El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) propuso que en una eventual reforma a la Ley de Concertación Tributaria se eleve el monto mínimo salarial exento del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) de los trabajadores, así como se revisen y deroguen varias medidas fiscales que se adoptaron en la reforma tributaria del 2019 y que han asfixiados a las empresas.
La cúpula empresarial emitió este martes un comunicado donde, además de denunciar acoso fiscal y arbitrariedades contra el sector privado, también propuso una revisión del salario mínimo exento del IR de los trabajadores, lo que permitiría aliviar el efecto negativo que la reforma tributaria y otros factores han deteriorado la capacidad de compra de los hogares.
“Ajustar el monto mínimo exento del IR de rentas del trabajo al costo actual de la canasta básica, para proteger el salario de los trabajadores y estimular un mayor nivel de consumo”, plantea, entre otras medidas, la organización empresarial más grande de Nicaragua.
El diputado orteguista y sancionado por Estados Unidos, Gustavo Porras anunció la semana que entre los ejes de trabajo este año de la Asamblea Nacional se contempla otra reforma a la Ley de Concertación Tributaria, lo que ha generado temor en el sector empresarial que aún no supera los estragos del ajuste que se aplicó en el 2019.
En concreto el Cosep propone que los trabajadores que actualmente ganan, después del cálculo del INSS, más de 8,333 córdobas mensuales (100,000 córdobas anuales) dejen de pagar Impuesto sobre la Renta y el techo se eleve al costo actual de la canasta básica, que hasta julio del año pasado se situaba en 14,159.79 córdobas, según registros desactualizados del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Desde julio del año pasado el BCN mantiene sin actualizar el costo de la canasta básica, luego que se conociera que en los primeros cuatro meses de implementación de la Ley Tributaria esta se disparó en más de 600 córdobas, cuando la mayoría de los salarios están congelados como consecuencia de dos años seguidos de recesión.
Miles dejarían de pagar IR
Si el Gobierno adoptara la propuesta de Cosep, miles de trabajadores que hoy ganan mensualmente ganan más de 8,333 córdobas dejarían de pagar el IR y esta carga recaería a partir de los que devengan más de 14,000 córdobas mensuales.
La última vez que el Gobierno ajustó la tabla progresiva del IR del Trabajo fue en la reforma tributaria del 2012, cuando se acordó elevar de 75,000 córdobas anuales (6,250 córdobas brutos mensuales) a 100,000 córdobas anuales (8,333 córdobas brutos mensuales) el techo salarial exento del IR.
Actualmente el IR que pagan los trabajadores se calcula en base de una tabla progresiva, con tasas que oscilan entre 15 por ciento y 30 por ciento, según el ingreso anual de los trabajadores. Se grava a partir de los que devengan salarios que al multiplicarse por 12 meses del año superan los 100,000 córdobas.
Desde 1992 la tabla progresiva del IR del Trabajo se ha actualizado apenas tres veces, lo que ha provocado un severo rezagado en los salarios que son gravados y ha deteriorado más el poder de compra de los trabajadores, según un análisis realizado por el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (INIET).
El actual Gobierno le prometió a los trabajadores rebajar la pesada carga de este impuesto en el 2012, pero al final cumplió a medias: incrementó el techo salarial exento, pero desistió de rebajar las alícuotas de 15 por ciento a 10 por ciento (la tasa mínima) y de 30 por ciento a 25 por ciento (la tasa máxima).
Otros ajustes en la LCT
A través del comunicado, el Cosep también demandó que se cumpla lo establecido por el Gobierno en la misma reforma a la Ley de Concertación Tributaria, en la que aprobó que se harían revisiones trimestrales integrales del impacto de los ajustes que se adoptaron el año pasado para revertir aquellas que “han contribuido a la abrupta contracción económica económica del país en el 2019”.
En concreto el Cosep se alineó a varias demandas de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), que urgió reducir las alícuotas del Pago Mínimo Definitivo “para atenuar sus efectos socioeconómicos descapitalizadores y confiscatorios”.
También pide revisar la reducción y eliminación de exoneraciones y exenciones, lo que permitiría incentivar la inversión productiva, recuperar la productividad, evitar más fugas de capitales y atraer más inversiones.
Además de elevar el monto mínimo exento del IR laboral, la organización plantea “restituir las exenciones que afectan los bienes de la canasta básica, para mejorar la capacidad de compra de las personas de más bajos ingresos, actualmente deteriorada”.
Igualmente plantea que revisar las altas alícuotas de retenciones que afectan los pagos de los bienes y servicios provenientes del extranjero para no afectar la rentabilidad, continuidad operativa y competitiva de las empresas.
Otro ajuste es que se rectifiquen la base imponible en aduana a los bienes importados y gravados con el ISC y el IVA.
Y finalmente se restablezcan los plazos que fueron reducidos para la declaraciones de los impuestos y mejorar la deteriorada liquidez de los contribuyentes.
Exige el cese del acoso fiscal
El Consejo Superior de la Empresa Privada aprovechó su comunicado para demandar al régimen de Daniel Ortega el cese del acoso fiscal que ha emprendido contra las empresas, al tiempo que pidió que en lugar de impulsar nueva reforma a la Ley de Concertación Tributaria para aumentar la carga impositiva se implemente un revisión del paquete de ajustes que se adoptó el año pasado y que ha asfixiado la economía.
El Cosep reveló que el Gobierno actualmente mantiene un acoso y represión fiscal “por medio de auditorías de campo y el cierre arbitrario de la VET (Ventanilla Electrónica Tributaria)”, situación que afecta a las empresas que actualmente están en el proceso de cierre fiscal, cuyo plazo fatal se acortó de tres meses a dos meses.
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A través de la VET las empresas transfieren al Fisco toda la información contable y tributaria que se les exige para cumplir con la obligación de pago de impuesto y tener acceso a otros servicios como la solvencia fiscal, fundamental en las operaciones comerciales de las empresas.
LA PRENSA conoció que efectivamente de cara al cierre fiscal las empresas están experimentando serios problemas de bloqueo en la VET. “Y sí ha existido mucho bloqueo, ya que (las empresas) no pueden imprimir solvencia, hacer sustitutivas”, dijo una de las fuentes.
Para recobrar la confianza, el Cosep señala que es imprescindible que en Nicaragua se respeten las resoluciones de las autoridades judiciales y administrativas superiores, “y respetar los derechos de todos los contribuyentes en materia de devolución y compensación”.
Todas estas medidas, según Cosep, deben ir acompañadas por un acuerdo político “que resuelva las demandas ciudadanas de justicia, libertad y democracia”.