Pese que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ofrecido asesoría técnica al régimen de Daniel Ortega e inclusive en abril del año pasado vino un alto cargo de ese organismo para valorar propuesta de reforma electoral, la dictadura mantiene en “fase muerta” esa posibilidad en pleno año preelectoral y a pesar que la Asamblea Nacional ya anunció que se prepara para abordar el espinoso tema.
El jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gonzálo Koncke, afirmó a LA PRENSA ayer que el Gobierno de Daniel Ortega no les ha informado de que se iniciarán en Nicaragua las negociaciones sobre la reforma electoral, y tampoco se le ha solicitado al organismo su colaboración en el proceso de consultas.
“No estamos trabajando en el tema”, fue la respuesta de Koncke al ser consultado este 11 de enero sobre el tema.
De esta forma se confirma que la dictadura de Ortega a través del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) excluirá a la OEA en el proceso de las negociaciones a la reforma a la Ley Electoral (Ley 331), lo que para sectores opositores es otra evidencia de que el régimen hará prácticamente solo los cambios que serían “cosméticos”, con el objetivo de conservar el control del sistema electoral para mantener a Ortega en el gobierno a través de fraudes electorales.
La reforma a la Ley Electoral será discutida en la Asamblea Nacional, donde el FSLN ejerce el control con setenta de los 91 diputados en funciones. La negociación será solo con los partidos políticos con representación jurídica, confirmó a finales de esta semana el diputado presidente del Poder Legislativo, el orteguista Gustavo Porras, quien está sancionado por Estados Unidos y Canadá por violación a los derechos humanos por su participación en la represión a las manifestaciones ciudadanas desde abril del 2018.
La dictadura excluirá de las negociaciones del cambio a la Ley Electoral a los sectores opositores agrupados en la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que desde hace veintiún meses mantienen la resistencia ciudadana demandando justicia por los crímenes de lesa humanidad que han dejado al menos 328 asesinatos, así como el cese de la represión.
Existe un Memorándum de Entendimiento firmado el 28 de febrero del 2017 entre el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro y el canciller orteguista, Denis Moncada, en donde la dictadura se comprometió a impulsar reformas al sistema electoral del país, las que serían negociadas y ejecutadas en un plazo de tres años.
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El compromiso fue permitir el acompañamiento técnico y jurídico de la OEA para el fortalecer “la aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo político, garantizando la voluntad y los derechos del elector así como del elegido”.
El plazo del Memorándum se vence el próximo 28 de febrero, sin que exista el interés del régimen de Ortega de ampliar el acuerdo con la OEA para que brinde la asesoría técnica jurídica a la reforma electoral, por lo que se esperaría sea otro elemento de confrontación con la comunidad internacional que ha demandado a la dictadura cambios institucionales que le devuelva a los nicaragüenses la confianza de poder elegir a sus autoridades por medio de elecciones libres y transparentes.
La Asamblea General así como el Consejo Permanente de la OEA ha aprobado varias resoluciones condenando al régimen de Ortega por las graves violaciones a los derechos humanos a los nicaragüenses, así mismo ha denunciado que en Nicaragua hay “una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático”. Esto mantiene confrontado al régimen con el organismo hemisférico al que acusa de “injerencismo” y se ha negado a permitir el ingreso al país a las delegaciones para coadyuvar a solucionar la crisis socipolítica.
La Alianza Cívica y la UNAB han propuesto reformas al sistema electoral que garanticen elecciones observadas, la despartidarización del Consejo Supremo Electoral (CSE), el nombramiento de nuevos magistrados, el adelanto de las elecciones, antes del 2021 cuando a Ortega se le vence su tercer período consecutivo, así como volver a prohibir la reelección presidencial y que el cónyugue del presidente en el cargo pueda ser candidato a la Presidencia como forma de impedir la sucesión familiar que fomenta la la dictadura Ortega y Rosario Murillo.
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José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, dijo que la declaración del Koncke de que la OEA no ha sido informado sobre las negociación de la reforma a la Ley Electoral en Nicaragua, “confirma lo que había adelantado Gustavo Porras y las sospechas de la Alianza en el sentido de que impulsan una reforma cosmética tratando de calmar la presión nacional e internacional sin responder a la propuesta consensuada de reformas presentada por la oposición”.
“Al no tener el apoyo técnico y tan importante de la OEA hace prever que esa reforma electoral no cumplirá con los estándares internacionales y será una iniciativa que no garantizará la observación nacional e internacional de credibilidad, sino que seguirán participando organismos afines al interés de Daniel Ortega”, dijo el jurista Pallais.
La dictadura no permite la participación de observadores nacionales y restringe a los internacionales aquellos ligados políticamente a los países del Alba, que han validado los fraudes electorales cometidos por el FSLN y validos por el CSE realizados en Nicaragua desde el 2008.
“Difícilmente será una reforma electoral que genere confianza a la población para ir a votar y en que su voto será respetado”, aseguró Pallais.
En la sesión inaugural de la XXXVI Legislatura en la Asamblea Nacional, el pasado 9 de enero, el orteguista Porras dijo que como parte de la agenda de trabajo en el 2020 estaba la reforma electoral que se centrará el fortalecimiento del voto popular, el sistema de partidos políticos y el sistema técnico electoral que está a cargo del CSE.
Sobre esos temas basa su propuesta la dictadura que la piensa consultar con los partidos políticos con personería jurídica, los cuales son considerados colaboracionistas de su régimen por cuanto le han legitimado las elecciones pasadas, a pesar de haberse documentados los fraudes del FSLN.
“Al rechazar la participación de la OEA y excluir a los sectores opositores de esa consulta de los cambios al sistema electoral, el FSLN está mandando un mensaje claro de que no piensa cumplir con sus obligaciones internacionales y pretende continuar el camino del fraude y del control político del Consejo Supremo Electoral”, aseguró Pallais.
La Alianza Cívica intensificará la campaña interna para que la población presione por una amplia consulta de la reforma electoral, y a nivel internacional seguirá denunciando “las nuevas tretas de Ortega” al no garantizar ningún cambio que garantice elecciones democráticas en Nicaragua.
“Ortega pretende engañar a la comunidad internacional y a los nicaragüenses, pero insisto que una reforma electoral excluyente de los temas esenciales que necesitan hacerse no satisface, por eso continuaremos insistiendo que nada de lo que resulte de esa reforma cosmética puede generar legitimidad”, afirmó Pallais.
Luciano García, integrante de la UNAB, rechazó que los sectores campesinos, empresarios, estudiantes, sociedad civil, académicos, exiliados que representan la nueva agrupación opositora en el país se alíen con los partidos políticos que le han servido en el pasado al orteguismo para facilitarle la permanencia a Ortega en el poder a cambio de recibir prebendas económicas y cargos públicos.
“Aliarnos con los partidos políticos es aliarnos con Daniel Ortega porque es quien controla a esos partidos”, afirmó García, exiliado en Costa Rica por ser perseguido por el régimen que lo acusó de terrorismo por su participación en los meses más crudos de las protestas.
“La reforma electoral que demanda la mayoría de los nicaragüenses es la que permita la creación de una nueva opción política para que los sectores que son la verdadera oposición conformen un partido político que sea verdaderamente de oposición” capaz de hacer contrapeso a FSLN en las próximas elecciones nacionales del 2021, dijo García.