Las cuatro medidas fiscales que APEN exige al régimen de Ortega revisar y derogar de la Ley de Concertación Tributaria

Quizás una de las razones más dolorosas de la necesidad de revisar la reforma es el desempleo. Según la cámara empresarial debido a este brusco ajuste, las empresas para soportar el alza de la carga impositiva han tenido que ajustar planilla, dejando a miles sin trabajo

medidas fiscales, Nicaragua

La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) demandó al régimen de Daniel Ortega aprovechar una eventual reforma a la Ley de Concertación Tributaria en el 2020 no para aumentar impuestos, sino para corregir varias medidas que fueron incorporadas en el ajuste del 2019  y que han descapitalizado a las empresas, dañado a los consumidores y por ende agravado la recesión económica.

La decisión de la Asamblea Nacional de incorporar en su agenda de trabajo de este año otra reforma tributaria ha despertado fuertes temores en el sector empresarial, situación que a criterio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) desde ahora ya tendrá su efecto en la planificación económica y de inversión que generalmente las empresas hacen a inicios de año.

“El sector privado no funciona muy bien en un contexto de incertidumbre, cuando hay incertidumbre hay muchos planes de inversión y gastos que se detienen a la espera de ver y conocer qué es lo que se viene”, advirtió.

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Una nueva reforma tributaria semejante a la de 2019, los exportadores temen que dañe a las empresas y consumidores y evitaría la recuperación del empleo perdido en los últimos dos años.

Las cuatros medidas que deben ser revisadas

A través de un comunicado, APEN definió las cuatros medidas que deben ser revisadas y corregidas por la Asamblea Nacional  para revertir el impacto de la reforma fiscal.

En primer lugar restituir las exenciones que afectan los bienes de la canasta básica. En el ajuste aplicado el año pasado, el régimen en busca de 300 millones de dólares en recaudación de impuesto, ordenó quitar exenciones a productos de demanda masiva como son el papel higiénico, jabones de lavar y baño, detergente, pasta y cepillo dental, desodorante, escoba, cerillos o fósforo y toalla sanitaria.

También gravó la producción nacional de vestimenta, tales como: pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule y botas de tipo militar con aparado de cuero y suela de hule para el campo, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, camisolines, camisetas, corpiños, pañales de tela, y ropa de niños y niñas.

Igualmente gravó varios productos cárnicos,  como la pechuga con o sin alas y los filetes, hasta ahora solo la pechuga pagaba impuesto.  En el caso de la carne de res, ahora paga impuesto la costilla, cortes especiales y la lengua; y en el cerdo se castigó  las chuletas, costilla y tocino.

Se gravó la mayoría de los alimentos no sometidos a proceso de transformación o envasados; todas las bebidas no alcohólicas a base de leche, aromatizadas, o con frutas o cacao natural o de origen natural; y las materias primas o insumos que se usan en la elaboración de varios productos terminados o industrializados.

Una segunda medida que urge revisión es el aumento de la alícuota del Pago Mínimo Definitivo a cuenta del Impuesto sobre la Renta. Especialmente APEN pide que las alícuotas se reduzcan. El régimen de Ortega ordenó que a las grandes empresas y mayoría de contribuyentes se les incrementara de 1 por ciento a 2 y 3 por ciento sobre las ventas el anticipo mensual a cuenta del IR. Esto representa un golpe en momentos que el consumo nacional lleva dos años seguidos deprimido.

También APEN demanda dejar sin efecto la reducción y eliminación de exenciones y exoneraciones a las actividades productivas. Además de quitar la exención y exoneración a varios insumos agrícolas y de uso médico animal y vegetal,  el Gobierno gravó «la maquinaria agrícola y sus repuestos, llantas de uso agrícola y equipo de riego».

Para reducir la incidencia de este último gasto fiscal, el régimen ordenó que las exoneraciones se dieran directamente a los productores, los que deben cumplir engorrosos trámites y otros aspectos técnicos, que en la práctica evitarían que estos puedan seguir gozando de beneficios fiscales. Antes el alivio fiscal se canalizaba a través de las empresas.

Y finalmente APEN exige que se restituyan los plazos de declaraciones de impuestos. En su afán  por obtener liquidez, el Gobierno decidió adelantar los plazos para declarar y pagar los impuestos ante el fisco. Además acortó el plazo para el cierre fiscal de la mayoría de los contribuyentes, cuyo periodo pasó de hasta el 30 de marzo del año siguiente a finales de febrero.

El efecto en la gente

¿Por qué urge derogar o revisar esas cuatro medidas fiscales antes de impulsar cualquier otra reforma a la Ley de Concertación Tributaria?

Según APEN el aumento de precios provocados en parte por la reforma tributaria en la canasta básica, servicios básicos y los combustibles han afectado el consumo y calidad de vida de los hogares.

Actualmente el Banco Central de Nicaragua mantiene oculta la variación de la inflación- que refleja la evolución de los precios- luego que la canasta básica en cuatro meses de vigencia de la reforma tributaria se incrementara más de 600 córdobas.

Quizás una de las razones más dolorosas de la necesidad de revisar la reforma es el desempleo. Según la cámara empresarial debido a este brusco ajuste las empresas para soportar el alza de la carga impositiva han tenido que ajustar planilla, dejando a miles sin trabajo.

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También APEN se queja de la descapitalización de las empresas, la pérdida de competitividad en la industria, agroindustria y resto de sectores productores; la disminución de la producción y productividad agropecuaria, el estancamiento y retroceso de la industria nacional ante la imposibilidad de atraer nuevas inversiones.

El economista Róger Arteaga cree que la intención del Gobierno de impulsar otra reforma es sacarle más dinero al sector privado y al pueblo nicaragüense.

“Creo que como no le funcionó a como esperaban, entonces hoy van hacer otro intento para ver cómo pueden sacarle más recursos al sector privado y a los consumidores, cosa que va en contra de la situación económica que está en recesión y al aplicar esta medida, lo que hacen es profundizar más la recesión, porque le quita capacidad de consumo a los ciudadanos y le quita capacidad de reinversión a los empresarios porque tienen que pagar más impuestos, o sea es una medida equivocada, que creo que deben de revertirla, si esta nueva reforma es para incentivar al sector productivo bienvenida, pero si es para recaudar más dinero, eso no va ayudar en nada”, dijo Arteaga.

De hecho un economista, que pide no ser citado, explica que «si en este contexto se busca incrementar la carga tributaria y reducir el gasto público, se agravará todavía más la recesión. Por una parte, el incremento de impuestos directos reduciría el ingreso disponible de los hogares, mientras el aumento de la carga tributaria sobre el consumo eleva el costo de los bienes y servicios, reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores y reduciendo el gasto de consumo. El incremento en los anticipos afectara también la liquidez de las empresas, de por si ya golpeada por la recesión».

En resumen APEN demanda que se elimine  «lo descapitalizador de la reforma que afecta la producción y el empleo».

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