El diputado orteguista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y sancionado por Estados Unidos y Canadá por violaciones a los derechos humanos, dejó entrever que la dictadura dejaría fuera a la Organización de Estados Americanos (OEA) de las discusiones de las reformas electorales en Nicaragua, pues el legislador afirmó que los cambios “le corresponden a los nicaragüenses” decidirlos.
“La reforma electoral le corresponde a los nicaragüenses y por eso la Asamblea Nacional la pone en su agenda nacional en 2020”, dijo Porras reiterando que las propuestas serán sometidas a una “consulta” cerrada con los partidos políticos representados en el hemiciclo Legislativo.
La dictadura de Daniel Ortega firmó un Memorándum de Entendimiento con la OEA en febrero del 2017 para reformar el sistema político electoral de Nicaragua, estableciendo un plazo de tres años para ejecutarlo. Ese Memorándum se vence el próximo febrero pero el régimen de Ortega no ha informado si piensa renegociarlo para extenderlo con la Secretaría General de la OEA.
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Lo que dijo Porras fue que el régimen tendría lista su propuesta de reforma a la Ley Electoral que se basaría en lo que habían negociado con la OEA, previo a la crisis sociopolítica causada por la masacre de la dictadura a las manifestaciones ciudadanas a partir de abril del 2018.
“Tenemos base, existen opiniones incluso un cronograma que venía avanzándose previamente con diferentes organismos, pero nos corresponde a los partidos políticos e instituciones que les toca verse involucrados en este proceso, llegar una reforma electoral que nos garantice un proceso electoral absolutamente creíble, confiables y reconocido. Es lo que vamos a impulsar”, dijo el presidente del Legislativo.
Será la Comisión Especial Constitucional que conforme la Asamblea Nacional con los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) quienes dirijan las negociaciones de las reformas electorales, a pesar de que ambos órganos responden a los intereses del régimen de Ortega y Rosario Murillo.
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Los cambios del régimen no incluirán prohibir la reelección presidencial, la candidatura del cónyugue del presidente, cambiar a todos los magistrados electorales que son demandas de la población incorporadas en la propuesta consensuada por las agrupaciones opositoras en la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
“La Asamblea Nacional ha asumido la responsabilidad de trabajar con el organismos encargado de esto y las instituciones involucradas, la reforma electoral. Esta reforma queda claro los objetivos son fortalecimiento del voto popular, el sistema de partidos políticos que es la democracia representativa y la organización electoral y el sistema técnico electoral que está a cargo del Consejo Supremo Electoral (CSE)”, afirmó Porras.
Reformas cosméticas para perpetuar a Ortega
El político opositor miembro de la Alianza Cívica, José Pallais, interpreta de las declaraciones del orteguista Porras que la dictadura no le interesa negociar un nuevo acuerdo con la OEA, una vez venza el anterior en febrero próximo, porque así se quita de encima es escrutinio internacional y lo que aprobarán serán reformas “cosméticas”.
“Dejarán de fuera a la organización y el propósito de hacer las negociaciones en la Asamblea Nacional con los partidos políticos es para garantizar no ha acordar la democracia como lo han hecho en el pasado. Significa que no habrá el apoyo de la asesoría de la OEA y de la Unión Europea que también han hecho recomendaciones importantes de que lo las reformas electorales deben ser profundas para que haya un cambio democrático real en Nicaragua”, afirmó Pallais.
Si se excluye a los sectores opositores de la Alianza Cívica, la UNAB y a la OEA en Nicaragua no habrá un sistema electoral que garantice el respeto del voto de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, según el jurista Pallais.
“Tendremos unas elecciones al estilo de Ortega, sin el apoyo internacional y sin un consenso nacional de las fuerzas azul y blanco que continúan siendo excluidos. Las consecuencias más graves serán para Ortega porque el sistema carecerían totalmente de legitimidad. Ortega sería un presidente ilegítimo que no recibiría el reconocimiento internacional. Estaría como Nicolás Maduro”, dictador de Venezuela”, aseguró Pallais.
La dictadura de Ortega es señalada por la OEA de haber provocado la ruptura del orden democrático en Nicaragua, por el control que ejerce en todas los poderes del Estado lo que le ha permitido mantenerse en el poder de forma continua desde el 2007, violando las prohibiciones de la reelección presidencial que existían en la Constitución de la República y por medio de fraudes electorales documentados por organismos de observación electoral.
Porras es uno de los funcionarios más cercanos de la pareja presidencial Ortega y Murillo, siendo uno de sus principales operadores políticos en el control de la Asamblea y de los sindicatos sandinistas, que actúan como brazo represor en los ministerios contra los trabajadores.
A pesar de que se excluirá a sectores opositores de credibilidad de la negociación de la reforma electoral, el orteguista Porras dijo tomarán en cuenta “las recomendaciones que sean necesarias” pues lo que buscan es que los resultados ” de las próximas elecciones nacionales en 2021, donde Ortega sería nuevamente el candidato del FSLN sean “incuestionables” .
El opositor Pallais dijo que “la incuestionabilidad se construye con la consulta nacional a reformas electorales que garanticen el respeto al voto, no el maquillaje que quieren montar”.
“Ortega está reaccionando a la fuerza de las demandas de la Alianza Cívica y de otras fuerzas políticas y al apoyo que ha recibido la propuesta consensuada a las reformas electorales de la oposición. Reacciona con reformas cosméticas que no puede recibir ningún apoyo nacional e internacional”, afirmó Pallais.
Censura a periodistas independientes
Porras, sancionado por Estados Unidos y Canadá por violación a los derechos humanos en su participación en la represión al pueblo, este viernes 10 de enero brindó una conferencia a medios oficialistas luego de la reunión con la junta directiva de la Asamblea, en donde reiteró que será ese poder del Estado donde se desarrollarán las consultas a la reforma a la Ley Electoral (Ley 331), en las cuales no se permitirá que participen organizaciones sociales ni sectores opositores que han liderado la resistencia ciudadana desde abril del 2018.
A la conferencia de Porras no se permitió el acceso a los periodistas de medios de comunicación nacionales y agencias internacionales independientes debido a que la Policía Orteguista (PO) negó el ingreso a la sede de la Asamblea diciendo a los reporteros que “por hoy no hay acceso”.