Ortega enfila sus «cañonazos económicos» desde la Asamblea Nacional para acorralar a los empresarios

Mario Arana, presidente de Amcham, explicó que junto al Cosep reactivaron las comisiones de especialistas para estar listos a analizar los efectos de cada propuesta de Ley que sea parte del paquetazo del régimen, una vez se hagan públicas

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La Junta Directiva de la Asamblea orientó a las comisiones parlamentarias que en dos semanas presenten la calendarización de la revisión del paquetazo de 36 leyes a reformarse y a aprobar de forma prioritaria este año. LA PRENSA/ JADER FLORES

El régimen busca arrinconar al empresariado nicaragüense desde la Asamblea Nacional, donde planea impulsar este año paquetazos de reformas a leyes económicas sensibles para el sector, en pleno año preelectoral y tras casi dos años de distanciamiento y presión por parte del sector privado para que en Nicaragua haya un proceso de transición hacia la democracia que abarque la salida de Daniel Ortega del poder y reformas institucionales.

A través  de 33 reformas de leyes,en su mayoría de índoles económicas y que forman parte del «eje» de prioridad de la Asamblea Nacional en el 2020, la dictadura también  busca obtener más recursos económicos para garantizar el sostenimiento del gasto público y su aparato clientelista en un año preelectoral, según analistas y empresarios consultados, que temen que esa voracidad socaven los negocios, profundice la retirada de inversión y dañe las finanzas de los hogares.

Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), explicó que junto al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), reactivaron las comisiones de especialistas para estar listos a analizar los efectos de cada propuesta de Ley que sea parte del paquetazo del régimen, una vez se hagan públicas.

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Estar preparados técnicamente no significa que, al menos Amcham, acepte participar de forma bilateral con el régimen en las negociaciones de las reformas a las 33 leyes,  y tampoco cuando se abra la discusión en la Asamblea Nacional.

«Como organizaciones nos manifestaremos públicamente, pero no nos estamos sentando con el gobierno en ningún espacio mientras no haya una muestra creíble de voluntad para resolver la crisis política, que es, insistimos, el origen de la recesión económica», afirmó el presidente de Amcham.

Reformar  la Ley de Concertación Tributaria por segundo año consecutivo apuntando a reducir las exoneraciones y exenciones fiscales es parte paquete de normas a modificarse, anunció el presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras como parte del «plan mínimo de trabajo en 2020».

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Sin embargo ese plan de 33 leyes incluye otras igual de sensibles para el sector privado que también serán reformadas como son la Ley de Producción de Granos Básicos; la de Administración Financiera y Régimen Presupuestario; Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Inversiones Extranjeras así como la Ley de Fomento al Sector Forestal y la de Ley de Vivienda de Interés Social.

Además, el régimen planea aprobar otras leyes con la mira recaudatoria entre las que se anunciaron la Ley de Rótulos Publicitarios y la Ley de Tercerización Laboral, siendo este último un proyecto que fue desechado en 2017 como parte del modelo de consenso con el sector privado.

También se planea reforzar las normas legales sobre medioambiente y de Salud apuntando siempre a presionar al sector privado con nuevas regulaciones a las farmacias, en el uso de plomo en pinturas, semillas transgénicas, plástico entre otras medidas.

El orteguista Porras informó que se orientó a las comisiones parlamentarias que en las próximas dos semanas deben definir el calendario de revisión y consulta de las leyes que le interesa a la dictadura tener aprobadas en 2020.

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El dictador Daniel Ortega mantiene el ataque al sector empresarial. LA PRENSA/Archivo

Mensaje es hostigar

La lectura de Arana, presidente de Amcham, de que la mayoría de leyes a modificarse tengan un enfoque económico evidencia que el régimen prefiere el método de amenaza con el que ha pretendido forzar al sector privado a separarse de la demanda de libertad, justicia y democracia.

«Por un lado nos quieren decir que tienen preocupación por el mal rumbo de la economía, pero a la vez con esas leyes el gobierno dice que van a seguir hostigando al sector privado. Ese no es el ambiente para reconstruir la economía del país, por eso insistimos en que primero es dar una la salida a la crisis política para no seguir extendiendo la situación de deterioro económico que es el que se vislumbra en las circunstancias que estamos», afirmó Arana.

El dictador Daniel Ortega está enfrentado al sector privado agremiado en las cámaras del Cosep y Amcham -cuyas empresas representan la mayor generación de capital y laboral del país-, por demandarle poner fin a la represión, justicia a las víctimas de la masacre desde abril del 2018, como que se aprueben reformas electorales que permitan el adelanto de las elecciones nacionales, antes del 2021 cuando a Ortega se le vence su actual períodos, y que estas sean libres y transparentes.

Ortega no le perdona a la cúpula empresarial ser parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde junto a campesinos, estudiantes, académicos, feministas y otros sectores sociales lideran la nueva oposición surgida de las protestas.

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Amcham y Cosep son parte de la Alianza Cívica con la que la dictadura ha establecido dos diálogos nacionales, que fracasaron por el incumplimiento del régimen. LA PRENSA/ ARCHIVO

La reforma a la Ley Electoral es parte del «plan de trabajo» del régimen para 2020, sin embargo se negociará solo con los partidos políticos con personería jurídica considerados colaboracionistas, mientras se dejará fuera a la Alianza Cívica y a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

El exdirector general del BCIE y empresario, Róger Arteaga, cuestionó que la dictadura orteguista «trate de ponerle parches» a un problema político como el que existe en Nicaragua pretendiendo medidas económicas, a pesar de que los dos años de crisis han demostrado que «cualquier medida que tomen no les dará resultado».

«Cada año vamos a estar viendo reformas tributarias por la desesperación del Gobierno en obtener recursos. Están arando en tierra infértil», afirmó Arteaga.

Utilizar las leyes económicas para «castigar al sector privado porque se portó mal y a la vez presionarlo para traerlo de nuevo al diálogo donde Ortega imponga sus reglas», tampoco funcionaria según Arteaga porque «ya los empresarios están claros que quien lo haga se arriesga a desaparecer».

«Ortega busca sentarse con los empresarios para tener oxígeno económico y político que le permita tratar de llegar al 2021. Si el sector empresarial cede se arriesga a desaparecer porque Ortega les impondrá las medidas que él quiera, a costa de hacer quebrar sus empresas y eso ya lo dijo públicamente», dijo Arteaga.

«Dicen que están quebrando algunos, pues que quiebren”. Esa fue la respuesta del dictador Ortega el 9 de noviembre pasado, ante la alerta de los estragos que la reforma tributaria está teniendo en el empleo y las actividades productivas provocando el cierre de varias compañías. Entonces Ortega advirtió a los empresarios que dejen de meterse en política.

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