Su casa fue asaltada por unos 20 antimotines armados hasta los dientes. Eran cerca de las 1:15 de la madrugada del 23 de abril de 2018, durante lo más crudo de la represión orteguista al pueblo de Nicaragua. Llegaron lanzando bombas lacrimógenas al interior de la propiedad, sin importar que habían ancianos y niños durmiendo.
El objetivo del operativo era destruir el celular de la abogada Aura Alarcón González, quien diez minutos antes había filmado el asesinato de Roberto Carlos García Paladino, un ciudadano que se oponía al saqueo de un supermercado ubicado en el sector de la P del H en Managua, por turbas sandinistas que actuaban bajo toda impunidad.
“Cuando a mi me avisan que la policía iba para mi casa, me fui corriendo porque estaba a unas cuadras de donde ocurrieron los hechos, no me dio tiempo de hacer nada. Me arrebataron el celular de la mano y en el acto lo destruyeron y se fueron. La casa ni se miraba de tanto gas. Los niños lloraban y mi madre también”, relató Alarcón, quien ahora ejerce la defensa de Ivania Alvarez Martínez, Melvin Peralta y Derlis Hernández del grupo de presos políticos conocidos como los Aguadores.
La abogada Alarcón recuerda que los que dispararon contra la población aquella madrugada fatídica de abril “eran policías y miembros de la Juventud Sandinista que pasaron disparando en una camioneta Hilux”, sostiene.
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Acusaciones son pasadas de cuenta
Dos días después, el 25 de abril, acusaron injustamente a cinco jóvenes del barrio Paraísito, por el asesinato de Paladino, allegado a Chico López, tesorero del partido Frente Sandinista. Esos jóvenes no estaban siquiera en el lugar el día que se dieron los hechos.
“Sé que no fueron ellos. Los acusaron porque rechazaron ser parte de las turbas que andaban reprimiendo al pueblo. Los andaban reclutando y dijeron que no. Eso me indignó y decidí aportar mis conocimientos en su defensa”, dijo la jurista, quien también testificó a favor de los jóvenes en juicio.
Alarcón es parte de los nueve abogados que forman la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), para defender gratuitamente a personas que han sido procesadas por ejercer su derecho constitucional a la protesta, entre ellos Elton Ortega, Arnulfo López, Samuel Chavarría Aburto, Nohemi Guerrero, María Teresa Gómez, Rosario Flores, Norvin Cruz y Alexandra Salazar.
El ataque con antimotines a su vivienda solo fue el inicio del acoso. También ha recibido amenazas de muerte de cárcel. Paramilitares de la dictadura, entre estos un familiar, se apostan frente a su vivienda para intimidarla. Le robaron descaradamente su celular y su cartera con la aprobación del jefe del Distrito Uno de Policía Orteguista, ubicada en el Mercado Oriental.
“Me han impuesto multas de tránsito por puro gusto. Los turberos pasan chocando mi carro parqueado frente a mi casa y los policías llegan a multarme a mi casa aunque no haya cometido infracción, porque dicen que son mandados. Lo que más me ha dolido es que me envenenaron mis perros. Pero no importa lo que hagan, mi compromiso es con la búsqueda de justicia, aportar mis conocimientos en esta lucha social, por el futuro de mis hijos”, dijo Alarcón.
El trabajo social que realiza no solo le ha traído acoso sino también consecuencias económicas, porque muchos clientes privados se han marchado, por temor a represalias.
“A veces de ver tantas injusticias, quisiera salir corriendo del país, pero luego recuerdo que Nicaragua es de todos y aquí nos quedamos”, refirió Alarcón.
Abogada Nohemí Guerrero: “No podía ser indiferente con algo que yo también sufrí”
Otra de las abogadas de UDJ que ha sufrido mucha represión por parte de la dictadura es Nohemí Guerrero. La primera plataforma que utilizó para demostrar su descontento con lo que sucedía en el país, fue la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic) quienes marcharon y realizaron plantones frente a la Corte Suprema de Justicia en enero y febrero de 2018, antes del estallido social,
El 7 de febrero de 2018 fue apresada injustamente, mientras realizaba gestiones a favor de una cliente en el Distrito Uno de la Policía de Managua. Ese día fue golpeada, la desnudaron para realizar sentadillas y la mantuvieron presa por 24 horas.
El 22 de abril de 2018 apoyó de lleno las protestas sociales. Estaban unos universitarios protestando sobre la carretera a Masaya y se sumó. Luego llegó la policía y empezó a capturar y la abogada se fue a su vehículo y sacó a varios jóvenes del lugar, para evitar que se los llevaran.
“Lloré cada asesinato de cada joven y cuando vi que estaban encarcelando, criminalizando la protesta, ejerciendo tortura, no podía ser indiferente, porque yo también pasé por eso”, dijo Guerrero.
Guerrero fue una de las cuatro abogadas de Unanic que se apostó en las afueras del viejo Chipote y prestó servicio gratuito para presos políticos. “Soy un grano de arena, pero sumados hacemos una playa. A toda protesta fui, nunca fallé. Comí arroz con mayonesa en las afueras del Chipote, porque el dinero que recibía de mis casos privados lo ocupaba para combustible y seguir ayudando a las familias agredidas”, dijo la jurista.
A Guerrero la amenazaron de muerte, la incluyeron en una lista de “golpistas”, pero no la intimidaron y sigue prestando el servicio de defensa gratuita. “Ha podido más la indignación y la necesidad de justicia que el miedo. Aquí voy a estar mientras Dios me lo permita. En el frente jurídico hemos conocido de toda ilegalidad. Nos cubrimos entre nosotros, para que los manifestantes no caigan en la defensa pública”, dijo la abogada.
Abogada Alexandra Salazar: “No pensamos que se iba a extender tanto”
Alexandra Salazar aunque no se le ve ejerciendo defensas de presos políticos en los juzgados, se encarga de las estadísticas, de la distribución de expedientes, de hablar con familiares y otras diligencias de UDJ. Incluso ha rescatado a sus colegas de lugares donde están en peligro por la presencia de antimotines.
“Nosotros decidimos dar nuestra colaboración profesional como abogados, al ver la violación al debido proceso, la criminalización de la protesta y que los abogados que estaban prestando su servicio, ya no daban abasto porque los casos se multiplicaban cada día. Nos aventuramos pensando que esto sería por unos tres meses, nunca pensamos que se extendiera tanto”, dijo Salazar.
FOTO/LA PRENSA/Uriel Molina
Para UDJ, el principal aporte de su trabajo es evidenciar todas las violaciones a derechos procesales, humanos y constitucionales de los procesos contra presos políticos, para que no queden impunes y sentando las bases legales para cuando llegue el momento de tener un verdadero acceso a la justicia.