Katherine Scarleth Martínez, de 18 años, es la única mujer que quedó presa en la cárcel La Esperanza por haber participado en las protestas civiles contra el régimen de Daniel Ortega. Su familia reconoce que la joven apoyó la protesta de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI): les llevó comida y agua y participaba en las manifestaciones civiles desde abril de 2018.
Antes de ser detenida, la joven era constantemente amenazada por un vecino sandinista. Fue arrestada el pasado 20 de noviembre (2019) junto a su novio, Néstor Eduardo Montealto Núñez, de 27 años. Néstor era perseguido por su participación en las protestas civiles, pero además tenía antecedentes penales desde antes del 18 abril de 2018. La primera vez que Néstor estuvo en la cárcel, salió a mediados de 2019 bajo la llamada Ley de Amnistía, aunque no era preso político.
El día que fueron detenidos, la Policía llegó a casa de Katherine acusándola a ella y a Néstor de causar una explosión en el sector de las Américas 3 (Managua), pero al mismo tiempo le plantaron drogas para incriminarlos por narcotráfico, contó un familiar de ella que estuvo presente en el momento de la detención y quien habló con LA PRENSA de manera anónima, por temor a represalia de los vecinos sandinistas. También fueron detenidos dos primos de Néstor por elaborar y vender accesorios azul y blanco, colores simbólicos de las protestas civiles.
“(La Policía) les puso la droga en la cama y amenazaron a Néstor para que se tomara fotos con los paquetes de droga enrolladas con masking tape. La Policía también dijo que Katherine tenía bolsitas de droga en las bolsas del pantalón, pero ella ni siquiera usa ropa así, solo usa licras sin bolsillos”, dijo el familiar de Katherine.
El miércoles 27 de noviembre, los cuatro jóvenes: Katherine, Néstor y sus dos primos –los hermanos Ángel de Jesús y José Gadiel Sequeira Zamora (de 18 y 27 años, respectivamente)–, fueron presentados en los juzgados, acusados por la Fiscalía de tráfico de drogas.
La presa política Ivania Álvarez, quien fue excarcelada el 30 de diciembre, conoció a Katherine en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocida como el Chipote 2, donde estuvo 46 días presa.
“Katherine nos contó que le dijeron que se quitara el uniforme (de presa) y le entregaron su ropa civil para que se la pusiera (cuando aún estaba en el Chipote). Eso solo pasa cuando vas liberado o cuando te van a trasladar al sistema penitenciario. Ella creía que se iba, pero lo que pasó es que le iban a tomar unas fotos con droga que le pegaron en su cuerpo”, relató Álvarez sobre lo que le contó Katherine en el Chipote.
La familia de Katherine niega todas las acusaciones contra ella. Asegura que era estudiante de tercer año de secundaria en el Colegio “Edgar Antonio Arvizú Delgado”, en Managua, y trabajaba como niñera. La joven había dejado sus estudios por la persecución política, según su familia.
En Nicaragua, el sistema judicial y la Policía son instituciones que no tienen credibilidad, porque funcionan como brazo represor del régimen orteguista. Desde el abril de 2018, la Policía Orteguista, en coordinación con grupos armados, han secuestrado y matado a decenas de personas por participar en las protestas contra Ortega. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó 328 casos de personas que murieron por la represión armada de la Policía y los parapolicías.
A mediados de 2019 fueron excarcelados la mayoría de los presos políticos, muchos de ellos bajo régimen de convivencia familiar. Sin embargo, los excarcelados y su familias son asediados por la Policía y amenazados por los simpatizantes de Ortega. También muchos de ellos volvieron a ser detenidos. Cada semana se reportan nuevas detenciones de opositores, algunos son liberados en pocos días, pero otros siguen presos como Katherine.
Aunque la joven está en la lista de presos políticos de la organización opositora Alianza Cívica, no salió con el grupo que fue excarcelado el pasado 30 de diciembre. Su caso es seguido por los asesores legales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Entre los excarcelados del 30 de diciembre salieron seis mujeres de la llamada banda de Los Aguadores y también la estudiante María Guadalupe Ruiz Briceño, quien por cuatro meses fue la única presa política de la dictadura orteguista. Ahora ese título es de Katherine.
También sigue presa en Madriz la mujer transgénero Mayela Cruz López, oriunda del municipio de Yalagüina, del departamento de Madriz. Participó en las protestas civiles liderando el tranque de Salamasi, en Yalagüina. La acusan de alteración al orden público.
