En la víspera del (42) aniversario del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal –la figura más emblemática en la historia del periodismo nicaragüense–, un miembro de la Corte Suprema de Justicia orteguista dijo a los periodistas que “pronto” serán resueltos los casos de los medios de comunicación confiscados por la dictadura el año pasado.
Se refiere a la revista Confidencial, cuyas instalaciones fueron asaltadas, saqueadas y confiscadas por la Policía Orteguista el 14 de diciembre de 2018, y al Canal 100% Noticias, que fue víctima de igual agresión el 21 de diciembre del mismo año y además su presidente y su jefa de información fueron encarcelados por seis meses.
Ante este crimen de la dictadura contra la libertad de expresión y de prensa, y contra el derecho de los nicaragüenses a la libre información, los propietarios de los medios confiscados, Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora, respectivamente, hicieron uso de los recursos establecidos en la Constitución y la Ley para reclamar la devolución de sus bienes, y la indemnización correspondiente por los graves daños causados por la ciega y brutal represión policial.
Pero el magistrado de la Corte Suprema que dijo este 9 de enero que los recursos de apelación de los dueños de los medios confiscados serán resueltos “pronto”, Francisco Rosales Argüello, lo hizo por quitarse de encima a los periodistas. No porque en realidad tenía algo oficial que informar.
A pesar de que él es presidente de la Sala Constitucional y operador político del partido oficialista FSLN, no tiene capacidad de decisión y en todo caso esta no vendría de él, ni de los demás magistrados, sino de la pareja dictatorial. Y en todo caso la palabra de los secuaces de la dictadura tiene poco valor, o ninguno. Ellos no sostienen con hechos lo que dicen y por lo general hacen lo contrario.
De cualquier manera, la confiscación de algunos medios de comunicación y los asaltos a otros, como Radio Darío, y el secuestro en aduanas del papel y los insumos necesarios para la publicación impresa de los diarios LA PRENSA y Hoy, constituyen como ya lo hemos dicho crímenes abominables contra los derechos constitucionales y humanos, no solo de las personas directamente afectadas sino de todos los ciudadanos nicaragüenses.
En el marco del 42 aniversario del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y ante la persistencia de la confiscación de medios de información y el secuestro del papel y los insumos para la impresión de los periódicos, no hay que perder de vista que la Constitución Política de Nicaragua y los tratados internacionales de derechos humanos —que están incorporados en el orden legal del país—, consagran la libertad de expresión y de prensa como un valor sustancial de las personas y la sociedad, y el Estado tiene la obligación de respetarlo.
Y no se debe olvidar que los ciudadanos tienen derecho y obligación de luchar para que ese valor supremo sea respetado.