La Policía Orteguista (PO) celebró este 16 de diciembre la incorporación de 24 hombres y mujeres, que se graduaron en Ciencias Policiales, quienes estarían “preparados” para ejercer un mando policial y seguir reforzando la represión que mantiene la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la oposición.
Los nuevos oficiales, según Francisco Díaz, director general de la PO, fueron formados bajo los principios de “patriotismo, solidaridad, integridad, respeto a los derechos humanos, vocación de servicio, equidad de género y espíritu de cuerpo”.
Pero esto contrasta con las denuncias de ciudadanos, defensores y organismos de derechos humanos que señalan a la institución como el principal brazo represor de la dictadura Ortega-Murillo, que ha dejado más de 300 muertes de nicaragüenses en el contexto de las protestas antigubernamentales. Para los defensores de derechos humanos, la PO comete prácticas terroristas y por tal razón debería ser degradada a grupo criminal.
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Especialistas en seguridad ciudadana también coinciden en que esos principios están lejos de la realidad del país, y aclaran que hasta la fecha desconocen cuál es la verdadera educación que reciben los nuevos oficiales.
“Se desconocen los programas de formación, inclusivo las asignaciones civiles, que se sabe que hay algo de derechos humanos”, dijo Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad.
Lo poco que refiere la PO sobre la formación que reciben los nuevos oficiales lo plasma en la Ley 228 (1996), reformada en el 2014 bajo la Ley 872, donde básicamente señalan que la institución se encarga de “capacitar y desarrollar” a los aspirantes.
“A la Academia de Policía le corresponde la formación profesional, capacitación y desarrollo de aspirantes y de policías en servicio activo”, dicta el artículo 28 de la Ley 228; mientras que “la Ley 872 apenas menciona una única vez la Academia de la Policía, indicando simplemente que es uno de los órganos de apoyo de la institución”, indicó Cajina.
“El Reglamento de la Ley de la Policía (Decreto 26-96, La Gaceta 32, 14 febrero 1997) le dedicaba 12 artículos a capacitación. En esos artículos indicaba que la función de la Academia consiste en organizar, planear, dirigir, coordinar y supervisar la formación profesional, capacitación y desarrollo de los aspirantes y policías en servicio activo y fuerzas auxiliares mediante planes y programas integrales, especializados, científicos y humanísticos”, agregó Cajina.
Pero lo que expone dichos artículos no da “para desentrañar la formación que en la Academia reciben los policías y quienes aspiran a serlo”, declaró el experto.
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La Academia Walter Mendoza, donde este año también se graduaron 776 nuevos policías del Curso Básico de Policía, es reconocida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) como una institución de educación superior, pero, hasta la fecha se desconoce el plan de estudio que ofrece la Academia. “Eso evidencia no solo la falta de transparencia de esta institución de educación superior sino, más grave aún, la voluntad de ocultar información que debe ser de acceso público”, manifestó Cajina.
¿Quiénes aspiran a ser policía?
Según el experto en defensa y seguridad, los aspirantes a unirse a las filas de la PO son aquellos que provienen de una familia pobre y de bajo intelecto, que buscan obtener los beneficios que ofrece la institución y así escalar de posición social.
“Hacen (la PO) un reclutamiento en un país que tiene una posición económica no boyante, jóvenes que se bachilleran cuyas familias son paupérrimas, que no tienen para pagar una universidad privada y no son los mejores estudiantes para ganarse una beca. Entonces la policía es como el último recurso que les queda para poder tener una profesión con un título académico, ese tipo de chicos y chicas que entran a la academia no son los mejores estudiantes”, señaló Cajina.
La combinación de estos factores da como resultado, explicó Cajina, un “producto de pésima calidad”, donde los interesados buscan como satisfacer sus propias necesidades. “El producto que vas a sacar no es un policía. En la convocatoria dicen ‘vocación de servicio’, pero van a buscar cómo servirse ellos, no cómo servir a la sociedad. La institución tiene interés de tener ese tipo de gente”, subrayó.
Entre los beneficios que ofrece la PO está estabilidad laboral, oportunidad de hacer carrera policial, salario básico e incentivo salariales por grado y antigüedad, atención médica para la persona y su familia, seguro de vida colectivo y prestaciones del seguro social.
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PO rompe su propio marco jurídico
Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad, expresó que los valores y principios que proclama la PO, ha perdido “su carácter institucional” desde que Ortega regresó en el poder en el 2007.
“Los valores y principios definidos para la Policía, tanto en la ley como en los discursos, en la actualidad son mera retórica porque con sus actuaciones, sobre todo desde abril de 2018 hasta hoy, la policía los ha hecho a un lado y ha perdido su carácter de institución pública. En ese sentido, ha roto su propio marco jurídico e institucional de actuación”, destacó.
Tanto Cuadra como Cajina coinciden que en otra “época” la policía pudo haber trabajado bajo eso valores, cuando contaban con cierto “prestigio”, pero eso acabó en el 2007. “Esos principios tuvieron valor para la policía en otra época, cuando desarrollaba un proceso de profesionalización y modernización que fue reconocido tanto dentro como fuera del país, pero desde el 2007 han perdido todo sentido por la subordinación que ha tenido al proyecto familiar de los Ortega-Murillo”, dijo Cuadra.
La solución, “desmantelar”
Cajina declaró que aunque no se sabe el plan de estudios que ofrece la Academia, es evidente que se le ha venido “entrenado” para lo que ahora practica: reprimir, asesinar, secuestrar y torturar: “Esta policía se le vino entrenando para todo lo que hizo a partir del 18 de abril a la fecha. Se le vino entrenando para asesinar, secuestrar, torturar… una institución no cambia de la noche a la mañana”.
“A la policía se le define como el menor uso de la fuerza, al Ejército se le define como el mayor uso de la fuerza porque el Ejército está hecho para combatir y matar al enemigo, la policía no está hecho para eso pero lo está haciendo”, destacó.
Por su parte, Cuadra expresó que lo único que se puede esperar de la PO es que mantenga “más alineada y comprometida” al régimen Ortega-Murillo, “actuando siempre al margen de la ley y violentando derechos ciudadanos”.
Ante este panorama, Cajina planteó que la única salida es “desmantelar” en su totalidad a la PO para devolverle la confianza a los nicaragüenses. “No puede haber una reforma policial, una reforma se hace para el que tiene un régimen democrático. Entonces lo que se hace es una reforma para resolver esas fallas, y va hacer de esa policía una policía mejor, pero aquí ya no se puede. Aquí lo que hay que hacer es desmantelar a la policía, que ni siquiera se llame policía nacional porque en el consciente de la gente está la imagen de estos policías asesinos y torturadores”, concluyó Cajina.