Estas son las 33 leyes en materia laboral, ambiental y política que reformará el régimen en 2020 para reforzar su modelo autoritario

La junta directiva ordenó a las comisiones parlamentarias que en dos semanas les presenten la calendarización para reformar las leyes en materia económica, laboral y electoral que le interesa al régimen de Daniel Ortega

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Las comisiones parlamentarias tienen dos semanas para presentar el plan respectivo para trabajar las leyes de interés del régimen. LA PRENSA/ JADER FLORES

La agenda con la que el régimen de Daniel Ortega pretende reforzar su sistema autoritario se basará en modificar el sistema político electoral, laboral, económico y ambiental mediante de un paquete que incluyen al menos 33 leyes en el año 2020.

Los diputados orteguistas que son mayoría en la Asamblea Nacional -70 de 91 en funciones- activaron la revisión de las normas legales en las áreas que orientó el régimen, a través de reformar las ya existentes, así como aprobar otro tanto de nuevas leyes y decretos dirigidos a que Ortega mantenga el control del sistema electoral para conservar el poder, así como identificar áreas de donde exprimir más a las empresas y a los consumidores por medio del pago de impuestos.

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Estas son las 33 leyes que el presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras, anunció como parte del «plan institucional de ocho ejes» que pretenden ejecutar.

Los ejes anunciados son: Garantizar la equidad de género en los diferentes poderes del Estado.

1. Reformar la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo para que mujeres y hombres ocupen equitativamente los cargos en la junta directiva como en el resto de áreas.

También se «realizarán las reformas necesarias en las diferentes leyes reguladoras de los Poderes del Estado» para que en base a la equidad de género se designen los cargos.

Sesión plenaria de la Asamblea Nacional este 27 de noviembre del 2019. LA PRENSA/Lucía Navas

El segundo eje es protección del medio ambiente y el cambio climático.

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2. Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según lo planteado, es actualizarla conforme el contexto internacional en los aspectos del cambio climático, diversidad biológica, desertificación y los objetivos de desarrollo de sostenible.

3. Ley 705, sobre la prevención de riesgo provenientes de organismos vivos modificados por medio de biotecnología molecular. Se pretende reformar conforme el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Sin embargo el interés detrás del régimen de Ortega es «acceder a financiamiento» de organismos internacionales para cumplir con sus obligaciones en temas ambientales, un campo en que sale reprobado.

4. Aprobar una Ley sobre residuos sólidos no peligrosos, plástico y  peligrosos. ¿Se prohibirán? ¿Regularán su producción y uso? Aún la dictadura no revela su propósito real. Solo se ha dicho generalidades como que la búsqueda de un trabajo articulado entre el Ejecutivo y las municipalidades.

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5. Aprobar el Decreto Legislativo de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, para contribuir a la reducción de gases que agotan la capa de ozono. Es otra con miras a obtener financiamiento internacional a proyectos del régimen que hasta ahora no se han dado a conocer.

6.  Aprobar el Decreto Legislativo de la Enmienda de la prohibición del convenio de Basilea. Al hacerlo Nicaragua se adhería a «evitar la importación de e residuos de materiales plásticos perjudiciales para el medio ambiente». Se trata de otro mecanismo para que los organismos mundiales que promueven la lucha contra el calentamiento global  suelten financiamiento a Nicaragua.

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Zoológico Nacional. LA PRENSA/Roberto Fonseca

7. Decreto Legislativo de la Adhesión al protocolo relativo a las áreas flora y fauna silvestre especialmente protegidas en la región del gran Caribe del convenio de Cartagena.  Este instrumento existe desde 1990. Aunque Nicaragua como Estado es firmante no lo estaría cumpliendo, al menos no en todas las regulaciones para la protección de la flora y fauna silvestre en el mar caribe.

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8. Reformar la regulación de la prohibición del uso de plomo en pinturas. Esto implicaría reformar la Ley que prohíbe el tráfico de desechos peligrosos y sustancias tóxicas para establecer a los comercializadores nuevos registros de control.   De acuerdo a un informe de Naciones Unidas, Nicaragua es de los países de  América Latina donde aún no tienen leyes obligatorias sobre el límite de plomo en las pinturas decorativas.

Sangrar más a los consumidores y a los empresarios

El tercer eje del «plan» del régimen habla de «restituir los derechos de los nicaragüenses», pero en la práctica se trata de una amplia agenda en temas económicos de donde identificar fuentes de recaudación de impuestos contra la sostenibilidad de las empresas y de los consumidores.

9. Aprobar los préstamos con organismos financieros internacionales que consiga el Ministerio de Hacienda con prontitud para que puedan ser desembolsados. Así mismo, los diputados deben estar «listos» a recibir las propuestas de reformas presupuestarios como el nuevo Presupuesto General de la República 2021 para aprobarlos sin demora.

reforma fiscal
Managua, Nicaragua. 07/08/2017.Fachada del Ministerio de hacienda y credito publico. Wilmer Lopez/ LA PRENSA.

10. Una nueva Ley General de Salud. Desde el año 2015 el régimen y sus diputados vienen prometiendo cambiar esta Ley. Según lo informado por el diputado orteguista Porras, en la nueva Ley General de Salud se incorporarán los aspectos políticos partidarios con los conceptos populistas del «modelo de desarrollo familiar y comunitario».

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Habrían nuevas regulaciones sobre el tratamiento de enfermedades oncológicas, trasplantes renales, sobre la importación y comercialización de medicamentos. Un tema central sería los permisos para las farmacias.

«Todavía tenemos regulaciones tan atrasadas que dice que no pueden haber dos farmacias en menos de tres cuadras. Que existan las farmacias que sean necesarias y que venda la que tenga más barato y tenga existencia de medicamentos», dijo el orteguista Porras, el pasado 9 de enero en la sesión inaugural de la XXXVI Legislatura. Cabe señalar que investigaciones de LA PRENSA ha revelado que Porras y su entorno mas cercano tienen negocios en la distribución de medicamentos.

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Cuarto eje del «plan». Leyes que fomenten el emprendimiento de la economía creativa.

11. Reformar la Ley 677, Ley especial para el Fomento de la construcción de la vivienda de ley de interés social. Se dirige a establecer nuevos montos de salarios que un trabajador para acceder al subsidio del Estado para comprar una vivienda. El monto del subsidio también se cambiará.

«La Ley dice en la actualidad que se hacen objeto del subsidio aquellos trabajadores entre uno y siete salarios del salario mínimo de la construcción que anda en 12,mil córdobas.  Los trabajadores del Estado tienen salarios mínimos de 6,000 córdobas. La Ley debe adecuarse a las realidades que tenemos», afirmó Porras, quien está sancionado por Estados Unidos y Canadá por violación a los derechos humanos por su participación en la represión a las manifestaciones ciudadanas que estallaron en abril del 2018.

12. Modificar la Ley 930: Ley de Fomento a la producción de granos básicos y ajonjolí de las pequeñas productoras y pequeños productores.  Se desconoce las propuestas en las que trabajan en los ministerios relacionados al sector productivo para hacer que los mecanismos «funcionen».

13. Aprobar la Ley de regulación y ordenamiento de la tercerización, subcontratación y la intermediación del empleo. En el año 2017  la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea mandó a archivar la propuesta de Ley de Tercerización Laboral que durante siete años tuvieron los diputados, pero que no prosperó debido a la falta de consenso entre el régimen de Ortega y el sector privado, que entonces mantenían un modelo de diálogo y consenso sobre las leyes económicas.

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Esa propuesta fue desechada cuando el orteguista Gustavo Porras asumió la presidencia de la Asamblea en 2017, a pesar que había sido impulsada por los sindicatos afiliados al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), del que Porras en su secretario general. El FNT actúa como un brazo represor del régimen contra los empleados. La Ley de Tercerización se «revive» como otro mecanismo de presión al sector privado puesto que se impondrá que quien subcontrate a una empresa tercerizadora deberá asegurarse de que le pague el Seguro Social y demás prestaciones de ley a los trabajadores.

14. Aprobar una Ley para regular la producción, comercialización, investigación, importación y exportación de semillas. El supuesto objetivo es que como política estatal las semillas sean consideradas «un recurso genético de interés nacional y público para fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria».

15. Una Ley de Protección fitosanitaria en Nicaragua. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabajan la propuesta del régimen, pero se desconoce si se hace en consulta con los productores e industriales del país.

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16. Ley de Rótulos, para regular los rótulos publicitarios como parte del ordenamiento urbano. Desde octubre del 2013 está engavetada en la Asamblea la propuesta de esa Ley enviada por el régimen, pero que tampoco había prosperado por falta de consenso con el sector privado. Ahora está será impuesta.

Crisis de Nicaragua
Antes los alrededores de la rotonda Cristo Rey estaban saturados de rótulos publicitarios, ahora casi todas las estructuras están vacías.
LAPRENSA/R.FONSECA

17. Ley del Fomento al sector cárnico. Se trata de otra Ley impulsada por sectores sandinistas pero que no había logrado impulso por el desinterés del sector empresarial, a conveniencia con la dictadura de Ortega. Pero el contexto lo cambió la crisis sociopolítica del 2018 y esa Ley de Fomento del sector cárnico sería aprobada sin importante al régimen el visto bueno del sector privado con el que actulmente está enfrentado políticamente.

18. Aprobar la Ley para Incentivar el transporte eléctrico. «Esto es algo que se habla a nivel centroamericano y nosotros no nos podemos quedar atrás», afirmó Porras, presidente sancionado del Legislativo, sin adelantar si existe algún proyecto en específico de inversión en la mira de la dictadura.

Quinto enfoque: Fortalecer las instituciones del Estado.

19. Nueva Ley de Aduana. Existe una propuesta de iniciativa enviada por Daniel Ortega en diciembre del 2010, que ha estado «dormida» por no tener el visto bueno del empresariado. Ahora esa Ley de Aduanas sería utilizada como otra arma de presión contra el sector privado.

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La entrada de mercadería al país es regulada por la Dirección General de Aduanas (DGA). LA PRENSA/ ARCHIVO

20. Reformar la Ley 331, Ley Electoral. Esta es quizás la más polémica de las propuestas del régimen debido a que los sectores campesinos, empresarios, estudiantes, productores, sociedad civil y políticos que conforman la nueva oposición en la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) han demandado cambios profundos al sistema electoral de Nicaragua para que se restituya la confianza de la población en que las elecciones serán libres, transparentes y justas.

Los intereses del régimen están lejos de esas exigencias de la oposición. Los puntos a cambiarse en la Ley Electoral serán en el mecanismo del voto, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

21. Ley General de bienes del sector público. No hay información para determinar los objetivos del régimen.

22. Reformar la Ley 550, Ley de Administración financiera y de régimen presupuestario. Tampoco hay información de qué se pretende.

23. Reformarán la Ley 737, Ley de Contrataciones administrativas del sector pública. Según los diputados del oficialismo esta será «prioridad» aunque no dieron detalles de los cambios. Sin embargo este podría ser otra herramienta para controlar las compras públicas sin mayores requerimientos, como en la práctica se ordenó hacer al Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde diciembre del 2019.

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24. Revisar Ley 746, Ley del Servicio Civil y la carrera administrativa. Es otra de las leyes que se desconoce qué cambios propondrá la dictadura de Ortega, que durante los 13 años en el poder ha violentado los derechos de los trabajadores públicos al obligarles a participar en marchas y concentraciones de su partido bajo amenaza de correrlos, entre otros abusos.

25. Modificar la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, para racionalizar las exenciones y de las exoneraciones. Es otra de las herramientas de amenaza a la estabilidad empresarial y por ende al bolsillo de las familias nicaragüenses, que el año pasado fueron golpeados por una brutal reforma fiscal que generó mayor desempleo y aumentó el costo de la canasta básica.

26. Ley de Conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal. Tampoco se conocen detalles de qué se piensa cambiar en este tema.

Sexto enfoque: Creación de nuevos municipios y elevación de poblados.

27. Se reformará la Reforma a la Ley de Municipios. Supuestamente se pretende establecer nuevos mecanismos para elevar a categoría de ciudad a poblados puesto que habrían varias propuestas en ese sentido.

La toma arbitraria de la Alcaldía de Mulukukú también ha incluido la casa del alcalde opositor Apolonio Fargas. LA PRENSA/ CORTESÍA

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Séptimo enfoque: Fortalecimiento de la cultura, patrimonio y educación.

28. Aprobar una Ley de Patrimonio Material e Inmaterial de la Nación. En los últimos años el régimen ha pretendido controlar todo lo relacionado a las festividades culturales y hasta religiosas en Nicaragua.

29. Ley del Sistema General de Archivo. Los funcionarios no han brindado detalles del alcance de esa ley.

30. Reformar la Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Durante los 13 años del régimen de Ortega se han negado a elevar las exigencias a las universidades,  sobretodo las públicas que son criticadas por la mala calidad de las carreras que brindan.

31. Se aprobará una Ley de regulación de los títulos académicos. El régimen pretende establecer los mecanismos de creación, registro, control y seguridad de los títulos académicos, algo a lo que ha encontrado oposición desde las universidades y centros de estudio superior por considerar que violaría la Ley de Autonomía Universitaria.

Octavo y noveno «ejes» del plan legislativo

Digesto Jurídico y la incorporación de temas de género, ambiental y cambio climático en toda la legislación nacional.

32.  Procesos de elaboración y aprobación de los digestos jurídicos en las diferentes material. Esto es un ordenamiento de las leyes vigentes y las ya derogadas en diferentes temáticas en lo que viene trabajando desde hace tres años en la Asamblea Nacional.

33. Actualizar el lenguaje de las leyes e incorporar los temas de género, medio ambiente, cambio climático, la interculturalidad, generacional e intergeneracional.

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