Siete senadores estadounidenses expresaron su preocupación sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua, que lleva veinte meses sin resolverse, mientras Daniel Ortega mantiene un Estado de Facto. A través de una carta enviada al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, solicitaron una sesión informativa para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por parte del Departamento del Tesoro sobre la estrategia y los planes de la administración para sancionar a otros miembros del círculo íntimo de Ortega por violaciones a los derechos humanos, así como una actualización sobre la Nica Act.
La carta, fechada el 20 de diciembre, también estaba dirigida al secretario del departamento del Tesoro, Steven Mnuchin; y al Administrador de la Agency for International Development, Mark Green, en la que de forma general, solicitan más información sobre la política administrativa para responsabilizar a los ciudadanos que han cometido violaciones de derechos humanos en el país, además de los esfuerzos para restaurar la democracia en Nicaragua.
Fuentes del Departamento de Estado confirmaron que la oficina del Secretario de Estado recibió la carta firmada por los senadores: Chritopher S. Murphy, Benjamin L. Cardin, Ted Cruz, Patrick Leahy, Richard J. Durbin, Chis Van Hollen y Edward J. Markey.
En marzo de 2019, a través de las negociaciones entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica, se acordó la liberación de todos los presos políticos, y la restauración de las libertades civiles, incluyendo el restablecimiento de los medios de comunicación. Sin embargo, Ortega no ha cumplido, destacan los congresistas.
El gobierno de Daniel Ortega ha continuado arrestando a ciudadanos, incluidos expresos políticos. También apresó a 13 integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que son conocidos como “los aguadores”. En total, se reportan 161 presos políticos, sujetos a condiciones inhumanas, abusos físicos y psicológicos, denunciaron los senadores.
“El gobierno también ha sido completamente reacio a respetar las libertades civiles. Las ciudades siguen militarizadas, con una importante presencia de fuerzas policiales y paramilitares que impiden marchas y otras manifestaciones de protesta cívica, y otras acciones represivas que incluyen vigilancia intrusiva, intimidación, persecución, amenazas, secuestros y arrestos”, se lee en la misiva.
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El respuesta a las violaciones de derechos humanos, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a funcionarios del régimen orteguista. Nueve de ellas se concretaron al inicio de 2019. Hasta la fecha 15 funcionarios de Ortega, incluidos dos de sus hijos, Laureano y Rafael, y su esposa, Rosario Murillo, han sido sancionados por Estados Unidos.
“Estas sanciones enviaron un poderoso mensaje de que Estados Unidos prioriza la rendición de cuentas de quienes cometen abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. También demuestran al presidente Ortega que existen consecuencias por negarse a negociar de buena fe con la oposición”, exponen en la carta.
Solicitan más sesiones
Los senadores también solicitaron otra sesión por parte del Departamento de Estado y USAID para abordar varios puntos, entre estos: los esfuerzos de la administración para coordinar los próximos pasos con la Unión Europea, especialmente, en la implementación del marco de referencia que Estados Unidos adoptó en octubre para permitir sanciones específicas; la construcción de la Administración de cara a la presión internacional; y los esfuerzos para asistir a unos 80 mil nicaragüenses que huyeron hacia Costa Rica.