El aislamiento de la dictadura de Daniel Ortega a nivel internacional está ocasionado que Nicaragua, la segunda economía más pobre de América Latina, no pueda acceder a recursos frescos que las potencias más ricas del mundo han aprobado en los últimos días para ayudar a las naciones empobrecidas a luchar contra este flagelo.
Una de esas fuentes esenciales para Nicaragua es el Banco Mundial, que el 13 de diciembre anunció que una coalición mundial entregará en contribución 82,000 millones de dólares para la lucha contra la pobreza extrema, los que serán manejados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del organismo destinado a los países más pobres.
El fondo, según el anuncio, ayudará a impulsar “el crecimiento económico y acrecentar la resiliencia ante las perturbaciones climáticas y los desastres naturales” en los países pobres entre el 2020 y 2023. Estos recursos serán aportados por una “coalición mundial de asociados”, donde Estados Unidos generalmente tiene un peso significativo.
El problema, según analistas en Nicaragua, es que el país tendría dificultades para acceder a esos recursos, al recordar que existe la Nica Act, que fue aprobada por el gobierno de Estados Unidos precisamente para bloquear el financiamiento de los organismos multilaterales al régimen oreguista por considerado antidemocrático y corrupto.
Pero además EE.UU. además excluyó a Nicaragua junto a Cuba y Venezuela de su iniciativa “América Crece”, que tiene como objetivo apoyar a 30 países del hemisferio para reactivar el crecimiento económico de América Latina.
“América Crece” es un plan ambicioso para ayudar a reactivar la economía de América Latina con inversiones en el sector privado, en energía e infraestructura para que los países mejores su competitividad, la creación de empleos e impulsen sus crecimiento económico.
Según datos de los organizadores de la iniciativa “América Crece”, a la fecha se han firmado memorandos de entendimiento oficiales con Argentina, Chile, Jamaica, Colombia y Panamá, y están preparados para suscribir acuerdos similares El Salvador, Perú y Brasil, para que todos estos países puedan acceder al programa de apoyo para la región.
El hecho que Nicaragua quedase fuera de ese plan es para los analistas otro mensaje de que EE.UU. usará toda su influencia política para cortar el poco oxígeno financiero que le quede al régimen Ortega y Murillo.
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Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y Edmundo Jarquín, exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ven difícil que la dictadura rompa esa barrera que significa la Nica Act por lo que lamentan que, por la falta de voluntad del régimen en restaurar la gobernabilidad y los derechos humanos, Nicaragua posiblemente no acceda a parte de la cartera renovada para el combate a la pobreza que el Banco Mundial pondrá a disposición de las naciones más empobrecidas.
“El futuro financiamiento del Banco Mundial a Nicaragua será afectado porque ya lo está haciendo. Si bien los gobiernos europeos han dicho que prefieren centrarse en sanciones individuales (a funcionarios del régimen), Estados Unidos seguirá presionando usando sus propios medios y seguirá influyendo para impedir que se le aprueben nuevas operaciones” a Nicaragua, dijo Arana.
La ayuda financiera del Banco Mundial ha sido clave para ayudar a reducir los niveles de pobreza en Nicaragua, pero al irse limitando los recursos a los que pueda acceder debido a la Nica Act y las presiones adicionales de los gobiernos extranjeros, los pronósticos son que se revierta todo lo avanzado.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) sostiene que como consecuencia de la caída del consumo en los hogares, el aumento del desempleo y el deterioro del poder adquisitivo la tasa de pobreza llegue al 31.9 por ciento al finalizar el 2020, un nivel no visto después de 2014.
Funides indicó que de continuar extendiéndose la crisis la tasa de pobreza general aumentaría del 29.4 por ciento en 2019 al 31.9 por ciento, “esto implicaría que 2.1 millones de personas” sobrevivirían con menos de 1.76 dólares (unos sesenta córdobas) al día, que es la línea de pobreza utilizada para realizar sus cálculos.
En base a estadísticas del Gobierno del 2016, el Banco Mundial ubica al país con una tasa de pobreza general del 24.9 por ciento. Sin embargo la crisis y las medidas fiscales y a la seguridad social del régimen han dejado a miles en el desempleo y mermado los ingresos de la población, lo que estaría dejando más pobres.
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Arana, presidente de Amcham, dijo que mientras Ortega no restablezca las libertades y retome el diálogo con la oposición agrupada en la Alianza Cívica para acordar las reformas electorales y constitucionales propuestas por los opositores para “devolver a la senda democrática a este país”, serán menos las puertas de la cooperación externa donde ir a golpear, y serán pocas de esas las que le abran.
Arana refirió que el menor financiamiento a programa de desarrollo “se pega la competitividad del país en general, entonces hay una serie de consecuencias porque no hay inversión, no se generan empleos y por tanto la pobreza aumenta”.
Si bien la mayoría de la cartera nueva de recursos disponibles por el Banco Mundial para combatir la pobreza se destinarán para África, el organismo informó en un comunicado que los fondos disponibles “ayudará a los países a invertir en las necesidades de sus habitantes, impulsar el crecimiento económico y acrecentar la resiliencia ante las perturbaciones climáticas y los desastres naturales”.
El nuevo programa de financiamiento de la AIF comprende del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023. Se enfocarán en respaldar proyectos de servicios de salud, nutrición y población; ampliar los programas de vacunación, el acceso a servicios de Internet de banda ancha; mejorar la gobernanza así como proyectos de energía con fuentes renovables.
El economista Edmundo Jarquín dijo que el Banco Mundial, el BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) son de las principales fuentes de financiamiento multilaterales para el programa de inversión pública de Nicaragua, las cuales “desde la crisis, es decir 20 meses, se le han ido cerrando al no aprobarles nuevos préstamos”, siendo el caso del BID y del Banco Mundial.
Jarquín y Arana mencionaron, por separado, que los recursos incorporados en el Presupuesto General de la República 2020 son parte de los pactados por el BID y el Banco Mundial previo a la crisis causada por la represión al pueblo, es decir no serían fondos frescos.
En el Presupuesto público 2020 se aprobaron 2,099.9 millones de córdobas (unos 63.6 millones de dólares) en préstamos por parte del Banco Mundial para financiar programas de infraestructura vial, el mejoramiento de colegios públicos, la construcción de hospitales, el ordenamiento de la propiedad y fortalecimiento de la administración pública.
El BID comprometió préstamos por 2,742.8 millones de córdobas (unos 83.1 millones de dólares) con lo que el régimen pretende financiar proyectos principalmente de carreteras, energía, agua y saneamiento así como mejorar la red hospitalaria.
“La previsión del presidente del Banco Central de Nicaragua (Ovidio Reyes) de que se había recuperado la estabilidad interna y por tanto las perspectivas es la recuperación del crecimiento económico a partir del 2020 si se renueva el financiamiento externo es absolutamente infundada porque ni el BID, ni el Banco Mundial ni ninguna fuente europea bilateral va a renovar el financiamiento a este país mientras Ortega no dé señales de que las elecciones del 2021 serán efectivamente democráticas”, aseguró Jarquín.
Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), afirmó el pasado 7 de octubre, la última aparición en medios oficialistas registrada, que en el 2020 será fundamental retornar el financiamiento externo y que la banca a nivel local movilice recursos más baratos a las actividades productivas para lograr la recuperación económica.
Los economistas Jarquín y Arana descartan que se cumpla lo que el régimen ambiciosa y por el contrario advierten que el financiamiento externo irá cerrándose con la intensificación de las sanciones anunciadas por EE.UU. y la Unión Europea para presionar a Ortega a cesar la represión, liberar a los más de 160 presos políticos y retomar el diálogo con la oposición para acordar reformas electorales que garanticen elecciones democráticas.
El gobierno estadounidense ha sancionado a 15 funcionarios de la dictadura por su participación en las violaciones a los derechos humanos al pueblo y la corrupción. Entre los sancionados está la vicepresidenta designada Rosario Murillo y dos de los hijos de la pareja presidencial, Rafael y Laureno Ortega Murillo.
También se golpearon directamente los negocios controlados por la familia Ortega y Murillo como son Albanisa, Bancorp, DNP, Zanzíbar y El Goliat por ser parte del esquema de corrupción y lavado de dinero para sostener al régimen, según las sanciones de los norteamericanos.
A pesar del optimismo de la dictadura de que el 2020 el país despegará con una tasa de 0.5 por ciento de crecimiento, los pronósticos de los organismos multilaterales, incluido el Banco Mundial, es que sea un tercer año de recesión económica debido a la profundización de la crisis sociopolítica, la falta de inversión privada nacional y extranjera.