La dictadura orteguista usa al sistema judicial para atacar a los empresarios opositores al régimen. Antes de salir de vacaciones de fin de año, el juez orteguista de Distrito Civil de Rivas, Pedro Aráuz, emitió una sentencia que despoja al empresario, Michael Healy, y a la sociedad Inversiones Turísticas del Pacífico S.A. (Intupsa) de una propiedad de cinco manzanas ubicada en el municipio de San Juan del Sur, para favorecer al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El BCIE inició en 2012 el reclamo judicial contra Intupsa, que preside y representa el empresario Healy, pese a que la propiedad fue adquirida por los inversionistas privados en 2009 sin complicaciones, pues ese año, la Procuraduría General de la República (PGR), dio su “no objeción” certificando que el bien no pertenecía el Estado, ni tenía problemas legales.
Sin embargo, la PGR apareció después aliada al BCIE en el proceso contra Healy e Intupsa para quitarle la propiedad en San Juan del Sur, cuyo valor superaría los cinco millones de dólares.
LA PRENSA consultó vía correo electrónico al BCIE, pero la entidad regional no respondido las consultas sobre este caso judicial.
Healy explicó a LA PRENSA que esa propiedad la adquirió Intupsa en el año 2009 al italiano Simón Pernechele, con los planes de construir un complejo turístico en San Juan del Sur.
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“La propiedad que reclama el BCIE viene de un asiento registral de La Talanguera, pero la propiedad de nosotros (Intupsa) viene de la propiedad Nacascolo. Son dos asientos registrales diferentes, por tanto son dos propiedades diferentes”, afirmó el empresario.
Healy es miembro de la opositora Alianza Cívica y fue parte de la delegación en el primer diálogo nacional, en mayo del 2019 llegando a demandarle a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo su renuncia. El empresario ha sido de los pocos que ha mantenido la crítica por el desmantelamiento de la institucionalidad en Nicaragua en los 13 años del régimen de Ortega. Esa posición le ha hecho blanco de represalias por parte del régimen, pues varias de sus propiedades y de la familia de Healy, están tomadas por parapolicías y turbas orteguistas desde hace 18 meses.
El fallo judicial contra la sociedad Inversiones Turísticas del Pacífico S.A. (Intupsa) para despojarles de la propiedad en San Juan del Sur es visto por Healy como parte de represión en su contra. No descarta que sea una maniobra política para que miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) terminen quedándose con el inmueble.
“Me preocupa que nos van a quitar la propiedad, pero luego va a aparece alguien del partido (FSLN) quedándosela, y al final el gobierno va a terminar indemnizando al BCIE”, dijo Healy.
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PGR certificó que bien no tenía conflictos
El italiano Pernechele compró esos terrenos en 2008 a la cooperativa “Juan Carlos Aburto Herrera”. Ambas transacciones se realizaron sin ningún problema pues Pernechele, cuando compró la propiedad a la cooperativa obtuvo el aval de no objeción por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que certificó que no es un inmueble del Estado, y tampoco tenía conflictos legales de reclamos, explicó Healy en base a los documentos que mostró a este diario.
Una certificación de no objeción fue extendida por el entonces procurador general Hernán Estrada, el 26 de marzo del 2009 a Intupsa, presidida y representada por Healy, por lo que se concretó la compra de la propiedad a Pernechele. La carta de no objeción aparece con número 5023 emitida por la PGR.
Los nuevos dueños registraron las cinco manzanas adquiridas sin problemas, por más de cien mil dólares. En 2012 obtienen un préstamo de casi cinco millones de dólares para concretar el complejo turístico en San Juan del Sur.
Entre 2008 y 2012 ningún representante del BCIE reclamó que el organismo fuese dueño de ese bien, según los documentos presentados por Healy.
Fue en 2012 cuando se inician los movimientos de tierra que el BCIE aparece reclamando ser dueño de las cinco manzanas pagadas e inscritas por Intupsa tres años antes.
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El BCIE reclama ser el dueño de la propiedad La Talanguera pero, según Healy, los asientos registrales y los planos catastrales de las cinco manzanas que adquirieron, así como los documentos presentados por el organismo, demostrarían que se tratan de bienes distintos, pues los terrenos de Intupsa se originarían en el sector de la finca Nacascolo.
“Ellos (BCIE) hicieron un sinnúmero de maniobras colocando incluso un rótulo y una caseta de vigilancia a la entrada de la propiedad, ante lo cual nosotros hicimos un secuestro judicial ante el juez local que nos fue otorgado y evitar que mientras no hubiese un fallo la propiedad, no puede pasar a terceros”, explicó Healy.
La PGR entró en 2017 en la pelea judicial junto al BCIE contra Healy e Intupsa desconociendo los avales que la misma Procuraduría había emitido anteriormente. En septiembre del 2017 la Procuraduría señaló que el plano topográfico aprobado por las oficinas de catastro de Rivas a favor de Intupsa eran falsos.
La PGR presentó en los juzgados de Rivas una carta con fecha de junio del 2017 en la que revocó la no objeción que otorgó en 2009 para que los inversionistas de Intupsa compraran la propiedad al italiano Pernechele.
Este caso ha sido manejado por cuatro jueces de Rivas, lo que para los inversionistas demuestra el interés del régimen de “mover la justicia” para favorecer al organismo internacional, pues desde que la PGR se le unió el proceso empezó a ser contra Intupsa y Healy.
El BCIE se ha convertido en uno de los principales financiadores del régimen Ortega y Murillo, a pesar de la represión cometida contra el pueblo desde abril del 2018 contra estudiantes, campesinos, empresarios, productores, organismos de la sociedad civil y otros sectores que, en las calles han demandado libertad, justicia por los crímenes y democracia.
Fallo antes de salir de vacaciones
Siete años duró el proceso judicial que de forma inesperada resolvió el juez Pedro Aráuz el pasado 19 de diciembre, a favor de la PGR y el BCIE, justo cuando los empleados estatales empezaron sus vacaciones de Fin de Año.
Para Healy esto “no es casual” sino que tenía la intención de evitar que los representantes de Intupsa se dieran por notificados del fallo en los tiempos necesarios para poder apelar. Healy viajó en diciembre pasado a Estados Unidos a pasar las festividades con sus hijos, pero al conocer la resolución contra él y sus socios regresó a Nicaragua para continuar los pasos legales por evitar se les despoje de la propiedad que adquirieron en San Juan del Sur.
Los abogados de Intupsa preparan la apelación contra el fallo del juez Aráuz. Además, los empresarios buscan reunirse con los altos directivos del BCIE para demostrarles las inconsistencias de lo que reclaman.
“Aquí hay un contubernio del Gobierno, de la Procuraduría y cuidado hasta los mismos abogados del BCIE están metidos en esto. Debemos llegar al fondo de esto porque no es posible que los nicaragüenses, por cualquier cosa que protestemos, nos vengan a quitar nuestras propiedades”, reclamó Healy.
Los inversionistas recurrirán a tribunales internacional de ser necesario.
“Si por la misma corrupción en el sistema judicial en Nicaragua no me dan la razón, aun con todas las pruebas, iré a nivel internacional y pondré demandas en cada país donde esté el BCIE en contra del BCIE, porque esta es una usurpación de un bien, y los abogados del BCIE están claros de que esta propiedad no es de ellos”, aseguró Healy.
Régimen de los 80 confiscó al BCIE
¿Cómo se hizo dueño el organismo centroamericano de una propiedad en la zona costera de San Juan del Sur? Según los documentos del proceso, los del BCIE afirman ser dueños de la propiedad desde el 11 de mayo de 1978 luego de haberla adquirido por compra venta que hicieron a la compañía pesquera “La Flor”, de Frank Kelly Torres.
Según conoce Healy, los dueños de “La Flor” dieron en garantía la finca La Talanguera de 18 manzanas de tierra para obtener un préstamo del organismo para comprar barcos pequeños.
Sin embargo, en la década de los años 80 con el primer régimen de Daniel Ortega, el Banco Centroamericano de Integración Económica fue víctima de la expropiación al igual que cientos de nicaragüenses e inversionistas extranjeros. La familia de Healy también fue confiscada en ese régimen.
La toma de propiedades privadas la avaló el régimen de la época con la reforma agraria y posteriormente las confiscó con las leyes 84 y 85, aprobadas en marzo de 1990 antes de que Ortega entregara la Presidencia a Violeta Barrios de Chamorro. Es en este proceso que los terreros de La Talanguera pasan a la cooperativa “Juan Carlos Alberto Herrera”.
¿Por qué el BCIE no reclamó le devolvieran su propiedad en La Talanquera a los tres gobiernos entre 1990 y enero de 2007? ¿Por qué cuando Ortega retomó el gobierno en 2007 el organismo financiero no exigió se le devolviera el bien confiscado en la década de los 80? Son explicaciones que el organismo no ha dado, según Healy.
También deberá explicar de acuerdo al empresario, cómo los abogados del Banco lograron inscribir una propiedad que ni siquiera está en el sitio que supuestamente ellos dicen, porque, afirmó, agarraron un plano del remanente de la cooperativa, e inscribieron un título del registro en el asiento de Nacascolo cuando el terreno que afirman ser dueños, es de La Talanquera.
Los inversionistas de Intupsa sostienen que la escritura y los planos que presentaron en el proceso los representantes del BCIE no coinciden con los derroteros, rumbos y distancias del inmueble que reclaman.
“Esas pruebas las tenemos, porque las escrituras y el planos certificados por su notario, Carlos Siles Levy no coinciden con la propiedad que dicen ser dueños “, aseguró Healy en base a los planos topográficos privados que se hicieron para demostrarle a los representantes del organismo regional de que “están equivocados”.
“Parte de la inconsistencia de sus planos es que señalan que una parte de sus linderos está la finca Palermo y en la escritura que presentan no aparece la finca Palermo”, afirmó Healy.
Los inversionistas de Intupsa han buscado arreglar el caso directamente con los representantes del BCIE. En esas gestiones presentaron los documentos topográficos, escrituras y planos catastrales al director por Nicaragua ante el organismo, Silvio Conrado pero cuando éste falleció en febrero del 2018, todo se interrumpió.
Según Healy, hace dos años se entregó a la directiva regional del BCIE la documentación que demuestra que las cinco manzanas adquiridas por Intupsa en San Juan del Sur no es la propiedad que reclama el organismo. Sin embargo no hubo respuesta de esos funcionarios.
Parapolicías mantienen tomadas fincas
Este caso para el empresario Healy es parte de las represalias que su familia sufre por parte de la dictadura Ortega y Murillo, pues desde hace 18 meses grupos parapoliciales tienen invadidas cinco propiedades de la familia Healy en el departamento de Rivas, actos avalados por el régimen.
La Chantilla, propiedad de Esperanza Lacayo de Healy, esposa del empresario y ciudadana de los Estados Unidos, y la finca La Zopilota, propiedad de Michael Healy situadas en el municipio de Buenos Aires, Rivas están invadidas por los parapolicías y turbas orteguistas. Son unas 300 manzanas de tierra que suman las fincas que los Healy Lacayo que han dejado de producir por estar tomada por los seguidores del régimen.
“Con mis socios tenemos la convicción de que tenemos la razón y tenemos las pruebas. Lo triste es cómo está de podrido el sistema judicial de Nicaragua que con pruebas en mano todavía dan una sentencia en contra de quienes tenemos la razón. ¿Quién va a venir a invertir en este país con el miedo de que a los años siguientes te la quite el mismo Gobierno?”, cuestionó Healy.