La dictadura orteguista anunció reformas electorales este 2020 que pretende pactar con los partidos políticos colaboracionistas con el régimen, excluyendo a los sectores opositores agrupados en la Alianza Cívica (AC) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Directivos de la AC y la UNAB advirtieron a los partidos políticos con personería jurídica que no acepten sentarse con la dictadura en una negociación que deje fuera a los sectores que lideran la resistencia ciudadana desde abril del 2018.
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Gustavo Porras, diputado orteguista presidente de la Asamblea Nacional, oficializó que este año se discutirá la reforma a la Ley Electoral (331), como parte de las modificaciones “profundas” al sistema político, económico, ambiental y laboral del Estado de Nicaragua.
La reforma a la Ley 331 será para “fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico-electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Esa es parte de nuestra agenda este año”, afirmó Porras.
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Lo planteado por Porras no incluye prohibir la reelección presidencial y de la candidatura del cónyuge del presidente que participe como candidato a la presidencia o vicepresidencia. Tampoco se incluye cambiar a todos los magistrados y la estructura del CSE, que sí son temas demandados por la ciudadanía. Esos temas son parte de la propuesta consensuada por la Alianza Cívica y la UNAB.
El anuncio de la reforma electoral lo hizo Porras al presentar los ocho ejes de trabajo del 2020, durante la sesión inaugural de la XXXVI Legislatura de la Asamblea Nacional, este 9 de enero, a la que asistieron magistrados del CSE, de la Corte Suprema de Justicia, altos mandos policiales, del Ejército y ministros.
Descartan consulta con la oposición
Wilfredo Navarro, segundo diputado orteguista de la junta directiva, dijo que el régimen tiene avanzada la propuesta de reforma electoral con la Organización de Estados Americanos (OEA), pero que abrirán la consulta solo con los partidos políticos, por lo que dejarán fuera a la oposición agrupada en la Alianza Cívica y la UNAB.
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José Pallais, de la AC, y Guillermo Incer, del consejo político de la UNAB , dijeron que las reformas que solo favorezcan al régimen conducirán a que las próximas elecciones sean consideradas ilegítimas tanto por la población como por la comunidad internacional, porque no se garantizarán procesos transparentes.
“Es algo que se miraba venir, en el sentido que el gobierno de Ortega y Murillo intentará hacer una reforma electoral a su manera, bajo sus reglas, para mantener el control del aparato electoral y continuar el camino de negar al ciudadano el derecho de elegir libremente a sus autoridades”, afirmó Pallais.
Pallais: Alianza no se presta a pactos
Excluir a la Alianza de la negociación, según Pallais, es porque se demostró en los dos anteriores diálogos que “no se presta a los pactos, arreglos y enmiendas que no resuelven la profundidad de la enorme falta de credibilidad que tiene el Consejo Supremo Electoral”.
Incer, de la UNAB, refirió que si la negociación es excluyente “para legitimar con falsas reformas”, “no van a evadir las sanciones y el aislamiento internacional”.
En febrero del 2017 el régimen de Ortega firmó un memorándum de entendimiento con la Secretaría General de la OEA, en el cual se comprometió en un plazo de tres años a impulsar y aprobar reformas al sistema político electoral de Nicaragua.
Tras el estallido de la crisis sociopolítica en febrero del 2018, las relaciones entre Ortega y la OEA se han deteriorado.
El Consejo Permanente y la Asamblea General del organismo han condenado los crímenes de lesa humanidad atribuidos a la dictadura orteguista, demandándole el cese de la represión y retomar las negociaciones en materia electoral con la oposición surgida de la crisis.
Incluso la Asamblea General de la OEA, en su resolución de junio del 2019 sobre la crisis en Nicaragua, reconoció a la Alianza Cívica como la agrupación opositora con la que el régimen debe restablecer las negociaciones para acabar con la crisis sociopolítica y recobrar el orden democrático.
Según Navarro, la dictadura ha seguido conversando unilateralmente con la OEA que “plantea una consulta con los partidos políticos que son los sujetos activos de la elección y con los organismos que tienen que ver con temas electorales”.
La consulta la abrirán “en el momento que creamos que es necesario”, dijo el orteguista.
Navarro demuestra homofobia
“Aquí no vamos a traer a lesbianas y gais para que hablen de cuestión de elecciones, porque hay un montón de grupos que andan medioenredados y creen que ellos pueden ser sujetos activos del tema electoral. Queda definitivamente claro, el tema electoral se discute con los partidos políticos, no con gais ni con lesbianas”, dijo Navarro, demostrando una actitud homofóbica.
Entre los grupos de la AC y la UNAB incluyen a feministas y de la diversidad sexual junto a campesinos, empresarios, estudiantes, académicos y la sociedad civil.
Con sus declaraciones Navarro demostró que los nicaragüenses que son parte de la diversidad sexual, para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) solo se les requiere para votar en los comicios, pero no se les toma en cuenta para definir cómo mejorar un sistema electoral democrático.
“Podrán ir a votar (…) pero definitivamente con esos no hay que discutir nada”, reiteró Navarro.
Fin es fomentar la abstención
El politólogo José Antonio Peraza opinó que el régimen orteguista busca hacer una reforma a su medida y con esto lograr que la ciudadanía opositora no participe en las próximas votaciones, como ocurrió en las elecciones nacionales de 2016, cuando la abstención se estimó en un setenta por ciento.
“La finalidad es muy simple: evitar que la reforma al poder electoral y al sistema electoral adquiera legitimidad y con eso provocar la abstención de la gente”, afirmó Peraza.