Corte IDH demanda al régimen orteguista justicia y protección a los defensores de derechos humanos

La sentencia de la Corte IDH hace referencia sobre el Caso Acosta y otros Vs Nicaragua, emitida en el 2017, donde señala que el Estado de Nicaragua es responsable de violación del derecho de acceso a la justicia

derechos humanos

La sociedad nicaragüense ha demandado a nivel internacional justicia ante las graves violaciones de derechos humanos del que se le acusa a Daniel Ortega. LA PRENSA/D. Hernández

El Estado de Nicaragua notificó el «no cumplimiento» a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de reabrir la investigación sobre la muerte de Francisco García Valle, asesinado en el 2002; al mismo tiempo que presentó un protocolo sobre protección de defensores de derechos humanos, el cual no fue bien recibido por el organismo.

La sentencia de la Corte IDH, emitida en el 2017, hace referencia sobre el Caso Acosta y otros Vs Nicaragua donde señala que el Estado de Nicaragua es responsable de violación del derecho de acceso a la justicia en contra de la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta, tras el homicidio de su esposo Francisco García Valle, hecho ocurrido el 8 de abril del 2002 en Bluefields, Caribe Sur.

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«La Corte IDH encontró al Estado de Nicaragua responsable internacionalmente por la omisión de investigar la hipótesis de participación de autores intelectuales en el asesinato del esposo de la abogada María Luisa Acosta, ocurrido en represalia por su trabajo como defensora de los pueblos indígenas y afro descendientes de la Costa Caribe de Nicaragua», señala el comunicado del organismo.

El sistema judicial nicaragüense rehusó vincular a Peter Tsokos y a Peter Martínez Fox, señalados como los presuntos autores intelectuales del asesinato, pese a que criminalística de la Policía determinó que la pistola con la que mataron a García Valle pertenece a Martínez Fox.

Ante este escenario, la Corte IDH señaló  “adoptar las medidas necesarias para que (el asesinato de García Valle) no quede en impunidad y se restituyan adecuadamente los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas”; pero el régimen orteguista nuevamente negó el acceso a la justicia.

«Lo más importante de la sentencia es que (el Estado) buscara cómo hacer justicia, que reabrieran el juicio en vista de que se demostraba que los jueces no habían juzgado a los actores intelectuales del crimen, pero parece que estos tenían grandes vínculos con el poder de Nicaragua», explicó Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo que dio acompañamiento durante estos años al caso de García Valle.

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Protección a los defensores

Otro de los puntos de la sentencia era que el Estado de Nicaragua estableciera «mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos”, pero la presentación del mismo fue un «desastre», declaró Núñez.

«Hizo un protocolo que es un desastre, o sea que no llena los requisitos que las normas internacionales establecen. La Corte prácticamente se lo rechaza, y siempre que emite una sentencia supervisa que esta se cumpla», expresó la defensora de derechos humanos.

El organismo brindó un plazo hasta el 15 de marzo de 2020 para que el Estado de Nicaragua presente «un nuevo informe en el que explique las acciones adoptadas para dar pleno cumplimiento a las medidas pendientes establecidas en la Sentencia».

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«El Estado tiene la obligación de cumplirlo si fuera un Estado respetuoso de sus compromisos internacionales pero como no es respetuoso, no lo cumple. Pero la imagen y el prestigio moral que paga el Estado es gravísimo, y ese es un daño que está causando Daniel Ortega al Estado de Nicaragua», declaró Núñez.

«Desde la emisión de la Sentencia la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua no ha mejorado y peor aún, ha empeorado significativamente particularmente a partir de abril de 2018. Se ha producido campañas de incitación, odio y difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos así como una serie de acciones tendientes a la expulsión de diversas delegaciones de organismos internacionales… Todo con posterioridad a la emisión de los protocolos y mecanismos creados por el Estado», reza el comunicado.

Para la defensora de derechos humanos el nuevo gobierno deberá limpiar la imagen de Nicaragua y cumplir con las sentencias emitidas por los organismos internacionales. «Es contradictoria la actitud del gobierno que manda a decir que tiene ese protocolo y en ese término le está quitando la personería jurídica a organismos de derechos humanos como el Cenidh», agregó Núñez.

«La Corte IDH no cerrará el Caso hasta que se haya cumplido íntegramente con la totalidad de lo ordenado en la Sentencia», concluyó el organismo.

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