de los inventarios de hidrocarburos y derivados del petróleo de la DNP enviada el pasado sábado 14 de diciembre con urgencia por la dictadura.
Al ser mayoría los del FSLN no necesitan a diputados de otros partidos para aprobar las leyes que la dictadura orteguista quiera. Sin embargo en el plenario del Legislativo siempre los oficialistas reclaman al resto de bancadas cuando se les niegan el voto a favor de los intereses del régimen.
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Los que nunca discuten, reclaman y objetan son los del PLI y Apre pues son fieles a la dictadura de Daniel Ortega, quien se “ganó” esa lealtad al allanarles el camino mediante el fraude electoral de las elecciones del 2016, para representar a sus respectivos partidos políticos en la Asamblea Nacional, a pesar de que son partidos con una nula base representativa de simpatizantes.
DNP Petronic, la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar fueron alcanzadas por las sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) por “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”.
A Rafael Ortega Murillo —hijo mayor de la pareja de dictadores— igual lo sancionaron por ser quien controlaba a esas empresas, especialmente utilizó a DNP, un negocio que adquirió con dinero público y luego transfirió a la familia, para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.
Las leyes de nacionalizar los inventarios de hidrocarburos y combustibles de la DNP y la que se aprobó para convertir al Bancorp en el Banco Nacional (en marzo del 2019) son quizás las dos leyes más controversiales de las aprobadas por los diputados orteguistas este año, porque fueron concebidas especialmente para favorecer el esquema con el que el régimen de Ortega y Murillo pretendieron recuperar el dinero de esas compañías.
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¿Quiénes son estos diputados incondicionales al FSLN?
Mario Asensio Flórez y Pedro Joaquín Treminio son los únicos de las filas del PLI “premiados” en las elecciones del 2016 con sus diputaciones.
LA PRENSA llamó en varias ocasiones a Treminio para conocer por qué votó a favor de las dos leyes para salvar el dinero de las empresas del régimen, pero no respondió las llamadas ni devolvió los mensajes de voz ni respondió los mensajes de texto.
Treminio es considerado entre las filas de la oposición de haber dado la espalda a los opositores que agrupaban al PLI cuando el presidente era Eduardo Montealegre.
En 2016 el régimen usó a la Corte Suprema de Justicia para despojar a Montealegre de la representación legal del PLI la que se le entregó a Pedro Reyes, un movimiento político de Ortega para deshacerse de los opositores que le hacían contrapeso real en la Asamblea como en la política en general lo que afectaba sus aspiraciones presidenciales.
Treminio reconoció a Reyes como presidente del PLI para no perder la diputación. En los comicios del 2016 el Consejo Supremo Electoral le asignó al PLI un 4.51 por ciento de los votos, designándose a Treminio y a Mario Asensio Flórez como los dos únicos representantes en la Asamblea Nacional.
En el caso de Mario Asensio Flórez fue quien terminó quedándose con la representación legal del PLI cuando Pedro Reyes se convirtió en un estorbo para los intereses del régimen.
En noviembre del 2016 el CSE destituyó a Pedro Reyes como representante legal y presidente del PLI y ordenó al comité nacional celebrar una convención nacional para elegir a las autoridades.
Esa convención debió celebrarse en febrero del 2017. Mario Asensio Flórez como representante legal debió promover la convención, pero siempre que los periodistas de medios independientes le consultan del tema su excusa es que estaban reestructurando al partido que quedó sin dirigentes en varios departamentos y municipios tras la debacle de las elecciones del 2016.
Tres años han pasado y lo único en el PLI que no cambia es que Asensio Flórez sigue como presidente y representante legal. Haberse atornillado en ese partido le ha convenido en su alianza con el FSLN, pues Flórez siempre vota a favor de todas las leyes del régimen.
“¿Diputado Flórez por qué apoyó la Ley de nacionalización del inventario de la DNP si se expone al MEM a las sanciones de EE.UU.?”, preguntó este Diario.
Mario Asensio Flórez respondió: “Avalamos la parte administrativa para el bienestar en general de la población, para que no haya desabastecimiento de combustibles, porque al haber una disminución por parte de DNP y no se tiene el control del almacenamiento de esa empresa, entonces si no se libera para que pueda disponer el Estado de esos inventarios no se podrán vender para que siga llegando combustibles sin problemas a la gente”.
“¿Ese combustible es parte del esquema del lavado de dinero del que EE.UU. acusa a la DNP, entonces usted con su voto expuso al Estado a tener vínculos con un negocio del lavado de dinero?”, se le insistió. “A mí no me consta lo que ustedes los periodistas dicen”, fue la respuesta de Asensio Flórez.
Insistió en que él y Treminio, del PLI, “apoyamos ley apartando un poquito del tema político para apoyar la decisión administrativa en general, para mantener el flujo de combustible normal en el país. (…)”.
“Las repercusiones políticas no son del resorte de nosotros”, dijo Flórez sobre las consecuencias que puedan recaer por efecto de las sanciones de EE.UU. al Ministerio de Energía y Minas (MEM) al haberse traspasado el manejo de los inventarios de los combustibles de la DNP para venderla a otras compañías.
“Nosotros actuamos como nacionalistas y eso lo debemos hacer siempre”, dijo Flórez sobre el apoyo al FSLN.
En el caso de la Ley del Banco Nacional para salvar al Bancorp, los diputados Treminio y Flórez no fueron tan nacionalistas debido a que se abstuvieron, es decir evitaron quedar registrados en el sistema electrónico de la Asamblea apoyando abiertamente la compra de un banco sancionado por ser parte del esquema de lavado de dinero del régimen Ortega y Murillo. Lo que sí hicieron con la ley de nacionalización de los inventarios de la DNP.
El apoyo de Jerez
De los tres aliados fieles del régimen quizás Byron Jerez Solís es el más conocido, por haber enfrentado varios juicios por acusaciones de fraude al Estado y malversación de fondos públicos durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002), cuando Jerez fue director de Ingresos.
De todos los juicios Jerez fue absuelto posteriormente por jueces de tendencia sandinista.
En las elecciones del 2016, cuando Ortega se reeligió para su tercer mandato consecutivo en otro proceso fraudulento, según documentaron organismos de observación nacional y partidos opositores, Jerez fue el único de los candidatos a diputados de Apre que “ganó” su curul en la Asamblea.
“¿Por qué votó a favor de nacionalizar los inventarios de DNP?”, preguntó LA PRENSA. La respuesta de Jerez fue “para que no se paralice el país”.
“Ya está paralizado el suministro de combustible en la zona de Bluefields (en la Costa Caribe) y no estoy de acuerdo en que el problema se extienda a toda la nación”, dice el diputado de Apre.
Jerez con discurso rojinegro
Tras el anuncio de las sanciones a la DNP el pasado jueves en varias ciudades se agotaron los inventarios de gasolinas y diesel por compras masivas de dueños de vehículos, ante la posibilidad de que esas estaciones de servicios cierren.
La empresa DNP tiene una red de 69 gasolineras o estaciones de distribución de combustibles, donde según analistas una gran parte quedaría en manos de testaferros de los Ortega-Murillo y la otra son bienes que pertenecen al Estado por medio de Petronic.
Jerez insiste en que apoyó la Ley “porque lo que se nacionalizó solo es el combustible (propiedad de DNP) que se pondrá a la venta a la UNO o Puma (las otras petroleras) , creo que la economía del país no se puede detener. Las sanciones nada tienen que ver con la economía del país”, afirmó el diputado por Apre.
Enfermedad cobra factura
Cuando en marzo se aprobó en la Asamblea la Ley de Constitución del Banco Nacional para comprar Bancorp no aparece registrado Byron Jerez en el sistema electrónico de votación. Esto se debe a que Jerez no llegó a la sesión.
“No estaba en el país. Andaba en chequeo médico porque estaba enfermo”, explicó Jerez sobre su ausencia entonces.
—¿Hubiese apoyado la compra de Bancorp por parte del Estado? —consultó LA PRENSA. “No sé porque no estaba aquí (en el país) y no tuve tiempo ni de leerla la ley anteriormente”, dijo.
Los votos en el aire
Mauricio Orúe y Alejandro Mejía Ferreti son los dos únicos legisladores por la Alianza Liberal Independiente (ALN). Este es otro partido que el régimen por medio del CSE le arrebató al opositor Eduardo Montealegre.
Orúe y Mejía conforman bancada con los del PLI y Apre en la Asamblea donde, desde asumir en 2017, han respaldado toda iniciativa del régimen orteguista.
Sin embargo tras la crisis provocada por la represión en abril del 2018, Mejía y Orúe se han cuidado de no apoyar aquellas leyes criticadas por la población por confiscatorias y de mayor represión.
Ambos diputados votaron en contra de la compra del Bancorp por parte del Estado. Orúe y Mejía se sumaron al PLC, Yatama y Conservador para ser los legisladores que se opusieron.
Diputados en dudas
Con la Ley de nacionalización de los inventarios de combustibles de la DNP los de ALN titubearon. Mejía Ferreti no llegó el pasado sábado 14 de diciembre a la sesión donde con trámite de urgencia aprobaron dicha ley.
LA PRENSA no logró comunicarse con el legislador porque se ausentó,
Mauricio Orúe sí estuvo en la sesión del pasado sábado, no votó a favor, pero tampoco en contra directamente de la Ley de nacionalización. Se quedó presente en el sistema electrónico.
Orúe refirió que luego de conversar con Mejía no se pusieron de acuerdo con la posición de Treminio, Jerez y Asensio Flórez quienes se negaron a ir en contra de la Ley de nacionalización de los inventarios de la DNP. “Les pedí que nos abstuviéramos, pero no logré convencerlos”, dijo Orúe.
“Ni a favor ni en contra”
“De acuerdo a personas que mejor conocen el tema de los combustible, me explicaron que la situación es difícil debido a las sanciones a DNP y que hay que buscarse salida, y que si no había una acción se deja al país inmerso peor a lo que ya tenemos. Consideré que aunque están acorraladas ante esta situación, no me sumé votando a favor de la ley pero tampoco en contra, por eso solo quedé presente”, refirió Orúe.
El Goliat, DNP, Zanzíbar y el Banco Corporativo SA (Bancorp) están sancionados por ser parte de la red de corrupción y lavado de dinero de los Ortega Murillo, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
Todas esas compañías tienen su origen en la empresa Alba de Nicaragua SA (Albanisa), donde se manejó el acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela, siempre por aliados de la más extrema confianza de la pareja presidencial.
En marzo pasado la dictadura intentó la misma maniobra al aprobar la Ley de Constitución del Banco Nacional, como se pretendió salvar al Bancorp.
Se ordenó comprar el banco sancionado en 23 millones de dólares, pero la transacción finalmente no se concretó al no ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial, esa ley, por lo que jurídicamente no se oficializado el trámite.
Empresas sancionadas terminan en ruinas
Todo lo contrario con la “Ley de Aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense”, que fue publicada en La Gaceta el mismo sábado 14 de diciembre, a pocas horas de que los diputados FSLN y los tres del PLI y Apre la aprobara.
Las sanciones a Bancorp forzaron su liquidación voluntaria al imposibilitarlo seguir operando. La misma suerte se espera tengan de El Goliat, Zanzíbar y la DNP, aunque esta última al nacionalizarse sus inventarios de combustibles le facilitarían recuperar capital.
La iniciativa pretende evitar un desabastecimiento del combustible, debido a que DNP es la principal importadora de productos derivados del petróleo, es decir, diesel, gasolina súper y regular terminados.
El proyecto de ley “declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo y propiedad de la empresa distribuidora DNP, Sociedad Anónima”.
La iniciativa plantea que los inventarios de DNP pasan a ser propiedad total del Estado de Nicaragua, los cuales serán operados y administrados por las instituciones del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, sesionó el sábado para aprobar esta iniciativa. Los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fueron los primeros en intervenir en la discusión para rechazar la iniciativa.
Ley de emergencia tras sanciones
El régimen envió con solicitud de trámite de urgencia una iniciativa de Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense, para nacionalizar la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) que fue sancionada por Estados Unidos el jueves 12 de diciembre. La Ley se aprobó este sábado, a las 10:27 a.m., con 73 votos de la bancada oficialista.
La iniciativa pretende evitar un desabastecimiento del combustible, debido a que DNP es la principal importadora de productos derivados del petróleo, es decir, diesel, gasolina súper y regular terminados.
El proyecto de ley “declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo y propiedad de la empresa distribuidora DNP, Sociedad Anónima”.
La iniciativa plantea que los inventarios de DNP pasan a ser propiedad total del Estado de Nicaragua, los cuales serán operados y administrados por las instituciones del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, sesionó el sábado para aprobar esta iniciativa. Los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fueron los primeros en intervenir en la discusión para rechazar la iniciativa.