El exilio no fue suficiente para la abogada y activista de derechos humanos Leyla Prado, para escapar de los tentáculos del régimen orteguista, quien a través del Poder Judicial le abrió un proceso informativo por supuesto error en la numeración de su protocolo del 2016 y ahora pretende dañar su imagen levantando falsos de su actuar profesional, denunció la perjudicada.
Lo insólito, según Prado, es que fue notificada hasta el 21 de octubre de 2019 de una cédula judicial emitida en septiembre de 2017, donde le informan que le abrirán un proceso informativo por un supuesto error de numeración en su protocolo notarial de 2016.
Marling Jarquín Ortega, directora de Registro y Control de abogados y notarios públicos remitió a la Dirección General de Inspectoría Judicial un informe donde señala que la abogada Prado cometió error de numeración de su protocolo notarial que llevó en el 2016, por haberlo reportado como número siete y era ocho, según la boleta que lleva esa dirección.
La abogada presuntamente infringió los artículos 15 y 18 de la Ley de Notario, por lo que el consejo ordena abrir informativo, se lee en la cédula judicial.
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“Mandé a responder el escrito y mis protocolos, porque no tengo nada que ocultar. Lo que veo es mala intensión de las autoridades porque cada año informó de mis protocolos y porque hasta ahora ven la supuesta anomalía en el protocolo notarial de 2016”, refirió Prado, quien se encuentra fuera de Nicaragua por amenazas a su integridad física y amenazas de muerte.
Prado fue Fiscal Auxiliar. Renunció y fue contratada el 16 de Mayo de 2018, para defender a presos políticos a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en la que culminó sus labores el 13 de septiembre de 2019, porque fue víctima de intimidación y amenazas departe de paramilitares.
Levantan falsos
El último acto de acoso lo sufrió este jueves 9 de enero de 2020, cuando el poder judicial publicó una nota en su sitio web donde señalan que Prado supuestamente presentó una demanda de divorcio de un hombre que ya estaba fallecido desde el 12 de octubre y que había alterado un certificado matrimonial, porque este no especificaba que era bajo régimen de bienes compartidos.
“Todo eso es falso con intenciones de perjudicarme. Cuando tuve la representación del demandante, presenté la demanda de divorcio el 26 de junio de 2019 y mi representado falleció el 12 de octubre esperando que se le resolviera un trámite de Divorcio, que se le debió dar respuesta en unos dos meses, por que no tenían hijos en común. Pero lejos de reconocer su negligencia, la Juez ahora se lava las manos diciendo que el certificado es falso, cuando fue emitido por el Registro Civil de las personas”, explicó Prado.
La abogada considera que tanto el informativo que le abrieron en la Corte como la nota “maliciosa y tendenciosa”, que publicaron en el sitio web del poder judicial, denotan la saña con que el régimen a través de sus órganos, acosa a los abogados defensores de presos políticos.
“Andan inventando problemas que no tengo, todo por haber defendido a manifestantes. Me siento perseguida, andan revisando hasta lo último y como no encuentran nada anómalo, inventan situaciones. No descarto la posibilidad que quieran acusarme, porque siguen inventando pruebas y armando expedientes con hechos falsos”, dijo la abogada desde el exilio.
Para la abogada Leyla Prado, lo que buscan las autoridades de la Corte es perjudicarla profesionalmente su reputación, pero aseguró que con expediente en mano la abogada que la sustituyó en ese caso, por motivo de su exilio, demostrará la falsedad de lo publicado por el poder judicial. “Es lamentable que un poder del Estado se preste para publicar mentiras en su sitio web, sin investigar debidamente el caso”, agregó Prado.
La defensora de derechos humanos recuerda que la última gestión que realizó como abogada y defensora de derechos humanos fue el 11 de septiembre de 2019, ante la Fiscalía en el caso de Eddy Montes, preso político asesinado dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro el 16 de mayo de 2019.
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